Política Zoom // Defensoría pública iguala a los desiguales: el caso Wallace
Resumen:
Esta historia debe conocerse, pues de otro modo extraviaríamos inteligencia para descifrar cómo fue desmontada, jurídicamente, la fabricación liderada por Isabel Miranda y sus muchos cómplices
Transcripción:
Esta historia debe conocerse, pues de otro modo extraviaríamos inteligencia para descifrar cómo fue desmontada, jurídicamente, la fabricación liderada por Isabel Miranda y sus muchos cómplices
Defensoría pública iguala a los desiguales: el caso Wallace
Desde que comencé a investigar el caso Wallace, no solamente como periodista sino también con ojo de abogado, este se volvió una fuente inagotable de aprendizaje sobre el sistema de justicia de mi país; sobre sus fallas, desde luego, pero también sobre sus espacios de resistencia a la hora de desentrañar la verdad.
Mucho se ha escrito esta semana a propósito de los actores clave en la liberación de Juana Hilda González Lomelí, la mujer que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue torturada para conseguir una confesión que terminaría convirtiéndose en la pieza principal de la falsa hipótesis criminal inventada por Isabel Miranda de Wallace.
El papel desempeñado por la primera sala de la SCJN es el más obvio y por tanto el más visible. Destaca el proyecto de sentencia firmado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y los votos de Margarita Ríos-Fajart, Juan Luis González Alcántara y Loretta Ortiz, que acompañaron el razonamiento para otorgar justicia para la víctima. Sin embargo, hay otra historia, detrás de la sesión del miércoles, que merece ser narrada. Me refiero al rol que tuvo el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), las y los abogados que representaron a quienes padecieron los recursos más precarios; la defensa de los sin defensa, pues.
Quiero en este texto rendir homenaje a esos seres humanos, menos conocidos y sin embargo tan importantes a la hora de hacer que esta vez los poderosos perdieran en los tribunales. El caso Wallace cuenta una historia sobre la defensoría pública que debe conocerse, porque de otro modo extraviaríamos inteligencia para descifrar cómo fue desmontada, jurídicamente, la fabricación liderada por Isabel Miranda y sus muchos cómplices, incluido el ex presidente Felipe Calderón, los fiscales José Luis Santiago Vasconcelos y Rodrigo Archundia y el peor de los policías en la historia mexicana, Genaro García Luna.
El relato que quiero compartir comienza con la abogada pública, Dolores Vera Murcia, señalada como cómplice por los fiscales que torturaron a Juana Hilda en febrero de 2006. Luego, Isabel Miranda consiguió que otra defensora, Ivonne Mares, fuera despedida del IFDP por haber narrado ante un juez las presiones que habría experimentado Vera Murcia durante los primeros meses del caso.
La influencia inmensa de la señora Isabel Miranda hizo que pocos dentro de esa institución se tomaran en serio la representación de los falsos secuestradores de Hugo Alberto León, alias Hugo Alberto Wallace. En efecto, transcurrieron casi quince años sin que la defensoría pudiera ayudar a las verdaderas víctimas del caso.
Tal cosa cambió en 2019, cuando Netzaí Sandoval fue nombrado titular del IFDP. A diferencia de sus antecesores, este joven funcionario prestó oídos a la injusticia cometida contra la defensora Ivonne Mares y decidió restituirle sus derechos y su cargo. Todavía muy vocal y beligerante, la señora Miranda combatió esta decisión y, a partir de ese momento, enderezó una campaña rudísima en contra de ese instituto.
Sandoval creó también la secretaría técnica de combate a la tortura y otros tratos inhumanos y eligió para ocupar ese cargo al litigante internacional en derechos humanos, Salvador Leyva Morelos Zaragoza, para que pusiera en marcha esa nueva instancia cuya misión sería atender a un número grande de personas privadas de la libertad, en todo el país, que denunciaban haber sufrido coacción física y sicológica para manipular declaraciones auto inculpatorias o testimonios que sirvieron para acusar a terceros.
Entre las incidencias de tortura que tanto Sandoval como Leyva Morelos Zaragoza decidieron tomar como importantes estuvieron las de Juna Hilda González Lomelí (2006), Brenda Quevedo, vejada en los reclusorios de Santiaguito (2009) e Islas Marías (2010), César Freyre (2006, 2010 y 2016) –agredido durante su detención y varias veces dentro del penal de Almoloya – así como las de Jacobo Tagle (2009 y 2010), agredido cuando fue aprehendido y en la cárcel de Villa Aldama, y las de Albert Castillo (2006 y 2010), que sufrió coacción física en la ciudad de México y tiempo después en Puente Grande.
La reacción de la señora Miranda ante esta osadía del IFDP fue desproporcionada. Para dar una idea cito aquí la voz de Netzaí Sandoval: “… este es el caso más grande, complejo y doloroso que llevé en mi vida. La cantidad de presiones, amenazas y juicios … fue asombrosa … pero eso sólo me indicaba lo inmenso del poder al que nos estábamos enfrentando. Lo injusto y abusivo del caso: intervenciones telefónicas … hasta el despido… Si yo en libertad, con un alto puesto, siendo abogado, me sentía atemorizado, ¿cómo se iban a sentir (las víctimas) ahí dentro (en la prisión)?”
Podría coincidir con esta apreciación Salvador Leyva, sobre quien pesan actualmente quince denuncias presentadas por los abogados de la señora Miranda y que han encontrado respaldo del actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; razón por la cual el primer secretario contra la tortura del IFDP debió autoexiliarse hace un par de años.
A la salida de Sandoval y Leyva, la defensa de las víctimas del caso Wallace pudo haber perdido nervio. Sin embargo, gracias a que Taissia Cruz Parcero, sucesora de Sandoval y a Sofía de Robina, actual secretaria contra la tortura, ponderaron también la importancia del caso y dieron continuidad a los procesos iniciados por sus antecesores, es que Juana Hilda encontró justicia y libertad esta semana, y por esta misma razón, el resto de las víctimas terminarán hallando salida dentro de un túnel que antes no la tenía.
Particular reconocimiento se merecen estas dos funcionarias por la defensa que realizaron ante el ministro ponente y el resto de las personas integrantes de la primera sala. Cabe aquí mencionar que horas antes de la sesión de la Corte, la FGR solicitó el aplazamiento de la sentencia argumentando, con una lógica pueril, que el ministro Gutiérrez Ortiz debía excusarse.
Sin embargo, Cruz y de Robina convencieron a la ministra presidenta, Norma Piña, de la impertinencia de la FGR y con ello lograron tumbar el impedimento presentado contra el ministro. También allegaron razonamientos muy robustos al resto de las y los juzgadores a propósito de la inocencia de Juana Hilda.
Una lección salta a la luz: sin el IFDP jamás se habría nivelado la cancha entre la poderosa Isabel Miranda y sus víctimas. Este expediente confirma que la igualdad ante la ley implica igualdad de armas entre la parte acusadora y la defensa, y ese piso parejo lo impuso la defensoría pública.
Si algo pega de gritos como aprendizaje ofrecido por el caso Wallace es la importancia que el futuro Poder Judicial debe otorgar a esta institución: sin recursos, sin protección para los defensores, sin valentía – y más difícil aún– sin continuidad, el final de esta historia habría sido tristemente otro.
La abogada pública Dolores Vera Murcia fue señalada como cómplice por los fiscales. Quiero rendir homenaje a esos seres humanos, menos conocidos y, sin embargo, tan importantes.
RICARDO RAPHAEL
Defensoría pública iguala a los desiguales: el caso Wallace
Desde que comencé a investigar el caso Wallace, no solamente como periodista sino también con ojo de abogado, este se volvió una fuente inagotable de aprendizaje sobre el sistema de justicia de mi país; sobre sus fallas, desde luego, pero también sobre sus espacios de resistencia a la hora de desentrañar la verdad.
Mucho se ha escrito esta semana a propósito de los actores clave en la liberación de Juana Hilda González Lomelí, la mujer que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue torturada para conseguir una confesión que terminaría convirtiéndose en la pieza principal de la falsa hipótesis criminal inventada por Isabel Miranda de Wallace.
El papel desempeñado por la primera sala de la SCJN es el más obvio y por tanto el más visible. Destaca el proyecto de sentencia firmado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y los votos de Margarita Ríos-Fajart, Juan Luis González Alcántara y Loretta Ortiz, que acompañaron el razonamiento para otorgar justicia para la víctima. Sin embargo, hay otra historia, detrás de la sesión del miércoles, que merece ser narrada. Me refiero al rol que tuvo el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), las y los abogados que representaron a quienes padecieron los recursos más precarios; la defensa de los sin defensa, pues.
Quiero en este texto rendir homenaje a esos seres humanos, menos conocidos y sin embargo tan importantes a la hora de hacer que esta vez los poderosos perdieran en los tribunales. El caso Wallace cuenta una historia sobre la defensoría pública que debe conocerse, porque de otro modo extraviaríamos inteligencia para descifrar cómo fue desmontada, jurídicamente, la fabricación liderada por Isabel Miranda y sus muchos cómplices, incluido el ex presidente Felipe Calderón, los fiscales José Luis Santiago Vasconcelos y Rodrigo Archundia y el peor de los policías en la historia mexicana, Genaro García Luna.
El relato que quiero compartir comienza con la abogada pública, Dolores Vera Murcia, señalada como cómplice por los fiscales que torturaron a Juana Hilda en febrero de 2006. Luego, Isabel Miranda consiguió que otra defensora, Ivonne Mares, fuera despedida del IFDP por haber narrado ante un juez las presiones que habría experimentado Vera Murcia durante los primeros meses del caso.
La influencia inmensa de la señora Isabel Miranda hizo que pocos dentro de esa institución se tomaran en serio la representación de los falsos secuestradores de Hugo Alberto León, alias Hugo Alberto Wallace. En efecto, transcurrieron casi quince años sin que la defensoría pudiera ayudar a las verdaderas víctimas del caso.
Tal cosa cambió en 2019, cuando Netzaí Sandoval fue nombrado titular del IFDP. A diferencia de sus antecesores, este joven funcionario prestó oídos a la injusticia cometida contra la defensora Ivonne Mares y decidió restituirle sus derechos y su cargo. Todavía muy vocal y beligerante, la señora Miranda combatió esta decisión y, a partir de ese momento, enderezó una campaña rudísima en contra de ese instituto.
Sandoval creó también la secretaría técnica de combate a la tortura y otros tratos inhumanos y eligió para ocupar ese cargo al litigante internacional en derechos humanos, Salvador Leyva Morelos Zaragoza, para que pusiera en marcha esa nueva instancia cuya misión sería atender a un número grande de personas privadas de la libertad, en todo el país, que denunciaban haber sufrido coacción física y sicológica para manipular declaraciones auto inculpatorias o testimonios que sirvieron para acusar a terceros.
Entre las incidencias de tortura que tanto Sandoval como Leyva Morelos Zaragoza decidieron tomar como importantes estuvieron las de Juna Hilda González Lomelí (2006), Brenda Quevedo, vejada en los reclusorios de Santiaguito (2009) e Islas Marías (2010), César Freyre (2006, 2010 y 2016) –agredido durante su detención y varias veces dentro del penal de Almoloya – así como las de Jacobo Tagle (2009 y 2010), agredido cuando fue aprehendido y en la cárcel de Villa Aldama, y las de Albert Castillo (2006 y 2010), que sufrió coacción física en la ciudad de México y tiempo después en Puente Grande.
La reacción de la señora Miranda ante esta osadía del IFDP fue desproporcionada. Para dar una idea cito aquí la voz de Netzaí Sandoval: “… este es el caso más grande, complejo y doloroso que llevé en mi vida. La cantidad de presiones, amenazas y juicios … fue asombrosa … pero eso sólo me indicaba lo inmenso del poder al que nos estábamos enfrentando. Lo injusto y abusivo del caso: intervenciones telefónicas … hasta el despido… Si yo en libertad, con un alto puesto, siendo abogado, me sentía atemorizado, ¿cómo se iban a sentir (las víctimas) ahí dentro (en la prisión)?”
Podría coincidir con esta apreciación Salvador Leyva, sobre quien pesan actualmente quince denuncias presentadas por los abogados de la señora Miranda y que han encontrado respaldo del actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; razón por la cual el primer secretario contra la tortura del IFDP debió autoexiliarse hace un par de años.
A la salida de Sandoval y Leyva, la defensa de las víctimas del caso Wallace pudo haber perdido nervio. Sin embargo, gracias a que Taissia Cruz Parcero, sucesora de Sandoval y a Sofía de Robina, actual secretaria contra la tortura, ponderaron también la importancia del caso y dieron continuidad a los procesos iniciados por sus antecesores, es que Juana Hilda encontró justicia y libertad esta semana, y por esta misma razón, el resto de las víctimas terminarán hallando salida dentro de un túnel que antes no la tenía.
Particular reconocimiento se merecen estas dos funcionarias por la defensa que realizaron ante el ministro ponente y el resto de las personas integrantes de la primera sala. Cabe aquí mencionar que horas antes de la sesión de la Corte, la FGR solicitó el aplazamiento de la sentencia argumentando, con una lógica pueril, que el ministro Gutiérrez Ortiz debía excusarse.
Sin embargo, Cruz y de Robina convencieron a la ministra presidenta, Norma Piña, de la impertinencia de la FGR y con ello lograron tumbar el impedimento presentado contra el ministro. También allegaron razonamientos muy robustos al resto de las y los juzgadores a propósito de la inocencia de Juana Hilda.
Una lección salta a la luz: sin el IFDP jamás se habría nivelado la cancha entre la poderosa Isabel Miranda y sus víctimas. Este expediente confirma que la igualdad ante la ley implica igualdad de armas entre la parte acusadora y la defensa, y ese piso parejo lo impuso la defensoría pública.
Si algo pega de gritos como aprendizaje ofrecido por el caso Wallace es la importancia que el futuro Poder Judicial debe otorgar a esta institución: sin recursos, sin protección para los defensores, sin valentía – y más difícil aún– sin continuidad, el final de esta historia habría sido tristemente otro.
La abogada pública Dolores Vera Murcia fue señalada como cómplice por los fiscales. Quiero rendir homenaje a esos seres humanos, menos conocidos y, sin embargo, tan importantes.
RICARDO RAPHAEL