Historias De NegoCEOs // El golpe, final al IFT
Resumen:
El golpe final al IFT
Transcripción:
El golpe final al IFT
En los primeros días de octubre pasado, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó a la exdirectora General de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica de la Unidad de Cumplimiento, Adriana Williams Hernández, la imposición de una sanción consistente en su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por ocho meses.
El ilícito por el que fue sancionada consistió en "realizar un acto arbitrario, en razón de que autorizó el borrado de la información contenida en los equipos de cómputo de sus subordinados Liliana Salgado, Nancy Espinoza, Miguel Núñez y Narciso Guzmán".
Todos fueron despedidos de manera arbitraria y fulminante por la propia Williams y la entonces titular de la Unidad de Cumplimiento, Fernanda Arciniega, con el conocimiento y la venia del presidente del IFT, Javier Juárez.
Fernanda Arciniega, quien al igual que Adriana Williams fue suspendida de sus funciones a finales de 2022 por el OIC del IFT, también fue sancionada en febrero de este año con su destitución e inhabilitación de un año por el mismo ilícito: la destrucción de información.
Pese a la relevancia de los casos, la información eliminada y las sanciones se han mantenido bajo reserva por la solicitud expresa de los comisionados del IFT a la titular del OIC, Perla Lizeth Torres López.
Pero más bien, los comisionados deberían impulsar la presentación de denuncias de hechos, ya que la destrucción de información es un delito grave, en términos de los artículos 211 bis 2, 211 bis 3 o 214, fracción IV, del Código Penal Federal, relativos a delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos del Estado y al ejercicio indebido del servicio público.
Dentro del IFT se asegura que la información destruida era concerniente a investigaciones del preponderante en telecomunicaciones, América Móvil, correspondientes a más de una decena de expedientes de sanción que fueron cerrados por la propia Fernanda Arciniega, en lo que parece ser una operación de "blanqueo" que le evitó a la empresa del magnate Carlos Slim sanciones multimillonarias.
En septiembre del año pasado, publiqué que la crisis en el IFT comenzó a inicios de 2022, cuando, ante la alta probabilidad de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no enviara sus propuestas para cubrir las vacantes de los integrantes del Pleno, el organismo modificó su estatuto orgánico para poder seguir operando con cuatro comisionados, en lugar de siete.
Javier Juárez Mojica asumió la presidencia interina del organismo, acompañado en las decisiones del Pleno por los comisionados Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho.
Luego, en enero de 2023, el IFT decidió no multar a Telmex por incumplir con la divulgación de información acerca de su infraestructura en 2017, por lo cual habría tenido que pagar unos 20 mil millones de pesos.
El regulador expuso que, con base en las pruebas y defensas aportadas al expediente del caso, no fue posible entrar al análisis del fondo de la conducta, ni concluir sobre el incumplimiento.
Del 2018 a septiembre de 2023, las empresas de Slim acumularon 12 asuntos iniciados y en trámite de ejecución de un procedimiento administrativo, así como siete pendientes por iniciar. No obstante, la instrucción de la Unidad de Cumplimiento, a cargo de Fernanda Arciniega, y la Coordinación Ejecutiva, encabezada por Víctor Rodríguez Hilario, con la anuencia de los comisionados, fue archivar o cerrar los procedimientos, por lo que fueron despedidos por lo menos una decena de funcionarios de dichas áreas.
Este caso parece ser el golpe final al Instituto que Morena planea desaparecer con la reforma constitucional de los organismos autónomos, pese a que atenta contra el TMEC.
En el IFT se asegura que la información destruida se refería a investigaciones del preponderante en telecomunicaciones.
MARIO MALDONADO
En los primeros días de octubre pasado, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó a la exdirectora General de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica de la Unidad de Cumplimiento, Adriana Williams Hernández, la imposición de una sanción consistente en su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por ocho meses.
El ilícito por el que fue sancionada consistió en "realizar un acto arbitrario, en razón de que autorizó el borrado de la información contenida en los equipos de cómputo de sus subordinados Liliana Salgado, Nancy Espinoza, Miguel Núñez y Narciso Guzmán".
Todos fueron despedidos de manera arbitraria y fulminante por la propia Williams y la entonces titular de la Unidad de Cumplimiento, Fernanda Arciniega, con el conocimiento y la venia del presidente del IFT, Javier Juárez.
Fernanda Arciniega, quien al igual que Adriana Williams fue suspendida de sus funciones a finales de 2022 por el OIC del IFT, también fue sancionada en febrero de este año con su destitución e inhabilitación de un año por el mismo ilícito: la destrucción de información.
Pese a la relevancia de los casos, la información eliminada y las sanciones se han mantenido bajo reserva por la solicitud expresa de los comisionados del IFT a la titular del OIC, Perla Lizeth Torres López.
Pero más bien, los comisionados deberían impulsar la presentación de denuncias de hechos, ya que la destrucción de información es un delito grave, en términos de los artículos 211 bis 2, 211 bis 3 o 214, fracción IV, del Código Penal Federal, relativos a delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos del Estado y al ejercicio indebido del servicio público.
Dentro del IFT se asegura que la información destruida era concerniente a investigaciones del preponderante en telecomunicaciones, América Móvil, correspondientes a más de una decena de expedientes de sanción que fueron cerrados por la propia Fernanda Arciniega, en lo que parece ser una operación de "blanqueo" que le evitó a la empresa del magnate Carlos Slim sanciones multimillonarias.
En septiembre del año pasado, publiqué que la crisis en el IFT comenzó a inicios de 2022, cuando, ante la alta probabilidad de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no enviara sus propuestas para cubrir las vacantes de los integrantes del Pleno, el organismo modificó su estatuto orgánico para poder seguir operando con cuatro comisionados, en lugar de siete.
Javier Juárez Mojica asumió la presidencia interina del organismo, acompañado en las decisiones del Pleno por los comisionados Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho.
Luego, en enero de 2023, el IFT decidió no multar a Telmex por incumplir con la divulgación de información acerca de su infraestructura en 2017, por lo cual habría tenido que pagar unos 20 mil millones de pesos.
El regulador expuso que, con base en las pruebas y defensas aportadas al expediente del caso, no fue posible entrar al análisis del fondo de la conducta, ni concluir sobre el incumplimiento.
Del 2018 a septiembre de 2023, las empresas de Slim acumularon 12 asuntos iniciados y en trámite de ejecución de un procedimiento administrativo, así como siete pendientes por iniciar. No obstante, la instrucción de la Unidad de Cumplimiento, a cargo de Fernanda Arciniega, y la Coordinación Ejecutiva, encabezada por Víctor Rodríguez Hilario, con la anuencia de los comisionados, fue archivar o cerrar los procedimientos, por lo que fueron despedidos por lo menos una decena de funcionarios de dichas áreas.
Este caso parece ser el golpe final al Instituto que Morena planea desaparecer con la reforma constitucional de los organismos autónomos, pese a que atenta contra el TMEC.
En el IFT se asegura que la información destruida se refería a investigaciones del preponderante en telecomunicaciones.
MARIO MALDONADO