Educación excluyente
Resumen:
A pesar de las mesas de trabajo que se han realizado en torno a este mandato, la nueva Ley de Educación, impulsada por la perredista Perla Villarreal, no cumple con los sectores más vulnerables y no dota de inclusión a la instrucción pública.
Transcripción:
A pesar de las mesas de trabajo que se han realizado en torno a este mandato, la nueva Ley de Educación, impulsada por la perredista Perla Villarreal, no cumple con los sectores más vulnerables y no dota de inclusión a la instrucción pública.
La supuestamente "nueva" Ley de Educación, una propuesta de la coordinadora de la bancada del PRD, Perla Villarreal, tiene una tarea pendiente con la educación inclusiva, pues cuenta con una redacción ambigua y hasta una exposición de motivos incompleta.
En la revisión de este documento legislativo de 200 artículos, con 11 transitorios, se quedó corta en muchos aspectos en comparación con la Ley General, criterios de la Suprema Corte de Justicia y la Constitución mexicana.
De no incluir peticiones de organizaciones civiles, tendría que ser rechazada en el pleno del Congreso local por todas las fuerzas políticas o simplemente solicitar que sea vetada por el gobernador Samuel García.
No hay claridad para personas con necesidades educativas específicas o que enfrentan barreras para el aprendizaje, con discapacidad y de inclusión de los educandos, para facilitar su proceso educativo, de aprendizaje y de escolarización.
En su apartado VI, del artículo 18, esta Ley de Educación habla de que se otorgarán apoyos pedagógicos a grupos sociales con requerimientos educativos específicos, a través de programas encaminados a superar los retrasos o deficiencias en el aprovechamiento escolar.
Sin embargo, en ningún momento se garantiza en la redacción que debería ser a través de recursos económicos, humanos y materiales, con énfasis en los estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje.
Asimismo, no se considera la participación y convivencia de los estudiantes indígenas y de los estudiantes migrantes. Es decir, no hay recursos, se desvanecen los apoyos pedagógicos.
En el mismo artículo, pero en el apartado XVI, no se establece implementar y fortalecer la educación inclusiva, la educación especial, inicial y básica para desarrollar e instrumentar planes. "Necesitamos reglamentar la educación inclusiva, donde queden claras las funciones de cada actor del sistema educativo, desde los padres, maestros y los dueños de las escuelas particulares", dijo en su participación en la primera mesa de trabajo, Laura Acosta, representante de la asociación Educación Sin Barreras.
La Ley no contempla protocolos, censos demográficos e investigaciones, estrategias, normativas y reglamentos, supervisiones, inspecciones y sanciones para que se cumpla con el diseño universal para el aprendizaje.
La accesibilidad de edificios, aulas y espacios físicos, del transporte y para la movilidad, la comunicación y la información tampoco se considera en el apartado XIII de este mismo artículo, donde se establece la capacitación de personal directivo y docente y el uso de un protocolo de evaluación para la identificación temprana del alumnado que presenta necesidades educativas específicas y enfrenta barreras para el aprendizaje en colegios privados y escuelas públicas.
Una exposición de motivos corta.
En la exposición de motivos de la nueva Ley de Educación, que propone la diputada del PRD, no incluye disposiciones esenciales para contar con una reglamentación de excelencia.
La redacción que justifica su creación es excluyente, pues no sustenta que los planteles públicos y particulares incorporados al Sistema Educativo Estatal deberán atender las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General de Educación.
Mucho menos incluye disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y los convenios internacionales que sobre la materia suscriba el Estado mexicano, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala el Diseño Universal.
"Necesitamos que el modelo oficial de la educación pública sea exigido en la educación particular, y no hay una voluntad de los particulares de contratar equipos que trabajen con chicos que tienen en sus escuelas.
"La escuela también debe ser un espacio que cuida, que no violenta; no puede haber un director desinformando a un padre de familia para hacerle creer que no tiene derecho a estar ahí, cuando la evaluación de una DEEI (Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva) dice que sí tiene ese derecho. También luchamos y abogamos para que se fortalezca en la ley", dijo Laura Acosta, representante de Educación Sin Barreras.
La ambigüedad notoria.
La redacción del artículo 97 de la nueva Ley de Educación demuestra la falta de documentación al momento de realizarlo, pues se trata de un solo párrafo, con 164 caracteres.
"La Secretaría ofrecerá servicios de orientación educativa, de trabajo social y de psicología en la educación básica de acuerdo con la suficiencia presupuestal y las necesidades de cada plantel", dice este artículo para pasar al Capítulo II, que habla del fomento de estilos de vida saludable en el entorno escolar.
Esta redacción ambigua solo genera una discrecionalidad administrativa y debilita el carácter obligatorio de la atención en salud mental y apoyo psicológico con la excusa de no contar con el presupuesto suficiente, evidenciando la necesidad de establecer la obligatoriedad de contar con un profesional en psicología por plantel, pues los estudiantes menores de edad.
Las personas con estas condiciones se encuentran en desventaja académica y social, por lo que es fundamental que las autoridades educativas ejerzan medidas dirigidas a facilitar su experiencia educativa, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Este nuevo mandato no tiene claridad para personas con necesidades educativas específicas o que enfrentan barreras para el aprendizaje, con discapacidad y de inclusión de los educandos, para facilitar su proceso educativo, de aprendizaje y de escolarización.
"Necesitamos reglamentar la educación inclusiva, donde queden claras las funciones de cada actor del sistema educativo, desde los padres, maestros y los dueños de las escuelas particulares", dijo Laura Acosta, representante de la organización Educación Sin Barreras.
De no incluir peticiones de organizaciones civiles, la nueva Ley de Educación tendría que ser rechazada en el pleno del Congreso local por todas las fuerzas políticas o simplemente solicitar que sea vetada por el gobernador Samuel García.
La supuestamente "nueva" Ley de Educación, una propuesta de la coordinadora de la bancada del PRD, Perla Villarreal, tiene una tarea pendiente con la educación inclusiva, pues cuenta con una redacción ambigua y hasta una exposición de motivos incompleta.
En la revisión de este documento legislativo de 200 artículos, con 11 transitorios, se quedó corta en muchos aspectos en comparación con la Ley General, criterios de la Suprema Corte de Justicia y la Constitución mexicana.
De no incluir peticiones de organizaciones civiles, tendría que ser rechazada en el pleno del Congreso local por todas las fuerzas políticas o simplemente solicitar que sea vetada por el gobernador Samuel García.
No hay claridad para personas con necesidades educativas específicas o que enfrentan barreras para el aprendizaje, con discapacidad y de inclusión de los educandos, para facilitar su proceso educativo, de aprendizaje y de escolarización.
En su apartado VI, del artículo 18, esta Ley de Educación habla de que se otorgarán apoyos pedagógicos a grupos sociales con requerimientos educativos específicos, a través de programas encaminados a superar los retrasos o deficiencias en el aprovechamiento escolar.
Sin embargo, en ningún momento se garantiza en la redacción que debería ser a través de recursos económicos, humanos y materiales, con énfasis en los estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje.
Asimismo, no se considera la participación y convivencia de los estudiantes indígenas y de los estudiantes migrantes. Es decir, no hay recursos, se desvanecen los apoyos pedagógicos.
En el mismo artículo, pero en el apartado XVI, no se establece implementar y fortalecer la educación inclusiva, la educación especial, inicial y básica para desarrollar e instrumentar planes. "Necesitamos reglamentar la educación inclusiva, donde queden claras las funciones de cada actor del sistema educativo, desde los padres, maestros y los dueños de las escuelas particulares", dijo en su participación en la primera mesa de trabajo, Laura Acosta, representante de la asociación Educación Sin Barreras.
La Ley no contempla protocolos, censos demográficos e investigaciones, estrategias, normativas y reglamentos, supervisiones, inspecciones y sanciones para que se cumpla con el diseño universal para el aprendizaje.
La accesibilidad de edificios, aulas y espacios físicos, del transporte y para la movilidad, la comunicación y la información tampoco se considera en el apartado XIII de este mismo artículo, donde se establece la capacitación de personal directivo y docente y el uso de un protocolo de evaluación para la identificación temprana del alumnado que presenta necesidades educativas específicas y enfrenta barreras para el aprendizaje en colegios privados y escuelas públicas.
Una exposición de motivos corta.
En la exposición de motivos de la nueva Ley de Educación, que propone la diputada del PRD, no incluye disposiciones esenciales para contar con una reglamentación de excelencia.
La redacción que justifica su creación es excluyente, pues no sustenta que los planteles públicos y particulares incorporados al Sistema Educativo Estatal deberán atender las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General de Educación.
Mucho menos incluye disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y los convenios internacionales que sobre la materia suscriba el Estado mexicano, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala el Diseño Universal.
"Necesitamos que el modelo oficial de la educación pública sea exigido en la educación particular, y no hay una voluntad de los particulares de contratar equipos que trabajen con chicos que tienen en sus escuelas.
"La escuela también debe ser un espacio que cuida, que no violenta; no puede haber un director desinformando a un padre de familia para hacerle creer que no tiene derecho a estar ahí, cuando la evaluación de una DEEI (Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva) dice que sí tiene ese derecho. También luchamos y abogamos para que se fortalezca en la ley", dijo Laura Acosta, representante de Educación Sin Barreras.
La ambigüedad notoria.
La redacción del artículo 97 de la nueva Ley de Educación demuestra la falta de documentación al momento de realizarlo, pues se trata de un solo párrafo, con 164 caracteres.
"La Secretaría ofrecerá servicios de orientación educativa, de trabajo social y de psicología en la educación básica de acuerdo con la suficiencia presupuestal y las necesidades de cada plantel", dice este artículo para pasar al Capítulo II, que habla del fomento de estilos de vida saludable en el entorno escolar.
Esta redacción ambigua solo genera una discrecionalidad administrativa y debilita el carácter obligatorio de la atención en salud mental y apoyo psicológico con la excusa de no contar con el presupuesto suficiente, evidenciando la necesidad de establecer la obligatoriedad de contar con un profesional en psicología por plantel, pues los estudiantes menores de edad.
Las personas con estas condiciones se encuentran en desventaja académica y social, por lo que es fundamental que las autoridades educativas ejerzan medidas dirigidas a facilitar su experiencia educativa, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Este nuevo mandato no tiene claridad para personas con necesidades educativas específicas o que enfrentan barreras para el aprendizaje, con discapacidad y de inclusión de los educandos, para facilitar su proceso educativo, de aprendizaje y de escolarización.
"Necesitamos reglamentar la educación inclusiva, donde queden claras las funciones de cada actor del sistema educativo, desde los padres, maestros y los dueños de las escuelas particulares", dijo Laura Acosta, representante de la organización Educación Sin Barreras.
De no incluir peticiones de organizaciones civiles, la nueva Ley de Educación tendría que ser rechazada en el pleno del Congreso local por todas las fuerzas políticas o simplemente solicitar que sea vetada por el gobernador Samuel García.