Aplicarán Ley Espía los Jueces 'carnales'
Resumen:
Argumenta CSP: 'sólo Jueces aprobarán intervención telefónica.
Transcripción:
Argumenta CSP: 'Sólo jueces aprobarán intervención telefónica
Aplicarán Ley Espía los jueces 'carnales'
Temen expertos que juzgadores recién electos favorezcan al Gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer que su administración busque imponer un "Estado Espía" y aseguró que las intervenciones de la privacidad solo serán autorizadas por órdenes judiciales.
Sin embargo, especialistas y organizaciones advirtieron que la nueva generación de jueces, que fue electa por voto popular el pasado 1 de junio y que asumirá funciones en septiembre, podría responder a intereses gubernamentales.
La presidenta dijo en conferencia que es mentira que su administración busque espiar opositores.
"Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie. Que quede claro eso. ¿Para qué es el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación? Para tener una plataforma única de información", aseguró.
Para José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las reformas aprobadas por el Congreso dejan a los ciudadanos ante un Estado vigilante y sin controles en sus nuevas atribuciones de inteligencia e investigación de delitos.
"Habrá jueces que harán bien su trabajo y jueces que ni siquiera tengan capacidad para poder hacerlo. En materia de control constitucional vamos a tener importantes dudas hasta no ver operar a esta nueva generación de juzgadores electos popularmente".
Carlos Mendoza, experto en seguridad pública, urgió a las autoridades a implementar candados para garantizar que las solicitudes de intervención no sean resueltas por jueces a modo.
"La reforma judicial fue una reforma muy desaseada, muy desafortunada y representa un riesgo, pero también en todas las otras dimensiones de orden jurídico que no le dan garantías a los ciudadanos.
"Tendrían que establecerse candados y otro tipo de mecanismos para recuperar la confianza ciudadana, porque de otra manera, en efecto, las consignas de orden electoral con jueces a modo podrían verse materializadas de la noche a la mañana; eso vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos", destacó Mendoza.
La organización Artículo 19 advirtió, en un comunicado, que los recientes cambios configuran un sistema de vigilancia intrusivo que va en contra de los derechos ciudadanos.
PROMESAS... Y ADVERTENCIAS Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución.
"En ningún momento se está espiando a nadie." Claudia Sheinbaum, presidenta. "Vamos a tener importantes dudas hasta no ver cómo operan estos jueces electos popularmente." José Antonio Caballero, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. "Las consignas de orden electoral con jueces a modo podrían materializarse de la noche a la mañana." Carlos Mendoza, experto en seguridad.
Urgen a garantizar que no usarán ajustes en espionaje político
Alertan por Estado vigilante y sin control
Llaman expertos a crear mecanismos que eviten abuso de nuevas facultades
ROLANDO HERRERA
Las reformas aprobadas por el Congreso durante el periodo extraordinario le han dejado a los ciudadanos un Estado vigilante y sin controles sobre cómo va a hacer uso de las nuevas atribuciones en materia de inteligencia y de prevención e investigación de los delitos, coincidieron José Antonio Caballero y Carlos Mendoza, especialistas en investigación jurídica y de seguridad.
En 10 días, Morena y sus aliados en el Congreso aprobaron la ley que crea el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, modificaron la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y la de Telecomunicaciones, para permitir la obtención de información como la geolocalización de dispositivos y el rastreo de los usuarios en el uso de plataformas.
Solo en el caso de las intervenciones telefónicas, señaló José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se mantiene la restricción de que pueden llevarse a cabo únicamente si son autorizadas por un juez.
"Puede ser que haya alguna buena idea detrás de una presencia del Estado de esa manera, pero, en términos generales, lo que hay es un Estado vigilante y un Estado que tiene capacidad para intervenir en muchos aspectos de nuestras vidas, y eso me parece que es muy peligroso, sobre todo cuando no tenemos buenos mecanismos de control", indicó.
Caballero señaló que el Estado debe tener herramientas y atribuciones para prevenir e investigar delitos, pero deben de existir mecanismos que eviten un uso abusivo, sobre todo cuando está en juego la privacidad de los ciudadanos.
"Debe haber mecanismos de control, y algunos son tan sencillos como saber que te investigaron, es decir, alguien te tiene que avisar que te investigaron, porque si no hay este tipo de avisos, si no hay control judicial, lo que tenemos es claramente escenarios de mucho abuso en atribuciones tan flexibles para las autoridades", planteó.
En el caso de las escuchas telefónicas y la intercepción de comunicaciones, señaló, habrá que ver cómo se comportan los nuevos impartidores de justicia que fueron electos mediante votación popular.
"Quiero pensar que habrá jueces que podrán hacer bien su trabajo y habrá jueces que ni siquiera tendrán capacidad para poder hacer su trabajo. Lo primero que yo vería es que en materia de control constitucional vamos a tener importantes dudas hasta no ver operar a esta nueva generación de juzgadores electos popularmente", expuso.
En tanto, Carlos Mendoza, experto en seguridad pública, destacó que si bien el acceso a información de geolocalización de los usuarios de telefonía móvil y su rastro en el uso de internet será usado para investigar la desaparición de personas y generar productos de inteligencia, se debe garantizar que no se va a utilizar para hacer espionaje político o electoral.
"El argumento que están dando es que estas medidas, que no implican control judicial, están autorizadas para los casos de desaparición, de secuestro, etc. Sin embargo, la puerta está abierta para que se pueda extender esta práctica hacia el espionaje político y hacia un espionaje estratégico de orden electoral", consideró.
En el caso de la intervención de comunicaciones, dijo, no obstante que prevalece el requisito constitucional de que se requiere de la autorización de un juez para llevarla a cabo, con la reciente reforma al Poder Judicial, en donde fueron electos impartidores de justicia afines a la 4T, se debe garantizar que las solicitudes no serán resueltas por jueces a modo.
Mendoza consideró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia deben establecer controles para evitar que se haga mal uso de las nuevas atribuciones concedidas y sancionar estas conductas cuando ocurran. "Darle garantías a la ciudadanía de que esa facultad va a ser ejercida de forma responsable", planteó el especialista.
Las letras chiquitas
Geolocalización en tiempo real de dispositivos vinculados con delitos
La obligación de concesionarios de colaborar con autoridades existe desde la Ley de Telecomunicaciones de 2012.
Ni la ley vigente ni la aprobada por Morena mencionan que se requiera orden judicial para que los concesionarios colaboren.
El Código Nacional de Procedimientos Penales sí requiere la orden judicial en todos los casos.
Intervención de comunicaciones privadas prevista desde 1996 para delincuencia organizada, se ha extendido a otros delitos.
El contexto de algunos de los puntos planteados en el paquete de reformas de seguridad e inteligencia: Siempre y en todos los casos ha requerido orden judicial previa.
Interconexión para "productos de inteligencia" La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública faculta a la Secretaría de Seguridad a solicitar a las instituciones de seguridad, entes públicos o privados, que se permita la interconexión de su nueva plataforma a sus registros (vehiculares, biométricos, telefónicos, de propiedad, fiscales, salud, etcétera).
Esta solicitud no es para investigación de delitos específicos.
LO QUE DICEN LAS LEYES PODER J. Antonio Caballero, Investigador de la UNAM.
"Debe haber mecanismos de control, y algunos son tan sencillos como saber que te investigaron (...) si no hay control judicial, lo que tenemos es claramente escenarios de mucho abuso en atribuciones".
GRUPO Carlos Mendoza, experto en seguridad pública. "Más allá de discutir si se va a hacer o no, porque eso ya es inminente, tendrían que comprometerse a establecer candados para darle garantías a la ciudadanía de que esa facultad va a ser ejercida de forma responsable".
Aplicarán Ley Espía los jueces 'carnales'
Temen expertos que juzgadores recién electos favorezcan al Gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer que su administración busque imponer un "Estado Espía" y aseguró que las intervenciones de la privacidad solo serán autorizadas por órdenes judiciales.
Sin embargo, especialistas y organizaciones advirtieron que la nueva generación de jueces, que fue electa por voto popular el pasado 1 de junio y que asumirá funciones en septiembre, podría responder a intereses gubernamentales.
La presidenta dijo en conferencia que es mentira que su administración busque espiar opositores.
"Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie. Que quede claro eso. ¿Para qué es el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación? Para tener una plataforma única de información", aseguró.
Para José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las reformas aprobadas por el Congreso dejan a los ciudadanos ante un Estado vigilante y sin controles en sus nuevas atribuciones de inteligencia e investigación de delitos.
"Habrá jueces que harán bien su trabajo y jueces que ni siquiera tengan capacidad para poder hacerlo. En materia de control constitucional vamos a tener importantes dudas hasta no ver operar a esta nueva generación de juzgadores electos popularmente".
Carlos Mendoza, experto en seguridad pública, urgió a las autoridades a implementar candados para garantizar que las solicitudes de intervención no sean resueltas por jueces a modo.
"La reforma judicial fue una reforma muy desaseada, muy desafortunada y representa un riesgo, pero también en todas las otras dimensiones de orden jurídico que no le dan garantías a los ciudadanos.
"Tendrían que establecerse candados y otro tipo de mecanismos para recuperar la confianza ciudadana, porque de otra manera, en efecto, las consignas de orden electoral con jueces a modo podrían verse materializadas de la noche a la mañana; eso vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos", destacó Mendoza.
La organización Artículo 19 advirtió, en un comunicado, que los recientes cambios configuran un sistema de vigilancia intrusivo que va en contra de los derechos ciudadanos.
PROMESAS... Y ADVERTENCIAS Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución.
"En ningún momento se está espiando a nadie." Claudia Sheinbaum, presidenta. "Vamos a tener importantes dudas hasta no ver cómo operan estos jueces electos popularmente." José Antonio Caballero, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. "Las consignas de orden electoral con jueces a modo podrían materializarse de la noche a la mañana." Carlos Mendoza, experto en seguridad.
Urgen a garantizar que no usarán ajustes en espionaje político
Alertan por Estado vigilante y sin control
Llaman expertos a crear mecanismos que eviten abuso de nuevas facultades
ROLANDO HERRERA
Las reformas aprobadas por el Congreso durante el periodo extraordinario le han dejado a los ciudadanos un Estado vigilante y sin controles sobre cómo va a hacer uso de las nuevas atribuciones en materia de inteligencia y de prevención e investigación de los delitos, coincidieron José Antonio Caballero y Carlos Mendoza, especialistas en investigación jurídica y de seguridad.
En 10 días, Morena y sus aliados en el Congreso aprobaron la ley que crea el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, modificaron la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y la de Telecomunicaciones, para permitir la obtención de información como la geolocalización de dispositivos y el rastreo de los usuarios en el uso de plataformas.
Solo en el caso de las intervenciones telefónicas, señaló José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se mantiene la restricción de que pueden llevarse a cabo únicamente si son autorizadas por un juez.
"Puede ser que haya alguna buena idea detrás de una presencia del Estado de esa manera, pero, en términos generales, lo que hay es un Estado vigilante y un Estado que tiene capacidad para intervenir en muchos aspectos de nuestras vidas, y eso me parece que es muy peligroso, sobre todo cuando no tenemos buenos mecanismos de control", indicó.
Caballero señaló que el Estado debe tener herramientas y atribuciones para prevenir e investigar delitos, pero deben de existir mecanismos que eviten un uso abusivo, sobre todo cuando está en juego la privacidad de los ciudadanos.
"Debe haber mecanismos de control, y algunos son tan sencillos como saber que te investigaron, es decir, alguien te tiene que avisar que te investigaron, porque si no hay este tipo de avisos, si no hay control judicial, lo que tenemos es claramente escenarios de mucho abuso en atribuciones tan flexibles para las autoridades", planteó.
En el caso de las escuchas telefónicas y la intercepción de comunicaciones, señaló, habrá que ver cómo se comportan los nuevos impartidores de justicia que fueron electos mediante votación popular.
"Quiero pensar que habrá jueces que podrán hacer bien su trabajo y habrá jueces que ni siquiera tendrán capacidad para poder hacer su trabajo. Lo primero que yo vería es que en materia de control constitucional vamos a tener importantes dudas hasta no ver operar a esta nueva generación de juzgadores electos popularmente", expuso.
En tanto, Carlos Mendoza, experto en seguridad pública, destacó que si bien el acceso a información de geolocalización de los usuarios de telefonía móvil y su rastro en el uso de internet será usado para investigar la desaparición de personas y generar productos de inteligencia, se debe garantizar que no se va a utilizar para hacer espionaje político o electoral.
"El argumento que están dando es que estas medidas, que no implican control judicial, están autorizadas para los casos de desaparición, de secuestro, etc. Sin embargo, la puerta está abierta para que se pueda extender esta práctica hacia el espionaje político y hacia un espionaje estratégico de orden electoral", consideró.
En el caso de la intervención de comunicaciones, dijo, no obstante que prevalece el requisito constitucional de que se requiere de la autorización de un juez para llevarla a cabo, con la reciente reforma al Poder Judicial, en donde fueron electos impartidores de justicia afines a la 4T, se debe garantizar que las solicitudes no serán resueltas por jueces a modo.
Mendoza consideró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia deben establecer controles para evitar que se haga mal uso de las nuevas atribuciones concedidas y sancionar estas conductas cuando ocurran. "Darle garantías a la ciudadanía de que esa facultad va a ser ejercida de forma responsable", planteó el especialista.
Las letras chiquitas
Geolocalización en tiempo real de dispositivos vinculados con delitos
La obligación de concesionarios de colaborar con autoridades existe desde la Ley de Telecomunicaciones de 2012.
Ni la ley vigente ni la aprobada por Morena mencionan que se requiera orden judicial para que los concesionarios colaboren.
El Código Nacional de Procedimientos Penales sí requiere la orden judicial en todos los casos.
Intervención de comunicaciones privadas prevista desde 1996 para delincuencia organizada, se ha extendido a otros delitos.
El contexto de algunos de los puntos planteados en el paquete de reformas de seguridad e inteligencia: Siempre y en todos los casos ha requerido orden judicial previa.
Interconexión para "productos de inteligencia" La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública faculta a la Secretaría de Seguridad a solicitar a las instituciones de seguridad, entes públicos o privados, que se permita la interconexión de su nueva plataforma a sus registros (vehiculares, biométricos, telefónicos, de propiedad, fiscales, salud, etcétera).
Esta solicitud no es para investigación de delitos específicos.
LO QUE DICEN LAS LEYES PODER J. Antonio Caballero, Investigador de la UNAM.
"Debe haber mecanismos de control, y algunos son tan sencillos como saber que te investigaron (...) si no hay control judicial, lo que tenemos es claramente escenarios de mucho abuso en atribuciones".
GRUPO Carlos Mendoza, experto en seguridad pública. "Más allá de discutir si se va a hacer o no, porque eso ya es inminente, tendrían que comprometerse a establecer candados para darle garantías a la ciudadanía de que esa facultad va a ser ejercida de forma responsable".