Desigual Y Educación // Cuatro oportunidades al legislar el comercio en el espacio público de la ciudad
Resumen:
Desigualdad y educación Pablo Trejo Pérez Pablo Trejo Pérez@hotmail.com.
Transcripción:
Desigualdad y educación Pablo Trejo Pérez Pablo Trejo Pérez@hotmail.com
Cuatro oportunidades al legislar el comercio en el espacio público de la ciudad ara nadie es secreto que la Ciudad de México enfrenta un contexto urbano complejo, marcado por una alta densidad poblacional, presiones inmobiliarias y el uso intensivo del espacio público para actividades económicas, recreativas y sociales.
La regulación del espacio público -entendida como el conjunto de normas, políticas y mecanismos para su gestión, como leyes de movilidad, ordenamiento territorial y concesiones- representa una herramienta clave para transformar estos desafíos en oportunidades. Por otro lado, la falta de certeza jurídica y la normatividad existente parcial y ambigua, dejan a los comerciantes no al arbitrio de la ley, sino a merced de la autoridad en turno, lo que a menudo deriva en prácticas de corrupción y abuso por parte de autoridades de nivel intermedio. Quizá por esto, el tema que ha sido reconocido como deuda histórica por la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El reto es mayúsculo: equilibrar derechos a la vez de promover un desarrollo sostenible. De igual manera, al abordarlo y analizarlo, no se puede negar que ante ello se presentan importantes oportunidades para la Ciudad, entre ellas: 1. Economía digna y empleos. Legislar puede impulsar la formalización de actividades informales, como el comercio ambulante, que genera miles de empleos en la ciudad. Con ello, teniendo en cuenta que la Constitución de la Ciudad lleva por principio el trabajo digno, ofrece la oportunidad de dotar de certeza jurídica a vendedores y tianguistas. Así, equilibra el derecho al trabajo con el derecho a la ciudad, reduciendo la corrupción y el abuso de autoridades intermedias, mientras se fomenta un modelo participativo y transparente. Los beneficios incluyen la generación de empleos no asalariados, el apoyo a cadenas de suministro alimentario y el equilibrio económico urbano, transformando el espacio público en un motor de cohesión social y financiera. La regulación abre la posibilidad de establecer convocatorias y programas para revitalizar espacios recreativos, involucrando a actores gubernamentales y sociales: esto no sólo es un tema estético, puede servr para fomentar inversiones y crear oportunidades laborales en mantenimiento y eventos comunitarios.
2. Sociales. La legislación debe reforzar el derecho al espacio público como un bien común, promoviendo la igualdad y la cohesión comunitaria. Ya la propia Constitución y demás leyes secundarias de la ciudad, enfatizan que el espacio no se vende ni condiciona, combatiendo prácticas excluyentes y garantizando acceso equitativo. Esto es especialmente relevante en contextos como el actual, donde el distanciamiento social de la pandemia expuso deficiencias en el diseño urbano, pero también oportunidades para rediseñar espacios inclusivos que fomenten la interacción segura. Esto conlleva un punto fundamental: eliminar desigualdades, asegurando que los espacios sean sitios donde impere el trato igualitario entre hombres y mujeres. El rol del comercio en el espacio público puede definirse, entonces, no sólo como una fuente de empleo directo e indirecto, sino como un elemento clave para la cohesión social. Las actividades derivadas del comercio popular -ancladas en el célebre Pochtlán mexica y de las ferias coloniales- favorecen la densidad y estabilidad del tejido social al establecer un vínculo con la comunidad en el día a día, reforzando además el entramado de identidades de barrios y regiones en la gran urbe.
3. Planeación Urbana. La legislación sobre el comercio en los epsacios públicos coincide con la reciente creación de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Ello representa una ventana para una visión a largo plazo, integrando políticas urbanas con ambientales y sociales. Se abre la oportunidad de enmarcar correctamente la discusión sobre el espacio público de la ciudad, abordando desafíos como la ocupación de 75% del suelo urbano sin regulación adecuada. Por primera vez en mucho tiempo, se tiene un contexto adecuado para una planificación urbana, enfocada en el bienestar y la integración territorial.
Esperemos que no pase en balde.
4. Transparencia. La regulación puede fortalecer la rendición de cuentas, usando tecnologías para publicar datos en formatos abiertos, previniendo conflictos de interés y fomentando participación ciudadana. En ello hay muchas recomendaciones, entre las que incluyen mejorar la integridad y las que buscan claridad en las concesiones. Con ello, se puede generar una gobernanza más ética y eficiente.
Ahora bien, tampoco hay que ser ingenuos: la ley por si misma puede ser insuficiente, el éxito de un espacio público ordenado depende de la implementación participativa y la articulación interinstitucional. Desde el Congreso de la Ciudad, estamos listos para abrir la discusión.
Clara Brugada Molina
Cuatro oportunidades al legislar el comercio en el espacio público de la ciudad ara nadie es secreto que la Ciudad de México enfrenta un contexto urbano complejo, marcado por una alta densidad poblacional, presiones inmobiliarias y el uso intensivo del espacio público para actividades económicas, recreativas y sociales.
La regulación del espacio público -entendida como el conjunto de normas, políticas y mecanismos para su gestión, como leyes de movilidad, ordenamiento territorial y concesiones- representa una herramienta clave para transformar estos desafíos en oportunidades. Por otro lado, la falta de certeza jurídica y la normatividad existente parcial y ambigua, dejan a los comerciantes no al arbitrio de la ley, sino a merced de la autoridad en turno, lo que a menudo deriva en prácticas de corrupción y abuso por parte de autoridades de nivel intermedio. Quizá por esto, el tema que ha sido reconocido como deuda histórica por la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El reto es mayúsculo: equilibrar derechos a la vez de promover un desarrollo sostenible. De igual manera, al abordarlo y analizarlo, no se puede negar que ante ello se presentan importantes oportunidades para la Ciudad, entre ellas: 1. Economía digna y empleos. Legislar puede impulsar la formalización de actividades informales, como el comercio ambulante, que genera miles de empleos en la ciudad. Con ello, teniendo en cuenta que la Constitución de la Ciudad lleva por principio el trabajo digno, ofrece la oportunidad de dotar de certeza jurídica a vendedores y tianguistas. Así, equilibra el derecho al trabajo con el derecho a la ciudad, reduciendo la corrupción y el abuso de autoridades intermedias, mientras se fomenta un modelo participativo y transparente. Los beneficios incluyen la generación de empleos no asalariados, el apoyo a cadenas de suministro alimentario y el equilibrio económico urbano, transformando el espacio público en un motor de cohesión social y financiera. La regulación abre la posibilidad de establecer convocatorias y programas para revitalizar espacios recreativos, involucrando a actores gubernamentales y sociales: esto no sólo es un tema estético, puede servr para fomentar inversiones y crear oportunidades laborales en mantenimiento y eventos comunitarios.
2. Sociales. La legislación debe reforzar el derecho al espacio público como un bien común, promoviendo la igualdad y la cohesión comunitaria. Ya la propia Constitución y demás leyes secundarias de la ciudad, enfatizan que el espacio no se vende ni condiciona, combatiendo prácticas excluyentes y garantizando acceso equitativo. Esto es especialmente relevante en contextos como el actual, donde el distanciamiento social de la pandemia expuso deficiencias en el diseño urbano, pero también oportunidades para rediseñar espacios inclusivos que fomenten la interacción segura. Esto conlleva un punto fundamental: eliminar desigualdades, asegurando que los espacios sean sitios donde impere el trato igualitario entre hombres y mujeres. El rol del comercio en el espacio público puede definirse, entonces, no sólo como una fuente de empleo directo e indirecto, sino como un elemento clave para la cohesión social. Las actividades derivadas del comercio popular -ancladas en el célebre Pochtlán mexica y de las ferias coloniales- favorecen la densidad y estabilidad del tejido social al establecer un vínculo con la comunidad en el día a día, reforzando además el entramado de identidades de barrios y regiones en la gran urbe.
3. Planeación Urbana. La legislación sobre el comercio en los epsacios públicos coincide con la reciente creación de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Ello representa una ventana para una visión a largo plazo, integrando políticas urbanas con ambientales y sociales. Se abre la oportunidad de enmarcar correctamente la discusión sobre el espacio público de la ciudad, abordando desafíos como la ocupación de 75% del suelo urbano sin regulación adecuada. Por primera vez en mucho tiempo, se tiene un contexto adecuado para una planificación urbana, enfocada en el bienestar y la integración territorial.
Esperemos que no pase en balde.
4. Transparencia. La regulación puede fortalecer la rendición de cuentas, usando tecnologías para publicar datos en formatos abiertos, previniendo conflictos de interés y fomentando participación ciudadana. En ello hay muchas recomendaciones, entre las que incluyen mejorar la integridad y las que buscan claridad en las concesiones. Con ello, se puede generar una gobernanza más ética y eficiente.
Ahora bien, tampoco hay que ser ingenuos: la ley por si misma puede ser insuficiente, el éxito de un espacio público ordenado depende de la implementación participativa y la articulación interinstitucional. Desde el Congreso de la Ciudad, estamos listos para abrir la discusión.
Clara Brugada Molina