Narcofosa y magistrada en campaña
Resumen:
Narcofosa y magistrada en campaña
Transcripción:
Narcofosa y magistrada en campaña
Luz de la Torre tiene en sus manos revocar la liberación de dos involucrados por el crimen en Salvatierra
Salvatierra, Guanajuato
Magistrada en campaña resolverá sobre la mayor narcofosa del país
La magistrada federal Luz Elba de la Torre Orozco, actualmente en campaña para refrendar su cargo en la elección judicial del 1 de junio, tiene en sus manos una de las resoluciones más delicadas: revocar la suspensión a una orden de aprehensión contra los presuntos artífices de la narcofosa más grande hallada en los últimos años, la de Salvatierra, Guanajuato, de donde se exhumaron 80 cadáveres.
Una resolución de la magistrada del Tribunal de Justicia de Guanajuato, Gabriela Berenice Pinedo Amador, está siendo revisada por De la Torre Orozco debido a posibles inconsistencias en su determinación de liberar a personas ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes llevan el caso de la familia Barajas Piña, padre y madre de una de las jóvenes halladas en el cementerio clandestino, denuncian "irregularidades" en el proceso que "violan el derecho al acceso a la justicia y a la participación de las víctimas".
Los Barajas temen represalias de los delincuentes ligados a dicha organización y acusan "corrupción" en el sistema de justicia local.
A los profesores José y María primero les desaparecieron a su hija Lupita y unos meses después, cuando su otro hijo, Javier, se sumó a las labores de búsqueda, también lo asesinaron. A estos atroces hechos se le sumó una resolución inaudita dictada por una sala penal en Guanajuato: la liberación de los artífices tanto de las desapariciones como de la fosa.
La cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato suspendió la orden de aprehensión contra Carlos Manuel Calderón Cardoso y Julio César Zamudio Villagómez, quienes, según las investigaciones, forman parte del grupo criminal que opera en la zona del cártel de Santa Rosa de Lima.
Esta organización criminal, fundada por el narcotraficante José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, habría enterrado a 80 personas en una fosa clandestina que se convertiría en la sepultura irregular más grande encontrada en los últimos años, dentro de un predio de una colonia totalmente habitada en el municipio de Salvatierra, un pueblo mágico.
La fosa fue descubierta tras la desaparición de Guadalupe Barajas Piña, Lupita, una joven profesora secuestrada el 29 de febrero de 2020, cuando salió de su casa hacia el centro de Salvatierra.
Ese día comenzó la búsqueda por parte de sus padres, Javier Barajas y María Piña.
Una llamada telefónica en marzo de 2020 a la profesora María reveló una verdad atroz: "A su hija se la llevó El Grillo y El Chore", le informó una voz anónima, distorsionada, que colgó antes de que la señora pudiera hacer preguntas. Ahora se sabe que eran personas vinculadas al cártel.
La profesora recibió una segunda llamada, la definitiva, tres meses después, a las 4 de la tarde en un día de junio: "Se lo prometí, maestra Lupita. Busque detrás de la Bachoco", le soltó una mujer a María. "¿En dónde? ¿En Celaya?" La mujer le respondió que afuera de una fábrica de huevos, a un costado de una aceitera y un rastro en Salvatierra, en los márgenes del río Lerma.
"Busque y va a hallar algo", agregó antes de colgar.
En octubre de ese año, los profesores, junto con un grupo de familiares de personas desaparecidas y las autoridades, encontraron 80 cuerpos en un espacio de 600 metros cuadrados. Desde ese día, los Barajas Piña siguieron buscando y encontraron más fosas clandestinas.
La prueba de que los hallazgos enfurecieron al cártel es que el 29 de mayo de 2021, Francisco Javier, su hijo, fue asesinado, y el matrimonio tuvo que exiliarse.
En 2023, finalmente inició un juicio doloroso que abría la puerta para sentar un precedente judicial en el tema de las fosas clandestinas en México.
La fiscalía local encontró que entre los artífices de la fosa de Salvatierra se encontraban Carlos Manuel Calderón Cardoso y Julio César Zamudio Villagómez, vinculados al cártel que opera en la zona. Sin embargo, desde el pasado mes de enero, el proceso judicial se ha vuelto una pesadilla para la familia Barajas.
Las alarmas se encendieron el 9 de abril de 2025, cuando los profesores tuvieron conocimiento de que Calderón Cardoso había sido detenido por las autoridades.
Los abogados del Centro Prodh, quienes acompañan a Javier y María, se enteraron casi de manera inmediata que la cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato había cedido un recurso que suspendía la orden de aprehensión en su contra.
La resolución de la magistrada Pinedo Amador les pareció inaudita y sin sustento, puesto que se basó en el artículo 191 de la Ley de Amparo, que no se relaciona con el debido proceso y no ordena la liberación de nadie.
La irregularidad en la liberación llegó a tal grado que se emitió sin notificarles a las víctimas, "violando su derecho al acceso a la justicia" e impidiendo su participación, acusa el Centro Prodh.
"El desplazamiento forzado que viven los profesores impide que ejerzan sus derechos directamente y dependen de las autoridades, que han mostrado falta de coordinación y opacidad (entre la fiscalía, la Comisión de Víctimas y el Poder Judicial estatal)".
Lo mismo sucedió con otro de los imputados en los crímenes, Julio César Zamudio Villagómez, quien fue excarcelado tras interponer un amparo para lograr la misma suspensión en su orden de arresto.
El 8 de mayo pasado, César Contreras, litigante del Centro, abrió un incidente para revertir el agravio ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Circuito Judicial de Guanajuato, esto es, del Poder Judicial de la Federación.
El proyecto de resolución de este incidente está a cargo de la magistrada federal Luz Elba de la Torre Orozco, quien está en campaña.
La defensa de los agredidos, paralelamente, prepara acciones legales para conseguir que Zamudio Villagómez regrese a prisión.
Familiares acusan que se violó "el derecho al acceso y la participación de las víctimas".
Luz Elba de la Torre, quien busca repetir en el cargo, analizará el fallo de un tribunal local que liberó a dos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, ligados a la tumba ilegal en la que se hallaron 80 cuerpos.
Luz de la Torre tiene en sus manos revocar la liberación de dos involucrados por el crimen en Salvatierra
Salvatierra, Guanajuato
Magistrada en campaña resolverá sobre la mayor narcofosa del país
La magistrada federal Luz Elba de la Torre Orozco, actualmente en campaña para refrendar su cargo en la elección judicial del 1 de junio, tiene en sus manos una de las resoluciones más delicadas: revocar la suspensión a una orden de aprehensión contra los presuntos artífices de la narcofosa más grande hallada en los últimos años, la de Salvatierra, Guanajuato, de donde se exhumaron 80 cadáveres.
Una resolución de la magistrada del Tribunal de Justicia de Guanajuato, Gabriela Berenice Pinedo Amador, está siendo revisada por De la Torre Orozco debido a posibles inconsistencias en su determinación de liberar a personas ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes llevan el caso de la familia Barajas Piña, padre y madre de una de las jóvenes halladas en el cementerio clandestino, denuncian "irregularidades" en el proceso que "violan el derecho al acceso a la justicia y a la participación de las víctimas".
Los Barajas temen represalias de los delincuentes ligados a dicha organización y acusan "corrupción" en el sistema de justicia local.
A los profesores José y María primero les desaparecieron a su hija Lupita y unos meses después, cuando su otro hijo, Javier, se sumó a las labores de búsqueda, también lo asesinaron. A estos atroces hechos se le sumó una resolución inaudita dictada por una sala penal en Guanajuato: la liberación de los artífices tanto de las desapariciones como de la fosa.
La cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato suspendió la orden de aprehensión contra Carlos Manuel Calderón Cardoso y Julio César Zamudio Villagómez, quienes, según las investigaciones, forman parte del grupo criminal que opera en la zona del cártel de Santa Rosa de Lima.
Esta organización criminal, fundada por el narcotraficante José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, habría enterrado a 80 personas en una fosa clandestina que se convertiría en la sepultura irregular más grande encontrada en los últimos años, dentro de un predio de una colonia totalmente habitada en el municipio de Salvatierra, un pueblo mágico.
La fosa fue descubierta tras la desaparición de Guadalupe Barajas Piña, Lupita, una joven profesora secuestrada el 29 de febrero de 2020, cuando salió de su casa hacia el centro de Salvatierra.
Ese día comenzó la búsqueda por parte de sus padres, Javier Barajas y María Piña.
Una llamada telefónica en marzo de 2020 a la profesora María reveló una verdad atroz: "A su hija se la llevó El Grillo y El Chore", le informó una voz anónima, distorsionada, que colgó antes de que la señora pudiera hacer preguntas. Ahora se sabe que eran personas vinculadas al cártel.
La profesora recibió una segunda llamada, la definitiva, tres meses después, a las 4 de la tarde en un día de junio: "Se lo prometí, maestra Lupita. Busque detrás de la Bachoco", le soltó una mujer a María. "¿En dónde? ¿En Celaya?" La mujer le respondió que afuera de una fábrica de huevos, a un costado de una aceitera y un rastro en Salvatierra, en los márgenes del río Lerma.
"Busque y va a hallar algo", agregó antes de colgar.
En octubre de ese año, los profesores, junto con un grupo de familiares de personas desaparecidas y las autoridades, encontraron 80 cuerpos en un espacio de 600 metros cuadrados. Desde ese día, los Barajas Piña siguieron buscando y encontraron más fosas clandestinas.
La prueba de que los hallazgos enfurecieron al cártel es que el 29 de mayo de 2021, Francisco Javier, su hijo, fue asesinado, y el matrimonio tuvo que exiliarse.
En 2023, finalmente inició un juicio doloroso que abría la puerta para sentar un precedente judicial en el tema de las fosas clandestinas en México.
La fiscalía local encontró que entre los artífices de la fosa de Salvatierra se encontraban Carlos Manuel Calderón Cardoso y Julio César Zamudio Villagómez, vinculados al cártel que opera en la zona. Sin embargo, desde el pasado mes de enero, el proceso judicial se ha vuelto una pesadilla para la familia Barajas.
Las alarmas se encendieron el 9 de abril de 2025, cuando los profesores tuvieron conocimiento de que Calderón Cardoso había sido detenido por las autoridades.
Los abogados del Centro Prodh, quienes acompañan a Javier y María, se enteraron casi de manera inmediata que la cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato había cedido un recurso que suspendía la orden de aprehensión en su contra.
La resolución de la magistrada Pinedo Amador les pareció inaudita y sin sustento, puesto que se basó en el artículo 191 de la Ley de Amparo, que no se relaciona con el debido proceso y no ordena la liberación de nadie.
La irregularidad en la liberación llegó a tal grado que se emitió sin notificarles a las víctimas, "violando su derecho al acceso a la justicia" e impidiendo su participación, acusa el Centro Prodh.
"El desplazamiento forzado que viven los profesores impide que ejerzan sus derechos directamente y dependen de las autoridades, que han mostrado falta de coordinación y opacidad (entre la fiscalía, la Comisión de Víctimas y el Poder Judicial estatal)".
Lo mismo sucedió con otro de los imputados en los crímenes, Julio César Zamudio Villagómez, quien fue excarcelado tras interponer un amparo para lograr la misma suspensión en su orden de arresto.
El 8 de mayo pasado, César Contreras, litigante del Centro, abrió un incidente para revertir el agravio ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Circuito Judicial de Guanajuato, esto es, del Poder Judicial de la Federación.
El proyecto de resolución de este incidente está a cargo de la magistrada federal Luz Elba de la Torre Orozco, quien está en campaña.
La defensa de los agredidos, paralelamente, prepara acciones legales para conseguir que Zamudio Villagómez regrese a prisión.
Familiares acusan que se violó "el derecho al acceso y la participación de las víctimas".
Luz Elba de la Torre, quien busca repetir en el cargo, analizará el fallo de un tribunal local que liberó a dos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, ligados a la tumba ilegal en la que se hallaron 80 cuerpos.