Quitan a Brugada facultad para autorizar establecimientos
Resumen:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló hoy la facultad de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para dictar medidas sobre la apertura o funcionamiento de establecimientos mercantiles, así como para ampliar la vigencia de avisos y permisos.
Transcripción:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló hoy la facultad de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para dictar medidas sobre la apertura o funcionamiento de establecimientos mercantiles, así como para ampliar la vigencia de avisos y permisos.
Dicha facultad, prevista para situaciones de emergencia, fuerza mayor o casos fortuitos, fue creada por el Congreso local en una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles (LEM) publicada en enero de 2023, durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El Pleno de la Corte resolvió hoy, por cinco votos contra tres, que las Delegaciones tenían la facultad exclusiva para emitir permisos y autorizaciones de establecimientos mercantiles, misma que fue conservada por las Alcaldías en la Constitución de la CDMX, por lo que la reforma de 2023 invadió su ámbito de atribuciones.
El Ministro Javier Laynez, quien presentó los proyectos, explicó que no está justificado el trasladar al Gobierno central una facultad exclusiva de las Alcaldías, mientras que la presidenta Norma Piña explicó que se dio una atribución ilimitada y demasiado amplia a la Jefatura de Gobierno.
Dicha facultad, prevista para situaciones de emergencia, fuerza mayor o casos fortuitos, fue creada por el Congreso local en una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles (LEM) publicada en enero de 2023, durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El Pleno de la Corte resolvió hoy, por cinco votos contra tres, que las Delegaciones tenían la facultad exclusiva para emitir permisos y autorizaciones de establecimientos mercantiles, misma que fue conservada por las Alcaldías en la Constitución de la CDMX, por lo que la reforma de 2023 invadió su ámbito de atribuciones.
El Ministro Javier Laynez, quien presentó los proyectos, explicó que no está justificado el trasladar al Gobierno central una facultad exclusiva de las Alcaldías, mientras que la presidenta Norma Piña explicó que se dio una atribución ilimitada y demasiado amplia a la Jefatura de Gobierno.