Propuesta de Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales
Resumen:
PROPUESTA DE LEY GENERAL DE AGUAS Y REFORMAS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES Ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (1986). Miembro fundador y ex perito en impacto ambiental del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C
Transcripción:
POR ING. RAFAEL GARIBAY OROZCO
PROPUESTA DE LEY GENERAL DE AGUAS Y REFORMAS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES Ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (1986). Miembro fundador y ex perito en impacto ambiental del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C. (CINAM). Ha trabajado en múltiples proyectos en áreas de tratamiento de aguas, seguridad industrial, y estudios de impacto ambiental.
POSIBLES IMPLICACIONES El 09 de octubre de 2025 se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa presidencial para expedir la Ley General de Aguas (LGA) y modificar la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Su propósito es fortalecer la rectoría del Estado en la administración de aguas nacionales y alinear con el derecho humano al agua según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Se establecen bases para el suministro hídrico: disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad.
La LGA define la seguridad hídrica como la capacidad del Estado para garantizar acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas. Considera el agua un bien estratégico y establece el principio "in dubio pro agua", priorizando el derecho humano al agua. La ley define atribuciones de la federación, estados y municipios, e incluye políticas públicas como el Programa Nacional Hídrico y la Estrategia Nacional Hídrica.
La LAN se mantendría vigente con cambios clave, como prohibir la transmisión de concesiones entre particulares y reconocer la responsabilidad hídrica como criterio favorable. Se eliminarían bancos de agua y se establecería un fondo de reservas de agua nacionales. Además, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) se convertiría en el Registro Nacional del Agua (RENA).
La reforma incluye un catálogo de delitos hídricos para complementar el esquema sancionador de la CONAGUA.
El actual sistema promueve un mercado de agua que se busca evitar, alegando que el agua es propiedad de la nación y asegurando que llegue a quienes la necesitan.
Se establecerían reglas claras para las concesiones agrarias, protegiendo la soberanía alimentaria.
Sin embargo, varios aspectos de esta propuesta han generado preocupación. Los foros de consulta previos no garantizan los principios de participación ciudadana, omitiendo opiniones relevantes y potencialmente imponiendo estrategias no consensuadas. Además, tener dos leyes para el mismo tema podría generar contradicciones administrativas, sugiriendo que se abrogue la LAN para crear una única LGA.
Los especialistas también cuestionan la inclusión de penas de prisión en el catálogo de delitos hídricos, dado que existe un Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que podría resultar en duplicidades y disputas legales. También se observa una inconsistencia en la LGA, que menciona el agua de lluvia, no considerada parte de las aguas nacionales por la CPEUM, lo que plantea dudas sobre su regulación.
Hay dos preocupaciones principales respecto a la propuesta: 1. Reformas a la Ley de Amparo: Estas otorgan mayor relevancia al interés público sobre el interés legítimo, endureciendo los requisitos para suspender actos de autoridad, lo que podría crear incertidumbre en litigios por agua.
2. Derechos de usuarios existentes: Aunque se asegura que los derechos vigentes no se verán afectados, cualquier revisión por la Suprema Corte podría alterar fallos pasados, afectando el estado de derecho y los intereses legítimos de particulares.
Por otra parte, es importante mencionar que la propuesta del Ejecutivo Federal fue aprobada en la Cámara de Diputados el 03 de diciembre de 2025 y al día siguiente en la Cámara de Senadores, también de manera expedita (en fast track).
La misma incluyó modificaciones a la propuesta original, en particular a los montos de multas (hasta 4.5 millones de pesos), así como en lo relativo a penas de cárcel (hasta ocho años de prisión), a quien ceda 0 transmita concesiones de agua y a quien cambie el uso fijado en una concesión. De acuerdo con la opinión de los legisladores que votaron a favor, la propuesta termina con la extracción y venta ilegal del agua, y garantiza el derecho sucesorio de la tierra y el agua.
>>in dubio pro agua<< Significa que, en caso de duda o contradicción, prevalecerá el criterio que beneficie en mayor medida el derecho humano al agua.
Sin embargo, diversos grupos de agricultores llevaron a cabo protestas y cierre de autopistas, ya que consideran que, con las reformas a la LAN y la nueva LGA, se cambia la vigencia y transmisibilidad de las concesiones, y se vulnera la certeza de contar con el recurso hídrico (incluyendo derechos heredados a lo largo de varias generaciones), por lo que se estaría poniendo en riesgo la producción agrícola, de la cual dependen.
En resumen, la propuesta de reformas a la LAN y la expedición de la LGA contiene elementos valiosos que podrían fomentar un uso racional del agua y promover la justicia social. Sin embargo, su éxito dependerá de su aplicación dentro del marco jurídico, respetando los derechos individuales. De no ser así, podría haber un retroceso en las garantías de aprovechamiento de aguas nacionales, impactando a sectores clave de la economía, incluyendo a pequeños concesionarios y a la continuidad del T-MEC.
EL TIEMPO Y LA FORMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS LEYES DEFINIRÁN SU EFICACIA Y CONSECUENCIAS PARA EL PAÍS.
PROPUESTA DE LEY GENERAL DE AGUAS Y REFORMAS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES Ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (1986). Miembro fundador y ex perito en impacto ambiental del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C. (CINAM). Ha trabajado en múltiples proyectos en áreas de tratamiento de aguas, seguridad industrial, y estudios de impacto ambiental.
POSIBLES IMPLICACIONES El 09 de octubre de 2025 se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa presidencial para expedir la Ley General de Aguas (LGA) y modificar la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Su propósito es fortalecer la rectoría del Estado en la administración de aguas nacionales y alinear con el derecho humano al agua según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Se establecen bases para el suministro hídrico: disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad.
La LGA define la seguridad hídrica como la capacidad del Estado para garantizar acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas. Considera el agua un bien estratégico y establece el principio "in dubio pro agua", priorizando el derecho humano al agua. La ley define atribuciones de la federación, estados y municipios, e incluye políticas públicas como el Programa Nacional Hídrico y la Estrategia Nacional Hídrica.
La LAN se mantendría vigente con cambios clave, como prohibir la transmisión de concesiones entre particulares y reconocer la responsabilidad hídrica como criterio favorable. Se eliminarían bancos de agua y se establecería un fondo de reservas de agua nacionales. Además, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) se convertiría en el Registro Nacional del Agua (RENA).
La reforma incluye un catálogo de delitos hídricos para complementar el esquema sancionador de la CONAGUA.
El actual sistema promueve un mercado de agua que se busca evitar, alegando que el agua es propiedad de la nación y asegurando que llegue a quienes la necesitan.
Se establecerían reglas claras para las concesiones agrarias, protegiendo la soberanía alimentaria.
Sin embargo, varios aspectos de esta propuesta han generado preocupación. Los foros de consulta previos no garantizan los principios de participación ciudadana, omitiendo opiniones relevantes y potencialmente imponiendo estrategias no consensuadas. Además, tener dos leyes para el mismo tema podría generar contradicciones administrativas, sugiriendo que se abrogue la LAN para crear una única LGA.
Los especialistas también cuestionan la inclusión de penas de prisión en el catálogo de delitos hídricos, dado que existe un Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que podría resultar en duplicidades y disputas legales. También se observa una inconsistencia en la LGA, que menciona el agua de lluvia, no considerada parte de las aguas nacionales por la CPEUM, lo que plantea dudas sobre su regulación.
Hay dos preocupaciones principales respecto a la propuesta: 1. Reformas a la Ley de Amparo: Estas otorgan mayor relevancia al interés público sobre el interés legítimo, endureciendo los requisitos para suspender actos de autoridad, lo que podría crear incertidumbre en litigios por agua.
2. Derechos de usuarios existentes: Aunque se asegura que los derechos vigentes no se verán afectados, cualquier revisión por la Suprema Corte podría alterar fallos pasados, afectando el estado de derecho y los intereses legítimos de particulares.
Por otra parte, es importante mencionar que la propuesta del Ejecutivo Federal fue aprobada en la Cámara de Diputados el 03 de diciembre de 2025 y al día siguiente en la Cámara de Senadores, también de manera expedita (en fast track).
La misma incluyó modificaciones a la propuesta original, en particular a los montos de multas (hasta 4.5 millones de pesos), así como en lo relativo a penas de cárcel (hasta ocho años de prisión), a quien ceda 0 transmita concesiones de agua y a quien cambie el uso fijado en una concesión. De acuerdo con la opinión de los legisladores que votaron a favor, la propuesta termina con la extracción y venta ilegal del agua, y garantiza el derecho sucesorio de la tierra y el agua.
>>in dubio pro agua<< Significa que, en caso de duda o contradicción, prevalecerá el criterio que beneficie en mayor medida el derecho humano al agua.
Sin embargo, diversos grupos de agricultores llevaron a cabo protestas y cierre de autopistas, ya que consideran que, con las reformas a la LAN y la nueva LGA, se cambia la vigencia y transmisibilidad de las concesiones, y se vulnera la certeza de contar con el recurso hídrico (incluyendo derechos heredados a lo largo de varias generaciones), por lo que se estaría poniendo en riesgo la producción agrícola, de la cual dependen.
En resumen, la propuesta de reformas a la LAN y la expedición de la LGA contiene elementos valiosos que podrían fomentar un uso racional del agua y promover la justicia social. Sin embargo, su éxito dependerá de su aplicación dentro del marco jurídico, respetando los derechos individuales. De no ser así, podría haber un retroceso en las garantías de aprovechamiento de aguas nacionales, impactando a sectores clave de la economía, incluyendo a pequeños concesionarios y a la continuidad del T-MEC.
EL TIEMPO Y LA FORMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS LEYES DEFINIRÁN SU EFICACIA Y CONSECUENCIAS PARA EL PAÍS.