Duda Razonable //Las fiscalías, el eslabón que no existe
Resumen:
Las fiscalías, el eslabón que no existe
Transcripción:
Las fiscalías, el eslabón que no existe
El aparato del Estado mexicano, en la nueva estrategia de seguridad pública, tiene un problema. Uno grave.
Primero. La parte policiaca, es decir, la de prevención, investigación, primera respuesta, inteligencia y estrategia, está en manos del Ejecutivo. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana coordina la estrategia que aplican la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, apoyados por las labores del CNI y la propia secretaría.
También, y cada vez son más, se apoyan en policías estatales dirigidas por miembros retirados del Ejército, cuya historia y formación dejan claro a quién reportan y con quién se coordinan... no, no son los gobernadores. Los números de operativos y arrestos están ahí.
Al final de la estrategia están, por supuesto, los jueces, el Poder Judicial. Pero ese, como todos sabemos, ya no existe como tal. Es difícil imaginar a un juez recién llegado, después de la reforma a la elección, oponerse a lo que diga el Poder Ejecutivo. Esa parte ya la arreglaron.
El (añejo) problema está, siempre ha estado, en medio. Es ahí, en las fiscalías, con los ministerios públicos, donde se crea la impunidad que prevalece en el país.
"El promedio nacional del índice de impunidad para el fuero común se ubicó en 93.63%, 2.7 puntos por debajo del reflejado durante 2022 (96.3%).
Las entidades federativas que presentaron los niveles de impunidad más bajos fueron Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%), Guanajuato (79.82%), Baja California Sur (80.46%), Sonora (80.71%), Coahuila (84.90%) y Baja California (86.94%). El índice de impunidad federal para 2022 se ubicó en 95.5%, ligeramente menor al reflejado durante 2021, que fue de 96.1%" (otros datos de la columna de hoy provienen de la investigación Hallazgos de México Evalúa, de 2023).
Hay muchas razones para esos datos, pero una fundamental es la sobrecarga de trabajo: "con un promedio nacional de 310 carpetas de investigación por fiscal en 2023, un aumento notable respecto de las 181 en 2022. Algunos estados, como Campeche y Guanajuato, muestran cargas excepcionalmente altas, de más de mil 500 carpetas por fiscal. Las personas juzgadoras en materia penal también experimentan cargas de trabajo variables. A nivel nacional, el promedio fue de 356 causas penales por juez en 2023, pero estados como Puebla (1,096), Tabasco (818) y Baja California (739) muestran cargas significativamente más altas".
La (in)justicia mexicana descansa así.
CARLOS PUIG
El aparato del Estado mexicano, en la nueva estrategia de seguridad pública, tiene un problema. Uno grave.
Primero. La parte policiaca, es decir, la de prevención, investigación, primera respuesta, inteligencia y estrategia, está en manos del Ejecutivo. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana coordina la estrategia que aplican la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, apoyados por las labores del CNI y la propia secretaría.
También, y cada vez son más, se apoyan en policías estatales dirigidas por miembros retirados del Ejército, cuya historia y formación dejan claro a quién reportan y con quién se coordinan... no, no son los gobernadores. Los números de operativos y arrestos están ahí.
Al final de la estrategia están, por supuesto, los jueces, el Poder Judicial. Pero ese, como todos sabemos, ya no existe como tal. Es difícil imaginar a un juez recién llegado, después de la reforma a la elección, oponerse a lo que diga el Poder Ejecutivo. Esa parte ya la arreglaron.
El (añejo) problema está, siempre ha estado, en medio. Es ahí, en las fiscalías, con los ministerios públicos, donde se crea la impunidad que prevalece en el país.
"El promedio nacional del índice de impunidad para el fuero común se ubicó en 93.63%, 2.7 puntos por debajo del reflejado durante 2022 (96.3%).
Las entidades federativas que presentaron los niveles de impunidad más bajos fueron Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%), Guanajuato (79.82%), Baja California Sur (80.46%), Sonora (80.71%), Coahuila (84.90%) y Baja California (86.94%). El índice de impunidad federal para 2022 se ubicó en 95.5%, ligeramente menor al reflejado durante 2021, que fue de 96.1%" (otros datos de la columna de hoy provienen de la investigación Hallazgos de México Evalúa, de 2023).
Hay muchas razones para esos datos, pero una fundamental es la sobrecarga de trabajo: "con un promedio nacional de 310 carpetas de investigación por fiscal en 2023, un aumento notable respecto de las 181 en 2022. Algunos estados, como Campeche y Guanajuato, muestran cargas excepcionalmente altas, de más de mil 500 carpetas por fiscal. Las personas juzgadoras en materia penal también experimentan cargas de trabajo variables. A nivel nacional, el promedio fue de 356 causas penales por juez en 2023, pero estados como Puebla (1,096), Tabasco (818) y Baja California (739) muestran cargas significativamente más altas".
La (in)justicia mexicana descansa así.
CARLOS PUIG