Sánchez Cordero espera que SCJN fije postura sobre GN
Resumen:
impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando que sean los ministros quienes decidan el anunciado decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención primaria de que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Transcripción:
lga Sánchez Cordero, Qi que el Senado
impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando que sean los ministros quienes decidan el anunciado decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención primaria de que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Ante este panorama y el descontento que ello ha generado en algunos sectores de la política, la senadora explicó que, en efecto, la Constitución es clara en el sentido que la seguridad pública debe ser civil.
"Yo tengo la plena seguridad,
omo dijo el President la Re-
pública, será la Suprema Corte quien decida al final del día, la
nstitucionali la reform o no, o del acuerdo”. aclaró.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SC) refirió que "como toda juzgadora que soy, necesito ver en qué términos va a presentar el señor Presidente las iniciativas de reformas a esas leyes, para decirte exactamente mi opinión sobre esta reforma.
"Por otra parte, el señor Presidente ha insistido en que hay un control jurisdiccional de la regularidad constitucional en cualquier acto de gobierno, en cualquier acto legislativo; y en este sentido, seguramente será una reforma a la ley”.
Por su parte, los grupos parlamentarios de oposición explicaron que ya sea por la acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional o amparo, existe camino para atacar judicialmente esa decisión presidencial.
En un debate pactado, pero ríspido, la oposición refrendó su rechazo a cualquier intento de militarización del país, mientras Morena acusó a la oposición de mentir y generar una falsa narrativa.
Los opositores no dejaron pasar la oportunidad y recordaron el pasado reciente de los integrantes del bloque oficialista, pues en 2017 hicieron una campaña nacional en contra de la militarización de la seguridad pública, en razón de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada inconstitucional por la Corte.
impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando que sean los ministros quienes decidan el anunciado decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención primaria de que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Ante este panorama y el descontento que ello ha generado en algunos sectores de la política, la senadora explicó que, en efecto, la Constitución es clara en el sentido que la seguridad pública debe ser civil.
"Yo tengo la plena seguridad,
omo dijo el President la Re-
pública, será la Suprema Corte quien decida al final del día, la
nstitucionali la reform o no, o del acuerdo”. aclaró.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SC) refirió que "como toda juzgadora que soy, necesito ver en qué términos va a presentar el señor Presidente las iniciativas de reformas a esas leyes, para decirte exactamente mi opinión sobre esta reforma.
"Por otra parte, el señor Presidente ha insistido en que hay un control jurisdiccional de la regularidad constitucional en cualquier acto de gobierno, en cualquier acto legislativo; y en este sentido, seguramente será una reforma a la ley”.
Por su parte, los grupos parlamentarios de oposición explicaron que ya sea por la acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional o amparo, existe camino para atacar judicialmente esa decisión presidencial.
En un debate pactado, pero ríspido, la oposición refrendó su rechazo a cualquier intento de militarización del país, mientras Morena acusó a la oposición de mentir y generar una falsa narrativa.
Los opositores no dejaron pasar la oportunidad y recordaron el pasado reciente de los integrantes del bloque oficialista, pues en 2017 hicieron una campaña nacional en contra de la militarización de la seguridad pública, en razón de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada inconstitucional por la Corte.