Zurda // Reforma judicial: autocracia
Resumen:
A confesión de partes, relevo de pruebas. Por si quedaban sospechas, éstas fueron superadas por lo expresado en boca del propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador: que el actual vocero de la candidata presidencial de Morena, el exministro Arturo Zaldívar, recibía instrucciones de su parte cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), para influir en las decisiones de los jueces que llevaron determinados casos, ¿cuáles?, no lo sabemos aún. Aunque el exministro trató de matizar lo dicho por el titular del Poder Ejecutivo, aduciendo que no se había expresado correctamente, no cabe la menor duda de la intención que hay detrás del ardid presidencial: inducir al juicio sumario en contra del Poder Judicial que no se somete a la voluntad presidencial. Esto forma parte de una feroz campaña de desprestigio en contra de los ministros, magistrados y jueces desde que fue nombrada presidenta de la SCJN la ministra Norma Piña.
Transcripción:
A confesión de partes, relevo de pruebas. Por si quedaban sospechas, éstas fueron superadas por lo expresado en boca del propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador: que el actual vocero de la candidata presidencial de Morena, el exministro Arturo Zaldívar, recibía instrucciones de su parte cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), para influir en las decisiones de los jueces que llevaron determinados casos, ¿cuáles?, no lo sabemos aún. Aunque el exministro trató de matizar lo dicho por el titular del Poder Ejecutivo, aduciendo que no se había expresado correctamente, no cabe la menor duda de la intención que hay detrás del ardid presidencial: inducir al juicio sumario en contra del Poder Judicial que no se somete a la voluntad presidencial. Esto forma parte de una feroz campaña de desprestigio en contra de los ministros, magistrados y jueces desde que fue nombrada presidenta de la SCJN la ministra Norma Piña.
Presumir que influyó en las decisiones de los jueces, es muy grave desde el ámbito jurídico, porque influir en los fallos judiciales puede constituir un delito, pero también desde lo político, porque afectó el mecanismo de división y equilibrio de poder que debe prevalecer en un régimen democrático, sin embargo, el Presidente no lo hizo por desconocimiento, sino intencionalmente, toda vez que quiere normalizar ante los ciudadanos su forma autocrática de ejercer el poder. Por si alguna duda existe, hay que leer la reforma judicial que presentó a la Cámara de Diputados el 5 de febrero.
La esencia de la reforma consiste en que los nombramientos de todos los integrantes del Poder Judicial se harán a partir de elecciones populares, como si se tratara de una representación política del Poder Ejecutivo o Legislativo. Los candidatos a ministros, magistrados y jueces serían propuestos por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto en el nivel federal como en el local, dependiendo del ámbito de competencia que corresponda. Posteriormente, los ciudadanos votarían de forma directa en las urnas para decidir quién ocuparía cada nombramiento ¿Habrá ingenuidad o mala intención en esta propuesta presidencial? Después de conocer la forma en que acordaron algunas presidentas municipales con los líderes de grupos criminales, ¿hay confianza para creer que en la elección de jueces, magistrados y ministros no intervendrán los poderes fácticos como lo hacen con los representantes políticos?
Por otra parte, someter a elección a los integrantes del Poder Judicial no garantiza su independencia, sino por el contrario, lo más seguro es que serán sometidos por quienes los hayan propuesto, y más aún, del partido al que pertenezcan estos que los hayan propuesto, toda vez que, el régimen democrático tiene su base en el sistema de partidos y son ellos los que deciden quiénes son las y los candidatos que compiten por las representaciones políticas, es decir, el Presidente, los gobernadores, el Congreso y los Congresos locales, que son los órganos que realizarían las propuestas de los candidatos al poder judicial, ¿nos podemos imaginar un escenario en el que ganen los candidatos propuestos por aquellos representantes que, mayoritariamente, pertenezcan a un partido político? Porque, si bien es cierto, Morena gobierna hoy a nivel federal y en 23 estados de la República, eso no será para siempre. La experiencia nos dice que a los mexicanos ya nos gusta la alternancia del poder político. Por lo tanto, lo más probable es que, sin independencia judicial, los jueces y magistrados actuaran bajo la influencia de los intereses de quien domine la coyuntura política.
Por donde le busquemos, los riesgos negativos para la democracia y el Estado de derecho, al elegir popularmente a los integrantes del Poder Judicial son mucho mayor que seguir seleccionándolos de la manera que hasta hoy se hace, no sólo en México, sino también en todo el mundo, por lo tanto, permitir que Morena logre su objetivo de aprobar la reforma judicial, significa instaurar un régimen autocrático. La única forma de que esto no suceda es evitar que el 2 de junio, este partido y sus aliados, alcancen la mayoría calificada en el Congreso.
Presumir que influyó en las decisiones de los jueces, es muy grave desde el ámbito jurídico, porque influir en los fallos judiciales puede constituir un delito, pero también desde lo político, porque afectó el mecanismo de división y equilibrio de poder que debe prevalecer en un régimen democrático, sin embargo, el Presidente no lo hizo por desconocimiento, sino intencionalmente, toda vez que quiere normalizar ante los ciudadanos su forma autocrática de ejercer el poder. Por si alguna duda existe, hay que leer la reforma judicial que presentó a la Cámara de Diputados el 5 de febrero.
La esencia de la reforma consiste en que los nombramientos de todos los integrantes del Poder Judicial se harán a partir de elecciones populares, como si se tratara de una representación política del Poder Ejecutivo o Legislativo. Los candidatos a ministros, magistrados y jueces serían propuestos por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto en el nivel federal como en el local, dependiendo del ámbito de competencia que corresponda. Posteriormente, los ciudadanos votarían de forma directa en las urnas para decidir quién ocuparía cada nombramiento ¿Habrá ingenuidad o mala intención en esta propuesta presidencial? Después de conocer la forma en que acordaron algunas presidentas municipales con los líderes de grupos criminales, ¿hay confianza para creer que en la elección de jueces, magistrados y ministros no intervendrán los poderes fácticos como lo hacen con los representantes políticos?
Por otra parte, someter a elección a los integrantes del Poder Judicial no garantiza su independencia, sino por el contrario, lo más seguro es que serán sometidos por quienes los hayan propuesto, y más aún, del partido al que pertenezcan estos que los hayan propuesto, toda vez que, el régimen democrático tiene su base en el sistema de partidos y son ellos los que deciden quiénes son las y los candidatos que compiten por las representaciones políticas, es decir, el Presidente, los gobernadores, el Congreso y los Congresos locales, que son los órganos que realizarían las propuestas de los candidatos al poder judicial, ¿nos podemos imaginar un escenario en el que ganen los candidatos propuestos por aquellos representantes que, mayoritariamente, pertenezcan a un partido político? Porque, si bien es cierto, Morena gobierna hoy a nivel federal y en 23 estados de la República, eso no será para siempre. La experiencia nos dice que a los mexicanos ya nos gusta la alternancia del poder político. Por lo tanto, lo más probable es que, sin independencia judicial, los jueces y magistrados actuaran bajo la influencia de los intereses de quien domine la coyuntura política.
Por donde le busquemos, los riesgos negativos para la democracia y el Estado de derecho, al elegir popularmente a los integrantes del Poder Judicial son mucho mayor que seguir seleccionándolos de la manera que hasta hoy se hace, no sólo en México, sino también en todo el mundo, por lo tanto, permitir que Morena logre su objetivo de aprobar la reforma judicial, significa instaurar un régimen autocrático. La única forma de que esto no suceda es evitar que el 2 de junio, este partido y sus aliados, alcancen la mayoría calificada en el Congreso.