La acusación popular pide 24 años para begoña gómez por cuatro delitos
Resumen:
La esposa de Sánchez: "Se pretende llegar a un objetivo a costa de masacrar la verdad".
Transcripción:
La acusación popular pide 24 años para Begoña Gómez por cuatro delitos
La esposa de Sánchez: "Se pretende llegar a un objetivo a costa de masacrar la verdad"
IRENE DORTA
Madrid
La acusación popular en el caso Begoña Gómez, que lidera la asociación ultracatólica Hazte Oír, ha presentado este lunes el escrito con la petición de penas para un hipotético juicio con jurado contra la esposa del presidente del Gobierno. Las acusaciones piden 24 años de prisión para la esposa de Pedro Sánchez, a la que atribuyen los mismos cuatro delitos que el juez instructor, Juan Carlos Peinado: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Además, reclaman 22 años de cárcel para la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, y seis para el tercer acusado, el empresario Juan Carlos Barrabés.
Por su parte, tanto Begoña Gómez como la asesora han recurrido a la Audiencia Provincial la decisión de Peinado de dar por finalizada la instrucción de forma, a su juicio, irregular porque no se ha permitido a los acusados realizar nuevas peticiones ni se ha terminado de contestar los recursos. "Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad", apunta el letrado de Gómez, el exministro Antonio Camacho. "¿Comete malversación el cocinero que prepara una comida privada para la familia del presidente?", se pregunta el letrado de la asesora, José María de Pablo.
La acusación popular ha abrazado el relato del juez Peinado, que la semana pasada dio por concluida la fase de investigación para acercar a los tres acusados a juicio. Las partes tenían cinco días para presentar sus escritos de conclusiones. La Fiscalía nunca ha visto delito en esta causa, así que Hazte Oír como acusación popular estaba llamada a presentar este escrito en representación de un mosaico de acusaciones variopintas que van desde partidos políticos (Vox e Iustitia Europa) hasta el pseudosindicato Manos Limpias, Movimiento de Regeneración Política de España y un exalcalde del PP a título particular. Entre ellas, ni siquiera están de acuerdo: Manos Limpias considera que la asesora no debe estar imputada.
La asociación ultra cree que Gómez se aprovechó de la llegada de Sánchez a la presidencia para desplegar su carrera con la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid; que se valió de su posición para buscar financiación de empresas; que ayudó a que se diera una adjudicación pública a Barrabés; que registró de manera irregular una web donde iba a alojar un software para su máster y que utilizó a su asesora para actividades privadas.
"Todo ello se produjo pese a no ser licenciada universitaria y sin que aparezca en autos un proceso abierto y competitivo de selección académica", refleja el letrado sobre la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social y Competitiva. Hazte Oír solicita, además, la imposición de una fianza que no cuantifican, la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.
Gómez, en cambio, defiende que su actuación fue totalmente regular y niega todo tipo de ilegalidad en la gestación de la cátedra que para Peinado supone la base del delito de tráfico de influencias. "Eso refleja o una falacia consciente o el máximo desinterés por lo que han relatado todos y cada uno de los funcionarios" de la Complutense, apunta el letrado, recordando una vez más que la cátedra era gratuita. La defensa cuestiona, además, la "rapidez inusitada" con la que se ha dado carpetazo a la investigación. "Esto no constituye una infracción menor, puesto que está privando a todas las partes del derecho que les concede la Ley de pedir diligencias adicionales una vez practicadas las previstas", subraya el abogado.
La defensa cuestiona que el juez muestre "extrañeza" por que la esposa del presidente mantenga reuniones de trabajo en La Moncloa como la que mantuvo con el rector de la Complutense. "La utilización de la residencia como lugar eventual de encuentro no obedecía a propósito alguno de singularización, jerarquización o presión sobre los asistentes, sino a razones objetivas de seguridad y discreción institucional".
Tampoco cree Camacho que exista delito de apropiación indebida porque si el software nunca se llegó a registrar fue porque no llegó a finalizarse. Llama la atención que el magistrado sostenga que la web estuvo plenamente operativa porque todos los técnicos han manifestado lo contrario y lo que nos han relatado es que se hicieron pruebas, pero que el programa no funcionaba", dice. La defensa de Gómez y la de la asesora coinciden en recurrir también el delito de malversación. No existió, insiste el abogado de Álvarez, pero en caso de que se produjera la asistente jamás debería estar acusada. Hazte Oír propone que testifique desde Pedro Sánchez, hasta el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien Peinado trató de imputar sin éxito porque el Supremo lo frenó en seco.
Hazte Oír atribuye a Gómez los mismos delitos que el juez Peinado.
La asociación ultra cree que Gómez desplegó su carrera a través de una cátedra.
Begoña Gómez, en Pekín el día 13. A. MARTÍNEZ CASARES (AP / LAPRESSE)
La esposa de Sánchez: "Se pretende llegar a un objetivo a costa de masacrar la verdad"
IRENE DORTA
Madrid
La acusación popular en el caso Begoña Gómez, que lidera la asociación ultracatólica Hazte Oír, ha presentado este lunes el escrito con la petición de penas para un hipotético juicio con jurado contra la esposa del presidente del Gobierno. Las acusaciones piden 24 años de prisión para la esposa de Pedro Sánchez, a la que atribuyen los mismos cuatro delitos que el juez instructor, Juan Carlos Peinado: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Además, reclaman 22 años de cárcel para la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, y seis para el tercer acusado, el empresario Juan Carlos Barrabés.
Por su parte, tanto Begoña Gómez como la asesora han recurrido a la Audiencia Provincial la decisión de Peinado de dar por finalizada la instrucción de forma, a su juicio, irregular porque no se ha permitido a los acusados realizar nuevas peticiones ni se ha terminado de contestar los recursos. "Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad", apunta el letrado de Gómez, el exministro Antonio Camacho. "¿Comete malversación el cocinero que prepara una comida privada para la familia del presidente?", se pregunta el letrado de la asesora, José María de Pablo.
La acusación popular ha abrazado el relato del juez Peinado, que la semana pasada dio por concluida la fase de investigación para acercar a los tres acusados a juicio. Las partes tenían cinco días para presentar sus escritos de conclusiones. La Fiscalía nunca ha visto delito en esta causa, así que Hazte Oír como acusación popular estaba llamada a presentar este escrito en representación de un mosaico de acusaciones variopintas que van desde partidos políticos (Vox e Iustitia Europa) hasta el pseudosindicato Manos Limpias, Movimiento de Regeneración Política de España y un exalcalde del PP a título particular. Entre ellas, ni siquiera están de acuerdo: Manos Limpias considera que la asesora no debe estar imputada.
La asociación ultra cree que Gómez se aprovechó de la llegada de Sánchez a la presidencia para desplegar su carrera con la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid; que se valió de su posición para buscar financiación de empresas; que ayudó a que se diera una adjudicación pública a Barrabés; que registró de manera irregular una web donde iba a alojar un software para su máster y que utilizó a su asesora para actividades privadas.
"Todo ello se produjo pese a no ser licenciada universitaria y sin que aparezca en autos un proceso abierto y competitivo de selección académica", refleja el letrado sobre la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social y Competitiva. Hazte Oír solicita, además, la imposición de una fianza que no cuantifican, la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.
Gómez, en cambio, defiende que su actuación fue totalmente regular y niega todo tipo de ilegalidad en la gestación de la cátedra que para Peinado supone la base del delito de tráfico de influencias. "Eso refleja o una falacia consciente o el máximo desinterés por lo que han relatado todos y cada uno de los funcionarios" de la Complutense, apunta el letrado, recordando una vez más que la cátedra era gratuita. La defensa cuestiona, además, la "rapidez inusitada" con la que se ha dado carpetazo a la investigación. "Esto no constituye una infracción menor, puesto que está privando a todas las partes del derecho que les concede la Ley de pedir diligencias adicionales una vez practicadas las previstas", subraya el abogado.
La defensa cuestiona que el juez muestre "extrañeza" por que la esposa del presidente mantenga reuniones de trabajo en La Moncloa como la que mantuvo con el rector de la Complutense. "La utilización de la residencia como lugar eventual de encuentro no obedecía a propósito alguno de singularización, jerarquización o presión sobre los asistentes, sino a razones objetivas de seguridad y discreción institucional".
Tampoco cree Camacho que exista delito de apropiación indebida porque si el software nunca se llegó a registrar fue porque no llegó a finalizarse. Llama la atención que el magistrado sostenga que la web estuvo plenamente operativa porque todos los técnicos han manifestado lo contrario y lo que nos han relatado es que se hicieron pruebas, pero que el programa no funcionaba", dice. La defensa de Gómez y la de la asesora coinciden en recurrir también el delito de malversación. No existió, insiste el abogado de Álvarez, pero en caso de que se produjera la asistente jamás debería estar acusada. Hazte Oír propone que testifique desde Pedro Sánchez, hasta el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien Peinado trató de imputar sin éxito porque el Supremo lo frenó en seco.
Hazte Oír atribuye a Gómez los mismos delitos que el juez Peinado.
La asociación ultra cree que Gómez desplegó su carrera a través de una cátedra.
Begoña Gómez, en Pekín el día 13. A. MARTÍNEZ CASARES (AP / LAPRESSE)