Atomizan la transparencia: las ventanillas de atención pasarán de 33 a más de 300
Resumen:
La extinción del INAI y los 32 institutos locales deja la labor en manos de 18 autoridades federales y 288 estatales.
Transcripción:
La extinción del INAI y los 32 institutos locales deja la labor en manos de 18 autoridades federales y 288 estatales.
Con más de 300 ventanillas, atomizan la transparencia.
La extinción del INAI y los 32 institutos locales deja la labor en manos de 18 autoridades federales y 288 estatales; a pesar de que era una "simplificación orgánica", la nueva ley la elevó.
La reforma de transparencia ocasionará que se atomicen las "ventanillas" para que los ciudadanos reclamen cuando el gobierno les niegue información, pues pasarán de 33, es decir, los 32 institutos estatales que desaparecerán y uno nacional que ya se extinguió, a más de 300 oficinas menores, que es la cifra mínima de "autoridades garantes" que habrá en el país.
Después de que en marzo desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el pasado 19 de junio se cumplió el plazo para que los organismos de los estados comenzaran a desaparecer.
La extinción de los institutos de transparencia no solo implicó atomizar sus funciones, sino también borrar su autonomía.
Como las funciones del INAI fueron repartidas entre 18 autoridades a nivel federal, las facultades de los institutos locales se repartirán, al menos, entre nueve autoridades por cada estado, es decir, 288 autoridades estatales.
Eso daría un total nacional, mínimo, de 306 "ventanillas" en las que se podrá reclamar, dependiendo de la institución que haya negado la información, lo que, además, significa que las instituciones se revisarán a sí mismas.
A pesar de que la reforma constitucional se anunció como "simplificación orgánica", la nueva Ley General de Transparencia multiplicó las instancias responsables en el país.
A nivel federal, las 18 autoridades serán: una para el Poder Ejecutivo, que se llama Transparencia para el Pueblo; una para la Cámara de Diputados; una para el Senado; una para el Poder Judicial y otra para la Auditoría Superior de la Federación, que para estos efectos se cuenta por separado.
Además, una para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, otra para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que vigilarán los sindicatos.
Y una por cada organismo autónomo: el INE, que además vigilará la transparencia de los partidos políticos; la CNDH; la FGR; el Banco de México; el Inegi; la UNAM; la UAM; la Universidad Autónoma de Chapingo; la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y los todavía existentes IFT y Cofece.
Cada una de esas "ventanillas" atenderá las quejas de los ciudadanos, según les corresponda.
A nivel estatal, el esquema se replicará y las nueve "autoridades garantes", que mínimo, una será para el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la auditoría estatal, la autoridad laboral, el instituto electoral, la Comisión de Derechos Humanos, la fiscalía y para la universidad autónoma estatal, pero estas instituciones pueden ser más.
Multiplicadas esas nueve autoridades por 32 estados dan un total de 288 "ventanillas", pero pueden ser más si los municipios se contaran por separado.
Hasta ahora, la Ley General establece que la autoridad garante del Poder Ejecutivo local atenderá las quejas contra municipios, pero más de 300 gobiernos municipales presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar esa disposición.
Los presidentes municipales panistas, a la que se sumó la Asociación Nacional de Alcaldes, en representación de otros 314 gobiernos municipales, acusaron que la ley viola el principio del municipio libre y soberano, pues pretende que el gobierno estatal tenga autoridad sobre el municipal en materia de transparencia.
De lo que resuelva la Corte, se podrá determinar si aumentarán las "ventanillas".
Para la comisionada María del Carmen Nava, comisionada del instituto de transparencia de la Ciudad de México, la atomización hará que los ciudadanos dejen de preguntar.
"Esa atomización va a llevar al desincentivo por parte de la sociedad para pedir información, porque si de por sí ahora se requería un perfil de alta especialización", señaló.
Más allá de la atomización, hasta ahora, los Congresos locales de seis estados han aprobado reformas a sus constituciones y ya desaparecieron sus institutos, mientras que en siete ya hay reforma, pero los institutos siguen operando, y en 10 hay iniciativa sin aprobar.
En los demás, no se ha identificado propuesta de reforma constitucional.
Con las reformas constitucionales, legales, las legislaturas tendrán la libertad de crear nuevos modelos de transparencia local.
La autoridad del Poder Ejecutivo local será la más relevante porque tendrá la facultad sobre un mayor número de instituciones, pues abarcará todas las dependencias gubernamentales estatales. Por lo que la discusión se centrará en dos temas: qué tanta independencia tendrá esa autoridad respecto al gobierno local y cómo funcionará la oficina de esa autoridad.
"Esa atomización va a orillar a la sociedad a dejar de solicitar información", concluyó.
En marzo desapareció el organismo nacional.
Con más de 300 ventanillas, atomizan la transparencia.
La extinción del INAI y los 32 institutos locales deja la labor en manos de 18 autoridades federales y 288 estatales; a pesar de que era una "simplificación orgánica", la nueva ley la elevó.
La reforma de transparencia ocasionará que se atomicen las "ventanillas" para que los ciudadanos reclamen cuando el gobierno les niegue información, pues pasarán de 33, es decir, los 32 institutos estatales que desaparecerán y uno nacional que ya se extinguió, a más de 300 oficinas menores, que es la cifra mínima de "autoridades garantes" que habrá en el país.
Después de que en marzo desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el pasado 19 de junio se cumplió el plazo para que los organismos de los estados comenzaran a desaparecer.
La extinción de los institutos de transparencia no solo implicó atomizar sus funciones, sino también borrar su autonomía.
Como las funciones del INAI fueron repartidas entre 18 autoridades a nivel federal, las facultades de los institutos locales se repartirán, al menos, entre nueve autoridades por cada estado, es decir, 288 autoridades estatales.
Eso daría un total nacional, mínimo, de 306 "ventanillas" en las que se podrá reclamar, dependiendo de la institución que haya negado la información, lo que, además, significa que las instituciones se revisarán a sí mismas.
A pesar de que la reforma constitucional se anunció como "simplificación orgánica", la nueva Ley General de Transparencia multiplicó las instancias responsables en el país.
A nivel federal, las 18 autoridades serán: una para el Poder Ejecutivo, que se llama Transparencia para el Pueblo; una para la Cámara de Diputados; una para el Senado; una para el Poder Judicial y otra para la Auditoría Superior de la Federación, que para estos efectos se cuenta por separado.
Además, una para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, otra para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que vigilarán los sindicatos.
Y una por cada organismo autónomo: el INE, que además vigilará la transparencia de los partidos políticos; la CNDH; la FGR; el Banco de México; el Inegi; la UNAM; la UAM; la Universidad Autónoma de Chapingo; la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y los todavía existentes IFT y Cofece.
Cada una de esas "ventanillas" atenderá las quejas de los ciudadanos, según les corresponda.
A nivel estatal, el esquema se replicará y las nueve "autoridades garantes", que mínimo, una será para el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la auditoría estatal, la autoridad laboral, el instituto electoral, la Comisión de Derechos Humanos, la fiscalía y para la universidad autónoma estatal, pero estas instituciones pueden ser más.
Multiplicadas esas nueve autoridades por 32 estados dan un total de 288 "ventanillas", pero pueden ser más si los municipios se contaran por separado.
Hasta ahora, la Ley General establece que la autoridad garante del Poder Ejecutivo local atenderá las quejas contra municipios, pero más de 300 gobiernos municipales presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar esa disposición.
Los presidentes municipales panistas, a la que se sumó la Asociación Nacional de Alcaldes, en representación de otros 314 gobiernos municipales, acusaron que la ley viola el principio del municipio libre y soberano, pues pretende que el gobierno estatal tenga autoridad sobre el municipal en materia de transparencia.
De lo que resuelva la Corte, se podrá determinar si aumentarán las "ventanillas".
Para la comisionada María del Carmen Nava, comisionada del instituto de transparencia de la Ciudad de México, la atomización hará que los ciudadanos dejen de preguntar.
"Esa atomización va a llevar al desincentivo por parte de la sociedad para pedir información, porque si de por sí ahora se requería un perfil de alta especialización", señaló.
Más allá de la atomización, hasta ahora, los Congresos locales de seis estados han aprobado reformas a sus constituciones y ya desaparecieron sus institutos, mientras que en siete ya hay reforma, pero los institutos siguen operando, y en 10 hay iniciativa sin aprobar.
En los demás, no se ha identificado propuesta de reforma constitucional.
Con las reformas constitucionales, legales, las legislaturas tendrán la libertad de crear nuevos modelos de transparencia local.
La autoridad del Poder Ejecutivo local será la más relevante porque tendrá la facultad sobre un mayor número de instituciones, pues abarcará todas las dependencias gubernamentales estatales. Por lo que la discusión se centrará en dos temas: qué tanta independencia tendrá esa autoridad respecto al gobierno local y cómo funcionará la oficina de esa autoridad.
"Esa atomización va a orillar a la sociedad a dejar de solicitar información", concluyó.
En marzo desapareció el organismo nacional.