Vanessa Calva bajo la lupa por presuntas omisiones en caso delicado dentro de la SRE. En la Secretaría dirigida por Juan Ramón de la Fuente ya empezó a hacer ruido una denuncia que apunta a Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica. El recurso fue presentado ante el Órgano Interno de Control por un particular que la señala, junto con otros funcionarios, por presuntas omisiones graves en la atención de un expediente relacionado con la restitución internacional de dos menores. Según el escrito, el denunciante —quien comparece por su propio derecho y en representación de sus hijas— asegura que desde marzo de 2025 entregó información y documentos para sostener que la residencia habitual de las menores se encontraba en México. Sin embargo, afirma que esos elementos no habrían sido valorados con la debida diligencia antes de que el caso fuera turnado a instancias judiciales. La denuncia también sostiene que se notificaron antecedentes sobre presuntos actos de violencia y la existencia de una resolución judicial mexicana que otorgaba la guarda y custodia de las niñas, datos que, según el promovente, tampoco habrían sido considerados por la autoridad. Con ese telón de fondo, el denunciante pide que se abra una investigación administrativa para deslindar responsabilidades y que incluso se dé vista al Ministerio Público Federal para revisar si hubo posibles faltas u omisiones en el ejercicio del servicio público y esto no es la primera vez. ¿Cómo terminará?
Transcripción:
Vanessa Calva bajo la lupa por presuntas omisiones en caso delicado dentro de la SRE. En la Secretaría dirigida por Juan Ramón de la Fuente ya empezó a hacer ruido una denuncia que apunta a Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica. El recurso fue presentado ante el Órgano Interno de Control por un particular que la señala, junto con otros funcionarios, por presuntas omisiones graves en la atención de un expediente relacionado con la restitución internacional de dos menores. Según el escrito, el denunciante —quien comparece por su propio derecho y en representación de sus hijas— asegura que desde marzo de 2025 entregó información y documentos para sostener que la residencia habitual de las menores se encontraba en México. Sin embargo, afirma que esos elementos no habrían sido valorados con la debida diligencia antes de que el caso fuera turnado a instancias judiciales. La denuncia también sostiene que se notificaron antecedentes sobre presuntos actos de violencia y la existencia de una resolución judicial mexicana que otorgaba la guarda y custodia de las niñas, datos que, según el promovente, tampoco habrían sido considerados por la autoridad. Con ese telón de fondo, el denunciante pide que se abra una investigación administrativa para deslindar responsabilidades y que incluso se dé vista al Ministerio Público Federal para revisar si hubo posibles faltas u omisiones en el ejercicio del servicio público y esto no es la primera vez. ¿Cómo terminará?