Frentes Políticos
Resumen:
1. Abandonados. Mientras el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, insiste en que "todo está bajo control", la realidad lo desmiente a balazos. La presidencia municipal de Huajicori, a cargo de Sergio Rangel Cervantes, fue rafagueada en plena madrugada, sin heridos, de milagro, pero con daños visibles en el ayuntamiento, vehículos oficiales y negocios vecinos. ¿La respuesta institucional? Tardía y sin detenidos, como ya es costumbre. En los últimos meses, este municipio ha sido campo de tiro del crimen organizado y el estado sigue actuando como si nada pasara. ¿Hasta cuándo se va a dejar en manos del narco el control territorial? Gobernar es proteger.
Transcripción:
1. Abandonados. Mientras el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, insiste en que "todo está bajo control", la realidad lo desmiente a balazos. La presidencia municipal de Huajicori, a cargo de Sergio Rangel Cervantes, fue rafagueada en plena madrugada, sin heridos, de milagro, pero con daños visibles en el ayuntamiento, vehículos oficiales y negocios vecinos. ¿La respuesta institucional? Tardía y sin detenidos, como ya es costumbre. En los últimos meses, este municipio ha sido campo de tiro del crimen organizado y el estado sigue actuando como si nada pasara. ¿Hasta cuándo se va a dejar en manos del narco el control territorial? Gobernar es proteger.
2. Podredumbre. Teuchitlán ya no es sólo sitio arqueológico, ahora es también ejemplo de cómo se entierran gobiernos en fosas de impunidad. Con José Asunción Murguía Santiago, alcalde preso por presunta colusión con el CJNG, y el rancho Izaguirre convertido en campo de entrenamiento criminal, el municipio se volvió sinónimo de colapso institucional. Entra Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros, dentista de profesión y político de ocasión, a intentar reconstruir lo que su antecesor entregó con recibo mensual. ¿Interino o relevo con control remoto? En Teuchitlán, Jalisco, no gobierna el cabildo, gobierna el silencio. Obligado o no.
3. Toxicidad. A nueve meses de que se inauguró con bombo y platillos la planta La Buena Mujer, en La Paz, Baja California Sur, la realidad es que el agua que llega a los hogares no purifica, envenena. Expertos denuncian que se han distribuido millones de litros contaminados con metales pesados, mientras el pozo de San Antonio sigue cargado de arsénico. En Los Cabos, los turistas riegan campos de golf mientras las colonias populares se abastecen a cubetazos. ¿Y el gobernador Víctor Castro Cosío dónde está? Parece más ocupado en negar que en gobernar. El agua es un derecho, no una ruleta tóxica patrocinada por la omisión.
4. Incendio digital. Tras asegurar que en el DIF de Campeche "no hay desvíos, sólo fallas administrativas", la gobernadora Layda Sansores desató una tormenta en redes sociales que ni Dios padre pudo contener. Cientos de ciudadanos respondieron con ironía y furia ante la desfachatez. La acusan de encubrimiento, nepotismo y de maquillar auditorías. Las redes ardieron con frases como "que se lo crea su mamá" o "descubriendo una nueva modalidad de robo". La credibilidad está por los suelos y la paciencia, al límite. Si Layda quería apagar fuegos con saliva, acabó echándole gasolina. En Campeche, el DIF no sólo no da confianza, da coraje. Y ella, más.
5. Desgobierno. En Hidalgo, la presión callejera le marca el paso a la justicia. Cientos de simpatizantes del exalcalde Armando Mera Olguín, acusado de peculado, y de otros tres actores políticos, cerraron vialidades y cercaron el Congreso local exigiendo una resolución "pronta y justa". Pero lo que denuncian no es lentitud, sino mano política. Acusan al gobernador Julio Menchaca y al secretario Guillermo Olivares de convertir los tribunales en trincheras partidistas. Y cuando un juicio se percibe como vendetta, el Estado pierde legitimidad. Menchaca prometió cambio, pero si usa la ley como garrote, sólo confirma lo que vino a reemplazar.
2. Podredumbre. Teuchitlán ya no es sólo sitio arqueológico, ahora es también ejemplo de cómo se entierran gobiernos en fosas de impunidad. Con José Asunción Murguía Santiago, alcalde preso por presunta colusión con el CJNG, y el rancho Izaguirre convertido en campo de entrenamiento criminal, el municipio se volvió sinónimo de colapso institucional. Entra Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros, dentista de profesión y político de ocasión, a intentar reconstruir lo que su antecesor entregó con recibo mensual. ¿Interino o relevo con control remoto? En Teuchitlán, Jalisco, no gobierna el cabildo, gobierna el silencio. Obligado o no.
3. Toxicidad. A nueve meses de que se inauguró con bombo y platillos la planta La Buena Mujer, en La Paz, Baja California Sur, la realidad es que el agua que llega a los hogares no purifica, envenena. Expertos denuncian que se han distribuido millones de litros contaminados con metales pesados, mientras el pozo de San Antonio sigue cargado de arsénico. En Los Cabos, los turistas riegan campos de golf mientras las colonias populares se abastecen a cubetazos. ¿Y el gobernador Víctor Castro Cosío dónde está? Parece más ocupado en negar que en gobernar. El agua es un derecho, no una ruleta tóxica patrocinada por la omisión.
4. Incendio digital. Tras asegurar que en el DIF de Campeche "no hay desvíos, sólo fallas administrativas", la gobernadora Layda Sansores desató una tormenta en redes sociales que ni Dios padre pudo contener. Cientos de ciudadanos respondieron con ironía y furia ante la desfachatez. La acusan de encubrimiento, nepotismo y de maquillar auditorías. Las redes ardieron con frases como "que se lo crea su mamá" o "descubriendo una nueva modalidad de robo". La credibilidad está por los suelos y la paciencia, al límite. Si Layda quería apagar fuegos con saliva, acabó echándole gasolina. En Campeche, el DIF no sólo no da confianza, da coraje. Y ella, más.
5. Desgobierno. En Hidalgo, la presión callejera le marca el paso a la justicia. Cientos de simpatizantes del exalcalde Armando Mera Olguín, acusado de peculado, y de otros tres actores políticos, cerraron vialidades y cercaron el Congreso local exigiendo una resolución "pronta y justa". Pero lo que denuncian no es lentitud, sino mano política. Acusan al gobernador Julio Menchaca y al secretario Guillermo Olivares de convertir los tribunales en trincheras partidistas. Y cuando un juicio se percibe como vendetta, el Estado pierde legitimidad. Menchaca prometió cambio, pero si usa la ley como garrote, sólo confirma lo que vino a reemplazar.