Desairan Poderes informe de Piña
Resumen:
Afirma Ministra que ofensiva de 4T inició por no apoyar ese proyecto político
Transcripción:
Afirma ministra que la ofensiva de la 4T inició por no apoyar ese proyecto político
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo dejaron prácticamente sola a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, en su segundo y último informe anual.
Ninguno de los presidentes de las Cámaras del Congreso se presentó al evento en la Corte, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum solo envió a César Yañez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.
En 2023, pese al enfrentamiento abierto con el Gobierno, estuvo presente la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y asistió la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra.
En años previos, invariablemente acudían al informe el presidente de la República, los líderes de ambas Cámaras y dos o tres miembros del Gabinete, por lo menos.
Para evidenciar aún más la división al interior del Poder Judicial Federal (PJF), tampoco asistieron tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Se trata de la presidenta, Mónica Soto, y sus colegas Felipe Fuente y Felipe de la Mata, quienes consistentemente han favorecido a Morena con sus sentencias.
En cambio, asistieron ministros en retiro como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora.
En su discurso, la ministra Piña sostuvo que su elección al frente de la Corte, en enero de 2023, significó el regreso de la plena autonomía del tribunal y el inicio de una ofensiva del Gobierno y los medios oficiales para revertirla por no sumarse al proyecto político dominante.
Sostuvo que la reforma judicial, además de no tener precedente a nivel mundial, tiene dos problemas de origen: se hizo sin diagnóstico y se basa en una narrativa falsa, repetida una y otra vez, una posverdad que no apeló a hechos objetivos, sino a emociones y sentimientos.
De acuerdo con Piña, tres sentencias adversas al Gobierno, dictadas en un espacio de dos meses en 2023, fueron las que recrudecieron la campaña permanente de ataques que culminaron con la reforma judicial: en abril, la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa; en mayo, la nulidad del decreto de Andrés Manuel López Obrador para clasificar como seguridad nacional y exentar de trámites sus obras prioritarias; y en junio, la cancelación del Plan B de reformas electorales.
"Cada vez que la Corte resolvió uno de esos casos, los ministros que votamos en contra de lo que el Gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco. E incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces constitucionales y de cara a la sociedad", soltó.
Sin embargo, aclaró, 2023 no fue el principio.
"La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal, para sujetarlo a lógicas electorales partidistas, se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Corte y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional; pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes", dijo.
Destacó, como muestra de injerencia política, el intento en 2021 de Morena y sus aliados en el Congreso para prolongar, hasta el final del sexenio, la presidencia de Arturo Zaldívar, ahora funcionario del Gobierno de Claudia Sheinbaum y operador central de la reforma.
"Posteriormente, se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con juicios políticos", acusó.
"No soy solo yo, sino también la academia y los organismos internacionales que advierten que todas estas campañas constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial y una muy peligrosa práctica antidemocrática".
Norma Piña, ministra presidenta de la Corte
"Las y los ministros que votamos en contra de lo que el Gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada".
"Todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial y, consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática".
Tras el discurso de Piña, todos los asistentes al evento en la Corte aplaudieron, menos las ministras Loretta Ortiz y Yasmin Esquivel, afines al Gobierno federal.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo dejaron prácticamente sola a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, en su segundo y último informe anual.
Ninguno de los presidentes de las Cámaras del Congreso se presentó al evento en la Corte, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum solo envió a César Yañez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.
En 2023, pese al enfrentamiento abierto con el Gobierno, estuvo presente la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y asistió la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra.
En años previos, invariablemente acudían al informe el presidente de la República, los líderes de ambas Cámaras y dos o tres miembros del Gabinete, por lo menos.
Para evidenciar aún más la división al interior del Poder Judicial Federal (PJF), tampoco asistieron tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Se trata de la presidenta, Mónica Soto, y sus colegas Felipe Fuente y Felipe de la Mata, quienes consistentemente han favorecido a Morena con sus sentencias.
En cambio, asistieron ministros en retiro como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora.
En su discurso, la ministra Piña sostuvo que su elección al frente de la Corte, en enero de 2023, significó el regreso de la plena autonomía del tribunal y el inicio de una ofensiva del Gobierno y los medios oficiales para revertirla por no sumarse al proyecto político dominante.
Sostuvo que la reforma judicial, además de no tener precedente a nivel mundial, tiene dos problemas de origen: se hizo sin diagnóstico y se basa en una narrativa falsa, repetida una y otra vez, una posverdad que no apeló a hechos objetivos, sino a emociones y sentimientos.
De acuerdo con Piña, tres sentencias adversas al Gobierno, dictadas en un espacio de dos meses en 2023, fueron las que recrudecieron la campaña permanente de ataques que culminaron con la reforma judicial: en abril, la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa; en mayo, la nulidad del decreto de Andrés Manuel López Obrador para clasificar como seguridad nacional y exentar de trámites sus obras prioritarias; y en junio, la cancelación del Plan B de reformas electorales.
"Cada vez que la Corte resolvió uno de esos casos, los ministros que votamos en contra de lo que el Gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco. E incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces constitucionales y de cara a la sociedad", soltó.
Sin embargo, aclaró, 2023 no fue el principio.
"La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal, para sujetarlo a lógicas electorales partidistas, se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Corte y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional; pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes", dijo.
Destacó, como muestra de injerencia política, el intento en 2021 de Morena y sus aliados en el Congreso para prolongar, hasta el final del sexenio, la presidencia de Arturo Zaldívar, ahora funcionario del Gobierno de Claudia Sheinbaum y operador central de la reforma.
"Posteriormente, se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con juicios políticos", acusó.
"No soy solo yo, sino también la academia y los organismos internacionales que advierten que todas estas campañas constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial y una muy peligrosa práctica antidemocrática".
Norma Piña, ministra presidenta de la Corte
"Las y los ministros que votamos en contra de lo que el Gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada".
"Todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial y, consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática".
Tras el discurso de Piña, todos los asistentes al evento en la Corte aplaudieron, menos las ministras Loretta Ortiz y Yasmin Esquivel, afines al Gobierno federal.