El juez sostiene que el PSOE pagó para torpedear investigaciones
Resumen:
Pedraz imputa a Santos Cerdán y a la gerente por una trama contra jueces y fiscales La Audiencia sostiene que Leire Díez cobró 4.000 euros mensuales del partido La Guardia Civil entra en Ferraz para buscar documentación sobre la red.
Transcripción:
NUEVAS REVELACIONES DEL ‘CASO LEIRE’
El juez sostiene que el PSOE pagó para torpedear investigaciones
Pedraz imputa a Santos Cerdán y a la gerente por una trama contra jueces y fiscales
La Audiencia sostiene que Leire Díez cobró 4.000 euros mensuales del partido
La Guardia Civil entra en Ferraz para buscar documentación sobre la red
J. J. GÁLVEZ / IRENE DORTA
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sostiene que el PSOE pagó a una trama para torpedear investigaciones judiciales en el conocido como caso Leire, por la exmilitante socialista Leire Díez. Pedraz ordenó ayer a la Guardia Civil que acudiera a Ferraz, sede del partido, para recabar documentación sobre la red. Según el juez, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, encabezó las maniobras para atacar a jueces, fiscales y agentes de la UCO tras la causa abierta contra la esposa de Pedro Sánchez. Pedraz ha imputado a Cerdán por el pago de 4.000 euros mensuales a Leire Díez. También imputa a la gerente de los socialistas, Ana Fuentes.
El juez cree que el PSOE pagó a Leire Díez para boicotear investigaciones judiciales
El magistrado Santiago Pedraz envía a la UCO a buscar documentación a la sede de Ferraz sobre la trama, supuestamente liderada por Santos Cerdán
IRENE DORTA / J. J. GÁLVEZ
Madrid
El PSOE todavía no había recuperado los ánimos tras conocer la imputación, hace nueve días, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, cuando otro magistrado del mismo tribunal, Santiago Pedraz, lanzó ayer a primera hora otra carga de consecuencias imprevisibles contra la línea de flotación del partido. Pedraz envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede federal socialista de la calle de Ferraz de Madrid a buscar documentación sobre una causa que investiga bajo secreto desde diciembre, y que tiene que ver con una supuesta trama, liderada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez, para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".
La operación, que se desarrolló durante 12 horas, sorprendió al presidente del Gobierno y líder socialista en Roma, adonde había acudido a entrevistarse con el papa León XIV antes de la visita del Pontífice a España. Mientras tanto, en el Congreso arreciaban las peticiones de que Sánchez disuelva la legislatura y convoque elecciones, con unos ministros, tanto del PSOE como de Sumar, absolutamente aturdidos por la noticia.
En la resolución por la que autorizaba al instituto armado a solicitar mediante requerimiento —o a llevarse por la fuerza si fuera preciso— los documentos de la sede central socialista, el juez Pedraz explicaba que Cerdán supuestamente "[puso] a disposición de la estructura criminal la estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada".
El magistrado expone en el auto que entre 2024 y 2025, Cerdán y Leire Díez mantuvieron al menos 39 reuniones —22 de ellas en Ferraz— para que la militante le diera cuenta de sus gestiones para supuestamente boicotear las investigaciones que afectaban al partido. La exmilitante, que fue concejal en Vega de Pas (Cantabria) y directiva en las empresas públicas Enusa y Correos, percibió, según el auto, 4.000 euros mensuales "con cargo a los fondos del partido". Estas y otras cantidades fueron vehiculadas a través de una sociedad de Gaspar Zarrías, exconsejero de la Junta de Andalucía, y el letrado Ismael Oliver Romero, investigados también en la causa junto con la gerente de la formación, Ana María Fuentes. El magistrado atribuye a esta responsable de las finanzas del partido el haber emitido órdenes de encargo a Zarrías y Romero sobre las que estos supuestamente elaboraron facturas falsas equivalentes a las cantidades que luego abonaron a la llamada fontanera del PSOE.
El magistrado instructor pone énfasis en su auto en la fecha en la que se celebra la reunión que da inicio a la presunta trama delictiva: el 26 de abril de 2024. Dos días antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había publicado su Carta a la ciudadanía, en la que anunciaba que se tomaba cinco días de reflexión sobre su futuro tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por parte del juez de Madrid Juan Carlos Peinado. La víspera de ese encuentro, Leire Díez envió un mensaje a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e imputado con ella en otra causa, en la que le anunciaba: "Me voy de urgencia a Madrid (...). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente".
Según el auto, en esa reunión fundacional de la trama participaron, aparte de Leire Díez y Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, y Ion Antolín, director de Comunicación del partido. Desde ese momento, explica el juez, los investigados "comienzan a desarrollar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización" de las causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno. Entre esos sumarios, el auto cita los que afectan al hermano de Sánchez por supuesto enchufismo en la Diputación de Badajoz —Leire Díez se fijó como objetivo "destruir el procedimiento"—, el de la esposa del presidente o el caso Koldo de corrupción, que había estallado en febrero de 2024 con la detención de Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.
El auto señala "una serie de cuestiones de interés". El 29 de abril de 2024, Sánchez compareció tras sus cinco días de reflexión. Al escuchar su discurso, Leire Díez comentó a Vicente Fernández: "El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo". Sobre la misma comparecencia, Juan Manuel Serrano comentó a Leire Díez: "Mira el jefe como cita lo de los audios".
El magistrado desgrana en la resolución las maniobras de la trama de Santos Cerdán y Leire Díez para entorpecer en beneficio del partido las diferentes causas judiciales que le afectan. Así, la red supuestamente habló de ofrecer 300.000 euros al fiscal anticorrupción José Grinda a cambio de que promoviera el archivo de causas judiciales que dependían de él. También plantearon usar a este fiscal como medio para obtener información comprometedora contra Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
La trama supuestamente trató de atraerse a un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba —investigado por cohecho y blanqueo— para que le facilitara datos sensibles tanto sobre el fiscal Grinda como sobre los principales mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). En el sumario constan al menos dos reuniones de Leire Díez con él en marzo de 2025.
Otra supuesta línea de actuación tenía que ver con el fiscal Ignacio Stampa, al que Leire Díez y Pérez Dolset contactaron en mayo del año pasado, al que intentaron captar en su beneficio con la promesa de hacerle retornar a la Fiscalía Anticorrupción, de la que fue apartado durante la etapa de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado.
La trama también se sirvió del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, previamente destinado en la UCO y que, según el auto, facilitó en diciembre de 2024 a Leire Díez información secreta sobre la estructura de esta unidad dedicada a investigar delitos de especial complejidad.
La red no se limitó a los cargos públicos. La organización de Cerdán y Leire Díez, según el auto, intentó sobornar a la empresaria Carmen Pano, que había declarado judicialmente que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz. De acuerdo con la resolución, llegaron a ofrecerle 50.000 euros para que modificara su declaración testifical. "Esta se vende. Debemos saber comprar", dijo Leire, que dio su visto bueno a que el letrado Oliver negociara con Pano. La resolución del juez Pedraz señala que existen indicios de que ese ofrecimiento económico a la testigo se materializó a través de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García. De la Hoz ha negado este extremo.
El escrito del juez recoge otros indicios de cómo la organización trató de "inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO". Así, recoge la presentación de "sucesivas denuncias" sobre la actuación de los agentes ante la Fiscalía General del Estado para después darles publicidad y "hacer germinar el despectivo y contaminante título de UCO patriótica". También cita el impulso de sospechas ante la directora general de la Guardia Civil, que dieron lugar a expedientes de información reservada sobre la filtración de mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. La UCO, que también hizo diligencias en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, tomó manifestación a al menos tres generales del instituto armado sobre estos expedientes internos.
Pedro Sánchez conoció la noticia de la actuación de la Guardia Civil en la sede del PSOE a su salida del Vaticano. La necesidad de informarse sobre lo que estaba sucediendo hizo que se retrasara la rueda de prensa prevista en la Embajada de España ante la Santa Sede. "No es un registro, es un requerimiento; esto yo creo que es importante que lo sepan los ciudadanos. Hay muchos requerimientos que se hacen en muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada", precisó, a preguntas de los periodistas, informa Íñigo Domínguez.
"No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación de la Audiencia Nacional que está en curso", añadió, tras garantizar una "total colaboración con la justicia", y señaló "También decir que, si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire Díez, evidentemente se tomaron las decisiones sobre ello inmediatamente cuando saltó a la luz este caso hace más de un año". "Si hay comportamientos irregulares, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes", concluyó.
Sánchez repitió que agotará legislatura: "No puedo convocar elecciones por interés partidista, tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas".
Dos policías, ayer en la puerta de la sede del PSOE, en Madrid, mientras agentes de la UCO recababan documentación. JUAN BARBOSA
Santiago Pedraz, en el centro, salía el martes de la Audiencia Nacional. CLAUDIO ÁLVAREZ
El juez fija el inicio de la trama en los cinco días de reflexión de Sánchez en 2024
La red ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para que cambiara su declaración
El requerimiento de información en la sede socialista se prolongó 12 horas
No puedo convocar elecciones por interés partidista, sino por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno.
El juez sostiene que el PSOE pagó para torpedear investigaciones
Pedraz imputa a Santos Cerdán y a la gerente por una trama contra jueces y fiscales
La Audiencia sostiene que Leire Díez cobró 4.000 euros mensuales del partido
La Guardia Civil entra en Ferraz para buscar documentación sobre la red
J. J. GÁLVEZ / IRENE DORTA
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sostiene que el PSOE pagó a una trama para torpedear investigaciones judiciales en el conocido como caso Leire, por la exmilitante socialista Leire Díez. Pedraz ordenó ayer a la Guardia Civil que acudiera a Ferraz, sede del partido, para recabar documentación sobre la red. Según el juez, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, encabezó las maniobras para atacar a jueces, fiscales y agentes de la UCO tras la causa abierta contra la esposa de Pedro Sánchez. Pedraz ha imputado a Cerdán por el pago de 4.000 euros mensuales a Leire Díez. También imputa a la gerente de los socialistas, Ana Fuentes.
El juez cree que el PSOE pagó a Leire Díez para boicotear investigaciones judiciales
El magistrado Santiago Pedraz envía a la UCO a buscar documentación a la sede de Ferraz sobre la trama, supuestamente liderada por Santos Cerdán
IRENE DORTA / J. J. GÁLVEZ
Madrid
El PSOE todavía no había recuperado los ánimos tras conocer la imputación, hace nueve días, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, cuando otro magistrado del mismo tribunal, Santiago Pedraz, lanzó ayer a primera hora otra carga de consecuencias imprevisibles contra la línea de flotación del partido. Pedraz envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede federal socialista de la calle de Ferraz de Madrid a buscar documentación sobre una causa que investiga bajo secreto desde diciembre, y que tiene que ver con una supuesta trama, liderada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez, para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".
La operación, que se desarrolló durante 12 horas, sorprendió al presidente del Gobierno y líder socialista en Roma, adonde había acudido a entrevistarse con el papa León XIV antes de la visita del Pontífice a España. Mientras tanto, en el Congreso arreciaban las peticiones de que Sánchez disuelva la legislatura y convoque elecciones, con unos ministros, tanto del PSOE como de Sumar, absolutamente aturdidos por la noticia.
En la resolución por la que autorizaba al instituto armado a solicitar mediante requerimiento —o a llevarse por la fuerza si fuera preciso— los documentos de la sede central socialista, el juez Pedraz explicaba que Cerdán supuestamente "[puso] a disposición de la estructura criminal la estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada".
El magistrado expone en el auto que entre 2024 y 2025, Cerdán y Leire Díez mantuvieron al menos 39 reuniones —22 de ellas en Ferraz— para que la militante le diera cuenta de sus gestiones para supuestamente boicotear las investigaciones que afectaban al partido. La exmilitante, que fue concejal en Vega de Pas (Cantabria) y directiva en las empresas públicas Enusa y Correos, percibió, según el auto, 4.000 euros mensuales "con cargo a los fondos del partido". Estas y otras cantidades fueron vehiculadas a través de una sociedad de Gaspar Zarrías, exconsejero de la Junta de Andalucía, y el letrado Ismael Oliver Romero, investigados también en la causa junto con la gerente de la formación, Ana María Fuentes. El magistrado atribuye a esta responsable de las finanzas del partido el haber emitido órdenes de encargo a Zarrías y Romero sobre las que estos supuestamente elaboraron facturas falsas equivalentes a las cantidades que luego abonaron a la llamada fontanera del PSOE.
El magistrado instructor pone énfasis en su auto en la fecha en la que se celebra la reunión que da inicio a la presunta trama delictiva: el 26 de abril de 2024. Dos días antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había publicado su Carta a la ciudadanía, en la que anunciaba que se tomaba cinco días de reflexión sobre su futuro tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por parte del juez de Madrid Juan Carlos Peinado. La víspera de ese encuentro, Leire Díez envió un mensaje a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e imputado con ella en otra causa, en la que le anunciaba: "Me voy de urgencia a Madrid (...). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente".
Según el auto, en esa reunión fundacional de la trama participaron, aparte de Leire Díez y Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, y Ion Antolín, director de Comunicación del partido. Desde ese momento, explica el juez, los investigados "comienzan a desarrollar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización" de las causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno. Entre esos sumarios, el auto cita los que afectan al hermano de Sánchez por supuesto enchufismo en la Diputación de Badajoz —Leire Díez se fijó como objetivo "destruir el procedimiento"—, el de la esposa del presidente o el caso Koldo de corrupción, que había estallado en febrero de 2024 con la detención de Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.
El auto señala "una serie de cuestiones de interés". El 29 de abril de 2024, Sánchez compareció tras sus cinco días de reflexión. Al escuchar su discurso, Leire Díez comentó a Vicente Fernández: "El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo". Sobre la misma comparecencia, Juan Manuel Serrano comentó a Leire Díez: "Mira el jefe como cita lo de los audios".
El magistrado desgrana en la resolución las maniobras de la trama de Santos Cerdán y Leire Díez para entorpecer en beneficio del partido las diferentes causas judiciales que le afectan. Así, la red supuestamente habló de ofrecer 300.000 euros al fiscal anticorrupción José Grinda a cambio de que promoviera el archivo de causas judiciales que dependían de él. También plantearon usar a este fiscal como medio para obtener información comprometedora contra Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
La trama supuestamente trató de atraerse a un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba —investigado por cohecho y blanqueo— para que le facilitara datos sensibles tanto sobre el fiscal Grinda como sobre los principales mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). En el sumario constan al menos dos reuniones de Leire Díez con él en marzo de 2025.
Otra supuesta línea de actuación tenía que ver con el fiscal Ignacio Stampa, al que Leire Díez y Pérez Dolset contactaron en mayo del año pasado, al que intentaron captar en su beneficio con la promesa de hacerle retornar a la Fiscalía Anticorrupción, de la que fue apartado durante la etapa de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado.
La trama también se sirvió del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, previamente destinado en la UCO y que, según el auto, facilitó en diciembre de 2024 a Leire Díez información secreta sobre la estructura de esta unidad dedicada a investigar delitos de especial complejidad.
La red no se limitó a los cargos públicos. La organización de Cerdán y Leire Díez, según el auto, intentó sobornar a la empresaria Carmen Pano, que había declarado judicialmente que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz. De acuerdo con la resolución, llegaron a ofrecerle 50.000 euros para que modificara su declaración testifical. "Esta se vende. Debemos saber comprar", dijo Leire, que dio su visto bueno a que el letrado Oliver negociara con Pano. La resolución del juez Pedraz señala que existen indicios de que ese ofrecimiento económico a la testigo se materializó a través de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García. De la Hoz ha negado este extremo.
El escrito del juez recoge otros indicios de cómo la organización trató de "inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO". Así, recoge la presentación de "sucesivas denuncias" sobre la actuación de los agentes ante la Fiscalía General del Estado para después darles publicidad y "hacer germinar el despectivo y contaminante título de UCO patriótica". También cita el impulso de sospechas ante la directora general de la Guardia Civil, que dieron lugar a expedientes de información reservada sobre la filtración de mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. La UCO, que también hizo diligencias en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, tomó manifestación a al menos tres generales del instituto armado sobre estos expedientes internos.
Pedro Sánchez conoció la noticia de la actuación de la Guardia Civil en la sede del PSOE a su salida del Vaticano. La necesidad de informarse sobre lo que estaba sucediendo hizo que se retrasara la rueda de prensa prevista en la Embajada de España ante la Santa Sede. "No es un registro, es un requerimiento; esto yo creo que es importante que lo sepan los ciudadanos. Hay muchos requerimientos que se hacen en muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada", precisó, a preguntas de los periodistas, informa Íñigo Domínguez.
"No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación de la Audiencia Nacional que está en curso", añadió, tras garantizar una "total colaboración con la justicia", y señaló "También decir que, si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire Díez, evidentemente se tomaron las decisiones sobre ello inmediatamente cuando saltó a la luz este caso hace más de un año". "Si hay comportamientos irregulares, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes", concluyó.
Sánchez repitió que agotará legislatura: "No puedo convocar elecciones por interés partidista, tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas".
Dos policías, ayer en la puerta de la sede del PSOE, en Madrid, mientras agentes de la UCO recababan documentación. JUAN BARBOSA
Santiago Pedraz, en el centro, salía el martes de la Audiencia Nacional. CLAUDIO ÁLVAREZ
El juez fija el inicio de la trama en los cinco días de reflexión de Sánchez en 2024
La red ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para que cambiara su declaración
El requerimiento de información en la sede socialista se prolongó 12 horas
No puedo convocar elecciones por interés partidista, sino por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno.