Gente Detrás del Dinero //ESSA, la batalla de la productividad y aranceles
Resumen:
ESSA LA BATALLA DE LA PRODUCTIVIDAD Y ARANCELES
Transcripción:
ESSA LA BATALLA DE LA PRODUCTIVIDAD Y ARANCELES
La paraestatal Exportadora de Sal es propietaria de las 80,500 hectáreas de la salina de origen marino más grande del mundo, ubicada dentro de la espectacular reserva de la biosfera de El Vizcaí, patrimonio natural de la humanidad. Para este año, la nueva administración, bajo las instrucciones de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, se propone para 2025 dos metas ambiciosas pero no imposibles: alcanzar nuevamente una producción de 7.5 millones de toneladas y colocar a precio redituable una de las sales certificadas de mayor pureza a nivel internacional, esencial para la gran mayoría de los procesos químicos y petroquímicos de la industria manufacturera y de servicios.
Durante largos años, el "socio ganancioso" fue la japonesa Mitsubishi, que, con su 49% de acciones en ESSA y de manera solapada por funcionarios intermedios e incluso líderes sindicales, compraba de manera exclusiva las cosechas por debajo de su costo de producción para luego revenderla a mayor precio y/o refinarla para multiplicar exponencialmente su valor.
Conocedores de su operación fraudulenta, el año pasado la compañía encabezada por Ken Kobayashi aceptó sin aspavientos la indemnización de sólo 75 millones de dólares con la que fue expropiada su participación accionaria. Tontamente, la administración mexicana que tomó la dirección de la paraestatal, a cargo de Carlos Patterson, sólo administró el desastre por meses: sin un plan comercial que atajara el boicot emprendido por Mitsubishi —acumulando una montaña de sal en el puerto de embarque en Isla de Cedros— y omitiendo un plan de modernización de los rudos pero ya fatigados equipos de cosecha.
Patterson sólo se encogió de hombros al mirar el fracaso de sus tres antecesores de la 4T (Antonio Avilés, Gregorio Cavazos y Raúl Franco), que le dejaron el remolcador chatarra Megalodón y el inconcluso remolcador Cormorán, que se pudre en algún astillero del Pacífico.
Pero ojo: el transporte marítimo de sal se ubica desde el punto estratégico para elevar la productividad de marismas pródigas de un producto cuya base —el sodio— se perfila como el nuevo paradigma para baterías eléctricas.
El último intento serio de sustituir los remolcadores y las barcazas fue durante el primer bienio de Enrique Peña Nieto, cuando el entonces director de la empresa, Jorge Humberto López Portillo, intentó comprar una barcaza autopropulsada; pero, "misteriosamente", fue acusado desde la Secretaría de Economía de realizar una "compra a modo", una acusación que forzó su salida, pero que el acusador —Economía, a cargo entonces de Ildefonso Guajardo— no pudo demostrar en tribunales.
Han corrido diversas versiones de que Guajardo y Tatiana Clouthier buscaron vender la paraestatal, a la que tildaban de disfuncional y con pérdidas... ¡pero cómo no tendría números rojos si el socio principal japonés se encargaba de pagar lo menos posible! Y ya no digamos de los "negocios ratoneros" que hicieron funcionarios de mandos medios, que se "ganaban su dinerito" comprando refacciones reparadas o de segundo uso para los fatigados equipos cosechadores o en la fundamental "Planta de Lavado", que limpia y protege 25,000 toneladas diarias de sal con sus 32 años en activo.
Los actuales mandos de la Secretaría de Economía, desde Ebrard, el subsecretario Luis Rosendo y el director de ESSA, Moisés Poblanno, determinaron darle un vuelco comercial y productivo a la empresa, sabedores de la riqueza mineral que posee el Estado mexicano, abriendo los mercados que generen los necesarios recursos para el reequipamiento, tarea a la que se ha convocado a empleados y sindicalistas de la empresa.
Y es que, pese a los aranceles del 12% establecidos por Donald Trump, tiene como proveedor nato de sal marina de uso industrial precisamente a México. El otro proveedor es China (sal de mina y metales pesados) con un arancel del 34%.
Sodi Cuéllar para la SCJN... ¿en serio? Dejen que este columnista aguante la risa. El pasado domingo, Ricardo Sodi Cuéllar inició su campaña para ganar toga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal del país. Pero desde San Felipe del Progreso surgieron varias preguntas incómodas. ¿Cómo puede alguien con ese historial aspirar a tan alta responsabilidad? Sodi Cuéllar es conocido por su gestión en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (PJEDOMEX), donde se ostenta como un valiente defensor de los derechos indígenas y un reformador desde dentro del sistema judicial mexicano. ¿En serio? Vaya, durante su mandato en el Poder Judicial del Edomex en 2020, fueron descubiertas varias redes de corrupción entre jueces y magistrados que cobraban cifras exorbitantes por emitir sentencias y notificaciones.
Pero ahora Sodi Cuéllar promete justicia intercultural y accesibilidad, que suenan bonitas en entrevistas que incluyen viajes a Marte. Y es que es difícil confiar en alguien que no pudo controlar la corrupción en su propio Tribunal.
Así, su candidatura recuerda la necesaria transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial que se promete (veremos) se decantará en la elección de junio próximo.
Veremos qué sucede, no con los aplausos y vítores, sino con la congruencia de las personas.
Energía y capital privado. No sorprendió que el actual modelo regulatorio energético fuera el eje de discusión en la Cumbre de Capital Privado 2025 de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). Entre los asistentes destacaron el secretario Edgar Amador Zamora, el subsecretario Vidal Llerenas, Jorge Mendoza, de Banobras, y Juan Gonzalo Flores, del IFC.
Fue muy relevante el mensaje de Tania Ortiz Mena, de Sempra Infraestructura, ahora que se aprobaron las nuevas leyes del sector energético que teóricamente ofrecen apertura y certeza jurídica a los inversionistas y usuarios: se calcula que para satisfacer la demanda inercial de electricidad y la relocalización de inversiones, urgen 24,000 millones de dólares para añadir unos 23 GW en los próximos 6 años.
MAURICIO FLORES
La paraestatal Exportadora de Sal es propietaria de las 80,500 hectáreas de la salina de origen marino más grande del mundo, ubicada dentro de la espectacular reserva de la biosfera de El Vizcaí, patrimonio natural de la humanidad. Para este año, la nueva administración, bajo las instrucciones de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, se propone para 2025 dos metas ambiciosas pero no imposibles: alcanzar nuevamente una producción de 7.5 millones de toneladas y colocar a precio redituable una de las sales certificadas de mayor pureza a nivel internacional, esencial para la gran mayoría de los procesos químicos y petroquímicos de la industria manufacturera y de servicios.
Durante largos años, el "socio ganancioso" fue la japonesa Mitsubishi, que, con su 49% de acciones en ESSA y de manera solapada por funcionarios intermedios e incluso líderes sindicales, compraba de manera exclusiva las cosechas por debajo de su costo de producción para luego revenderla a mayor precio y/o refinarla para multiplicar exponencialmente su valor.
Conocedores de su operación fraudulenta, el año pasado la compañía encabezada por Ken Kobayashi aceptó sin aspavientos la indemnización de sólo 75 millones de dólares con la que fue expropiada su participación accionaria. Tontamente, la administración mexicana que tomó la dirección de la paraestatal, a cargo de Carlos Patterson, sólo administró el desastre por meses: sin un plan comercial que atajara el boicot emprendido por Mitsubishi —acumulando una montaña de sal en el puerto de embarque en Isla de Cedros— y omitiendo un plan de modernización de los rudos pero ya fatigados equipos de cosecha.
Patterson sólo se encogió de hombros al mirar el fracaso de sus tres antecesores de la 4T (Antonio Avilés, Gregorio Cavazos y Raúl Franco), que le dejaron el remolcador chatarra Megalodón y el inconcluso remolcador Cormorán, que se pudre en algún astillero del Pacífico.
Pero ojo: el transporte marítimo de sal se ubica desde el punto estratégico para elevar la productividad de marismas pródigas de un producto cuya base —el sodio— se perfila como el nuevo paradigma para baterías eléctricas.
El último intento serio de sustituir los remolcadores y las barcazas fue durante el primer bienio de Enrique Peña Nieto, cuando el entonces director de la empresa, Jorge Humberto López Portillo, intentó comprar una barcaza autopropulsada; pero, "misteriosamente", fue acusado desde la Secretaría de Economía de realizar una "compra a modo", una acusación que forzó su salida, pero que el acusador —Economía, a cargo entonces de Ildefonso Guajardo— no pudo demostrar en tribunales.
Han corrido diversas versiones de que Guajardo y Tatiana Clouthier buscaron vender la paraestatal, a la que tildaban de disfuncional y con pérdidas... ¡pero cómo no tendría números rojos si el socio principal japonés se encargaba de pagar lo menos posible! Y ya no digamos de los "negocios ratoneros" que hicieron funcionarios de mandos medios, que se "ganaban su dinerito" comprando refacciones reparadas o de segundo uso para los fatigados equipos cosechadores o en la fundamental "Planta de Lavado", que limpia y protege 25,000 toneladas diarias de sal con sus 32 años en activo.
Los actuales mandos de la Secretaría de Economía, desde Ebrard, el subsecretario Luis Rosendo y el director de ESSA, Moisés Poblanno, determinaron darle un vuelco comercial y productivo a la empresa, sabedores de la riqueza mineral que posee el Estado mexicano, abriendo los mercados que generen los necesarios recursos para el reequipamiento, tarea a la que se ha convocado a empleados y sindicalistas de la empresa.
Y es que, pese a los aranceles del 12% establecidos por Donald Trump, tiene como proveedor nato de sal marina de uso industrial precisamente a México. El otro proveedor es China (sal de mina y metales pesados) con un arancel del 34%.
Sodi Cuéllar para la SCJN... ¿en serio? Dejen que este columnista aguante la risa. El pasado domingo, Ricardo Sodi Cuéllar inició su campaña para ganar toga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal del país. Pero desde San Felipe del Progreso surgieron varias preguntas incómodas. ¿Cómo puede alguien con ese historial aspirar a tan alta responsabilidad? Sodi Cuéllar es conocido por su gestión en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (PJEDOMEX), donde se ostenta como un valiente defensor de los derechos indígenas y un reformador desde dentro del sistema judicial mexicano. ¿En serio? Vaya, durante su mandato en el Poder Judicial del Edomex en 2020, fueron descubiertas varias redes de corrupción entre jueces y magistrados que cobraban cifras exorbitantes por emitir sentencias y notificaciones.
Pero ahora Sodi Cuéllar promete justicia intercultural y accesibilidad, que suenan bonitas en entrevistas que incluyen viajes a Marte. Y es que es difícil confiar en alguien que no pudo controlar la corrupción en su propio Tribunal.
Así, su candidatura recuerda la necesaria transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial que se promete (veremos) se decantará en la elección de junio próximo.
Veremos qué sucede, no con los aplausos y vítores, sino con la congruencia de las personas.
Energía y capital privado. No sorprendió que el actual modelo regulatorio energético fuera el eje de discusión en la Cumbre de Capital Privado 2025 de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). Entre los asistentes destacaron el secretario Edgar Amador Zamora, el subsecretario Vidal Llerenas, Jorge Mendoza, de Banobras, y Juan Gonzalo Flores, del IFC.
Fue muy relevante el mensaje de Tania Ortiz Mena, de Sempra Infraestructura, ahora que se aprobaron las nuevas leyes del sector energético que teóricamente ofrecen apertura y certeza jurídica a los inversionistas y usuarios: se calcula que para satisfacer la demanda inercial de electricidad y la relocalización de inversiones, urgen 24,000 millones de dólares para añadir unos 23 GW en los próximos 6 años.
MAURICIO FLORES