AMLO entregó contratos a empresas fantasma
Resumen:
AMLO ENTREGO CONTRATOS A EMPRESAS FANTASMA
Transcripción:
AMLO ENTREGO CONTRATOS A EMPRESAS FANTASMA
El 78.2 por ciento de los contratos a empresas fantasma en el sexenio pasado se entregaron mediante procedimientos de excepción, una proporción casi igual que con Enrique Peña Nieto y mayor que con Felipe Calderón Hinojosa. Solo 19 convenios se hicieron por licitación pública, pero el hecho de que los ganaran a las llamadas "factureras" (EFOS) hace sospechar de procedimientos con irregularidades, opinan especialistas.
Precisaron que la figura de empresas fantasma no solo la usan los contribuyentes para pagar menos impuestos, sino que también dependencias de gobierno lo hacen para el desvío de recursos públicos, "o sea, robarse el dinero", expone Denise Tron, de Justicia Justa. "Requieren tener alguna relación con una autoridad o parte del gobierno que esté colaborando para que puedan obtener contratos", coincide Vania Pérez, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De acuerdo con la especialista de Justicia Justa, el Gobierno Federal ha permitido la proliferación de contratos públicos con EFOS, pues "en todas las normas que regulan las contrataciones públicas no se ha incluido esta figura de empresas fantasma". Aunque Sarahí Salvatierra, de la organización Fundar, señala que hasta la fecha, ninguna ley castiga la contratación de factureras con dinero público. No hay, dice, "una norma o algo que establezca de manera muy concreta que se prohíbe realizar contrataciones con las empresas que son parte del listado que establece el SAT".
Una respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR), disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), indica que, entre 2022 y mayo de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició mil 957 carpetas por delitos de corrupción, de las cuales 472 fueron por peculado. De todas las investigaciones abiertas, apenas 138 llegaron a un juez. La FGR no quiso informar en cuántas hubo una sentencia condenatoria.
Pérez también destaca que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador concluyó sin cumplir uno de los grandes pendientes de la administración pública federal: una Ley General de Contrataciones Públicas. La iniciativa de ley, propuesta por la SNA y organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), entre otras, contemplaba la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas para homologar regulaciones en el país, pues actualmente existen cerca de 111 marcos legales. También mencionaba la necesidad de limitar a 30 por ciento del presupuesto la entrega de contratos mediante procesos de excepción. Sin embargo, la iniciativa tampoco apuntaba de manera explícita al tema de la contratación de EFOS.
La propuesta se llevó al Congreso en 2021, pero no avanzó entre los legisladores, confirman dos representantes de las organizaciones promoventes. Lo que sí ha ocurrido es que, en marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados un par de iniciativas para expedir o reformar leyes sobre adquisiciones y obras públicas. Algunos de los cambios propuestos son la sustitución del sistema CompraNet por una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. "Es lo más próximo que hemos estado de una Ley General de Contratación Pública", dice Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
El Imco analizó las propuestas y halló que el mayor desafío es que la regla no sea estar dando contratos a empresas recién creadas o que tienen un historial de corrupción en los gobiernos anteriores.
GILBERTO GARCÍA
El 78.2 por ciento de los contratos a empresas fantasma en el sexenio pasado se entregaron mediante procedimientos de excepción, una proporción casi igual que con Enrique Peña Nieto y mayor que con Felipe Calderón Hinojosa. Solo 19 convenios se hicieron por licitación pública, pero el hecho de que los ganaran a las llamadas "factureras" (EFOS) hace sospechar de procedimientos con irregularidades, opinan especialistas.
Precisaron que la figura de empresas fantasma no solo la usan los contribuyentes para pagar menos impuestos, sino que también dependencias de gobierno lo hacen para el desvío de recursos públicos, "o sea, robarse el dinero", expone Denise Tron, de Justicia Justa. "Requieren tener alguna relación con una autoridad o parte del gobierno que esté colaborando para que puedan obtener contratos", coincide Vania Pérez, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De acuerdo con la especialista de Justicia Justa, el Gobierno Federal ha permitido la proliferación de contratos públicos con EFOS, pues "en todas las normas que regulan las contrataciones públicas no se ha incluido esta figura de empresas fantasma". Aunque Sarahí Salvatierra, de la organización Fundar, señala que hasta la fecha, ninguna ley castiga la contratación de factureras con dinero público. No hay, dice, "una norma o algo que establezca de manera muy concreta que se prohíbe realizar contrataciones con las empresas que son parte del listado que establece el SAT".
Una respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR), disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), indica que, entre 2022 y mayo de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició mil 957 carpetas por delitos de corrupción, de las cuales 472 fueron por peculado. De todas las investigaciones abiertas, apenas 138 llegaron a un juez. La FGR no quiso informar en cuántas hubo una sentencia condenatoria.
Pérez también destaca que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador concluyó sin cumplir uno de los grandes pendientes de la administración pública federal: una Ley General de Contrataciones Públicas. La iniciativa de ley, propuesta por la SNA y organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), entre otras, contemplaba la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas para homologar regulaciones en el país, pues actualmente existen cerca de 111 marcos legales. También mencionaba la necesidad de limitar a 30 por ciento del presupuesto la entrega de contratos mediante procesos de excepción. Sin embargo, la iniciativa tampoco apuntaba de manera explícita al tema de la contratación de EFOS.
La propuesta se llevó al Congreso en 2021, pero no avanzó entre los legisladores, confirman dos representantes de las organizaciones promoventes. Lo que sí ha ocurrido es que, en marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados un par de iniciativas para expedir o reformar leyes sobre adquisiciones y obras públicas. Algunos de los cambios propuestos son la sustitución del sistema CompraNet por una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. "Es lo más próximo que hemos estado de una Ley General de Contratación Pública", dice Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
El Imco analizó las propuestas y halló que el mayor desafío es que la regla no sea estar dando contratos a empresas recién creadas o que tienen un historial de corrupción en los gobiernos anteriores.
GILBERTO GARCÍA