Nudo Gordiano // Ni la maestra..
Resumen:
Ni la maestra…
Transcripción:
Ni la maestra…
La impunidad en casos de feminicidio en el país supera el 90 por ciento.
La vida de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años y taxista en Álamo Temapache, Veracruz, terminó de la forma más dolorosa e indignante: fue secuestrada el 18 de julio de 2025 por miembros de un grupo criminal, obligada a grabar un video en el que, arrodillada y rodeada de hombres armados, exhortaba a sus compañeros taxistas a pagar "cuotas" al crimen organizado. Seis días después, su cuerpo apareció abandonado en un rancho, a 40 kilómetros del lugar de su secuestro. El mensaje era brutalmente claro: el cobro de piso es ahora una ley de facto y quienes se resisten, como Irma, pagan con su vida.
Este caso pone de manifiesto la magnitud de la emergencia nacional: en México, ni la edad, el retiro ni el prestigio profesional protegen a las mujeres de la violencia extrema.
La normalización del hostigamiento, la extorsión y la impunidad criminal atraviesa todas las regiones y sectores, reflejando una crisis estructural donde el Estado carece de respuestas decisivas y eficaces.
A lo largo de los últimos años, México ha implementado reformas legales y políticas específicas. Existen leyes de igualdad sustantiva, se elevó a nivel constitucional la paridad y se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creando organismos como la Secretaría de las Mujeres y programas como el PIPASEVM, que articula prevención, atención y reparación. En decenas de municipios y estados, la declaratoria de Alerta de Género obliga a asignar recursos extraordinarios y visibilizar riesgos específicos; se han abierto fiscalías especializadas, instaurado refugios y desplegado campañas para capacitar y sensibilizar a servidores públicos y comunidades. Sin embargo, la realidad es que los datos son devastadores: más de diez mujeres son asesinadas cada día, la impunidad en casos de feminicidio supera el 90% y los avances legales quedan asfixiados por la corrupción, la falta de presupuesto y la colusión criminal.
El feminicidio de Irma Hernández Cruz exige ir más allá de lo formal; es imprescindible un blindaje real ante la extorsión y el cobro de piso, un despliegue efectivo de fuerzas de seguridad e inteligencia en sectores vulnerables, y canales confiables de denuncia y protección para víctimas. La rendición de cuentas en el aparato policial y judicial es una deuda urgente: cada caso debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, sancionando a funcionarios omisos o corruptos y haciendo públicas las investigaciones y resultados. Es imprescindible ampliar y mantener la red de refugios, reforzar alianzas con la sociedad civil y, sobre todo, garantizar el presupuesto suficiente y transparente para que ninguna mujer sea revictimizada por falta de atención adecuada.
La lucha requiere también fortalecer el trabajo municipal y comunitario, empoderar económicamente a las mujeres, reconstruir el tejido social y reformular la capacitación policial y los protocolos de justicia desde la perspectiva de género. Pero sobre todo, exige profundizar la confrontación frontal y sostenida retomada por esta administración contra las redes criminales con las que se enfrenta la población día a día y que, como en el caso de Irma, han encontrado en la extorsión un patrón rentable y letal, tolerado muchas veces por la negligencia estatal.
La historia de Irma Hernández Cruz no es un número más: es el espejo más brutal de la deuda del Estado mexicano con sus mujeres. Es también una señal de alarma a todos los niveles de gobierno: la sola existencia de casos así obliga a desterrar de raíz cualquier zona de confort o autocomplacencia, porque la única meta admisible es la tolerancia cero ante la violencia de género. Su nombre y su dignidad nos exigen convertir cada tragedia en un motivo de cambio y de justicia inaplazable.
El cobro de piso es ahora una ley de facto y quienes se resisten, como Irma, pagan con su vida.
Yuriria Sierra
La impunidad en casos de feminicidio en el país supera el 90 por ciento.
La vida de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años y taxista en Álamo Temapache, Veracruz, terminó de la forma más dolorosa e indignante: fue secuestrada el 18 de julio de 2025 por miembros de un grupo criminal, obligada a grabar un video en el que, arrodillada y rodeada de hombres armados, exhortaba a sus compañeros taxistas a pagar "cuotas" al crimen organizado. Seis días después, su cuerpo apareció abandonado en un rancho, a 40 kilómetros del lugar de su secuestro. El mensaje era brutalmente claro: el cobro de piso es ahora una ley de facto y quienes se resisten, como Irma, pagan con su vida.
Este caso pone de manifiesto la magnitud de la emergencia nacional: en México, ni la edad, el retiro ni el prestigio profesional protegen a las mujeres de la violencia extrema.
La normalización del hostigamiento, la extorsión y la impunidad criminal atraviesa todas las regiones y sectores, reflejando una crisis estructural donde el Estado carece de respuestas decisivas y eficaces.
A lo largo de los últimos años, México ha implementado reformas legales y políticas específicas. Existen leyes de igualdad sustantiva, se elevó a nivel constitucional la paridad y se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creando organismos como la Secretaría de las Mujeres y programas como el PIPASEVM, que articula prevención, atención y reparación. En decenas de municipios y estados, la declaratoria de Alerta de Género obliga a asignar recursos extraordinarios y visibilizar riesgos específicos; se han abierto fiscalías especializadas, instaurado refugios y desplegado campañas para capacitar y sensibilizar a servidores públicos y comunidades. Sin embargo, la realidad es que los datos son devastadores: más de diez mujeres son asesinadas cada día, la impunidad en casos de feminicidio supera el 90% y los avances legales quedan asfixiados por la corrupción, la falta de presupuesto y la colusión criminal.
El feminicidio de Irma Hernández Cruz exige ir más allá de lo formal; es imprescindible un blindaje real ante la extorsión y el cobro de piso, un despliegue efectivo de fuerzas de seguridad e inteligencia en sectores vulnerables, y canales confiables de denuncia y protección para víctimas. La rendición de cuentas en el aparato policial y judicial es una deuda urgente: cada caso debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, sancionando a funcionarios omisos o corruptos y haciendo públicas las investigaciones y resultados. Es imprescindible ampliar y mantener la red de refugios, reforzar alianzas con la sociedad civil y, sobre todo, garantizar el presupuesto suficiente y transparente para que ninguna mujer sea revictimizada por falta de atención adecuada.
La lucha requiere también fortalecer el trabajo municipal y comunitario, empoderar económicamente a las mujeres, reconstruir el tejido social y reformular la capacitación policial y los protocolos de justicia desde la perspectiva de género. Pero sobre todo, exige profundizar la confrontación frontal y sostenida retomada por esta administración contra las redes criminales con las que se enfrenta la población día a día y que, como en el caso de Irma, han encontrado en la extorsión un patrón rentable y letal, tolerado muchas veces por la negligencia estatal.
La historia de Irma Hernández Cruz no es un número más: es el espejo más brutal de la deuda del Estado mexicano con sus mujeres. Es también una señal de alarma a todos los niveles de gobierno: la sola existencia de casos así obliga a desterrar de raíz cualquier zona de confort o autocomplacencia, porque la única meta admisible es la tolerancia cero ante la violencia de género. Su nombre y su dignidad nos exigen convertir cada tragedia en un motivo de cambio y de justicia inaplazable.
El cobro de piso es ahora una ley de facto y quienes se resisten, como Irma, pagan con su vida.
Yuriria Sierra