Desmantelamiento institucional
Resumen:
Desmantelamiento institucional
Transcripción:
Desmantelamiento institucional
Esta semana, el Senado de la República votará la reforma constitucional que desaparecerá siete organismos autónomos, entre los que destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Es claro que toda institución u organismo debe estar sujeto al escrutinio, evaluación y rendición de cuentas ante la ciudadanía. El primero entre ellos debiera ser el gobierno federal y, en la misma medida, los demás Poderes y organismos autónomos.
Sin embargo, en menos de tres meses, las mayorías legislativas oficialistas han aprobado desmantelar el Poder Judicial, y ahora se disponen a extinguir siete organismos autónomos; en dos semanas más aprobarán el mayor ajuste presupuestal en décadas.
Tienen los votos, pero no las razones. Detrás de cada una de estas decisiones no hubo una evaluación cuidadosa caso por caso, tampoco hubo diagnóstico alguno sobre lo que merecía la pena mantenerse, reformarse o extinguirse: se trata de hacer un borrón y cuenta nueva de instituciones que, si bien tienen virtudes y defectos de diversa índole, comparten como denominador común la facultad de acotar la discrecionalidad del gobierno federal en diferentes ámbitos.
Los voceros del oficialismo recurren con gran frecuencia a argumentos falaces para justificar estas decisiones. Un falso dilema recurrente es que no hay otra opción más que elegir entre dos opciones excluyentes: o mantener instituciones tan defectuosas o perfectibles como puedan juzgarse, o bien extinguirlas o desaparecerlas con argumentos simples de austeridad o simplificación administrativa.
Es un falso dilema porque, si la Corte o el Inai no hubieran cumplido a cabalidad sus mandatos constitucionales, bastaría con la renovación de sus integrantes o quizá una reforma cuidadosa de sus facultades y atribuciones para fortalecerlos. En vez de ello, se ha optado por desmantelarlos de golpe. ¿Acaso puede una Secretaría de Estado garantizar de mejor forma la transparencia que un organismo autónomo? Difícilmente.
Otra falacia recurrente es comparar países con historias y diseños constitucionales diametralmente distintos: "Si en Reino Unido no existe un organismo autónomo como el INE o el Inai, quizá no sean tan importantes". Veamos: ¿es comparable la independencia del Poder Judicial o el Estado de derecho de aquel país con el mexicano? ¿Es comparable la discrecionalidad de un régimen parlamentario consolidado con la de un régimen presidencial como el nuestro? La falacia de este argumento radica en que se ignora la evolución institucional de cada país y sus correspondientes avances en la garantía de derechos. Si en México hubo un acuerdo político constitucional para tener un sistema electoral mixto, o para que organismos autónomos organizaran elecciones o garantizaran el acceso a la información, el desmantelamiento de tales instituciones puede ser muy regresivo para México y sus ciudadanos.
Esto tampoco implica que la Constitución sea inamovible ni que todos los países deban imitar el diseño constitucional mexicano, sino simplemente considerar la progresividad de los derechos al evaluar cualquier reforma constitucional.
El desmantelamiento sistemático de instituciones y organismos autónomos lastima la democracia y el Estado de derecho en México en la medida en que debilita la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno.
Quienes aspiran a ser candidatos en la próxima elección judicial no podrán exigir plena transparencia en los procesos de evaluación a los que serán sometidos por comités de dudosa credibilidad. De hecho, cualquier reclamación podría ser usada en su contra. Por otro lado, los migrantes que intenten llegar a Estados Unidos tampoco podrán denunciar abusos cometidos por las fuerzas armadas ante una Comisión Nacional de los Derechos Humanos inutilizada en los hechos desde el sexenio pasado. ¿Acaso puede una Secretaría de Estado garantizar de mejor forma la transparencia que un organismo autónomo?
JAVIER APARICIO
Esta semana, el Senado de la República votará la reforma constitucional que desaparecerá siete organismos autónomos, entre los que destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Es claro que toda institución u organismo debe estar sujeto al escrutinio, evaluación y rendición de cuentas ante la ciudadanía. El primero entre ellos debiera ser el gobierno federal y, en la misma medida, los demás Poderes y organismos autónomos.
Sin embargo, en menos de tres meses, las mayorías legislativas oficialistas han aprobado desmantelar el Poder Judicial, y ahora se disponen a extinguir siete organismos autónomos; en dos semanas más aprobarán el mayor ajuste presupuestal en décadas.
Tienen los votos, pero no las razones. Detrás de cada una de estas decisiones no hubo una evaluación cuidadosa caso por caso, tampoco hubo diagnóstico alguno sobre lo que merecía la pena mantenerse, reformarse o extinguirse: se trata de hacer un borrón y cuenta nueva de instituciones que, si bien tienen virtudes y defectos de diversa índole, comparten como denominador común la facultad de acotar la discrecionalidad del gobierno federal en diferentes ámbitos.
Los voceros del oficialismo recurren con gran frecuencia a argumentos falaces para justificar estas decisiones. Un falso dilema recurrente es que no hay otra opción más que elegir entre dos opciones excluyentes: o mantener instituciones tan defectuosas o perfectibles como puedan juzgarse, o bien extinguirlas o desaparecerlas con argumentos simples de austeridad o simplificación administrativa.
Es un falso dilema porque, si la Corte o el Inai no hubieran cumplido a cabalidad sus mandatos constitucionales, bastaría con la renovación de sus integrantes o quizá una reforma cuidadosa de sus facultades y atribuciones para fortalecerlos. En vez de ello, se ha optado por desmantelarlos de golpe. ¿Acaso puede una Secretaría de Estado garantizar de mejor forma la transparencia que un organismo autónomo? Difícilmente.
Otra falacia recurrente es comparar países con historias y diseños constitucionales diametralmente distintos: "Si en Reino Unido no existe un organismo autónomo como el INE o el Inai, quizá no sean tan importantes". Veamos: ¿es comparable la independencia del Poder Judicial o el Estado de derecho de aquel país con el mexicano? ¿Es comparable la discrecionalidad de un régimen parlamentario consolidado con la de un régimen presidencial como el nuestro? La falacia de este argumento radica en que se ignora la evolución institucional de cada país y sus correspondientes avances en la garantía de derechos. Si en México hubo un acuerdo político constitucional para tener un sistema electoral mixto, o para que organismos autónomos organizaran elecciones o garantizaran el acceso a la información, el desmantelamiento de tales instituciones puede ser muy regresivo para México y sus ciudadanos.
Esto tampoco implica que la Constitución sea inamovible ni que todos los países deban imitar el diseño constitucional mexicano, sino simplemente considerar la progresividad de los derechos al evaluar cualquier reforma constitucional.
El desmantelamiento sistemático de instituciones y organismos autónomos lastima la democracia y el Estado de derecho en México en la medida en que debilita la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno.
Quienes aspiran a ser candidatos en la próxima elección judicial no podrán exigir plena transparencia en los procesos de evaluación a los que serán sometidos por comités de dudosa credibilidad. De hecho, cualquier reclamación podría ser usada en su contra. Por otro lado, los migrantes que intenten llegar a Estados Unidos tampoco podrán denunciar abusos cometidos por las fuerzas armadas ante una Comisión Nacional de los Derechos Humanos inutilizada en los hechos desde el sexenio pasado. ¿Acaso puede una Secretaría de Estado garantizar de mejor forma la transparencia que un organismo autónomo?
JAVIER APARICIO