Nudo Gordiano // ¿Ley Espía?
Resumen:
¿Ley Espía?
Transcripción:
¿Ley Espía?
La aprobación en el Congreso de la llamada Ley Espía ha encendido un debate nacional que va mucho más allá de tecnicismos legislativos: ¿estamos ante un avance democrático en seguridad y conectividad, o frente a la puerta de un Estado de vigilancia masiva? El nombre mismo es ya una declaración de guerra simbólica, un apodo que la oposición y colectivos ciudadanos han usado para advertir sobre los riesgos de abuso y el temor a la erosión de derechos fundamentales.
¿Qué dice la ley y por qué la polémica? El corazón de la controversia está en dos reformas: la Ley de Telecomunicaciones y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. La oposición sostiene que estas normas permiten a las autoridades acceder a la geolocalización y a datos personales de los ciudadanos sin control judicial efectivo, y que abren la puerta a la centralización de bases de datos biométricos y financieros de salud en manos del Estado.
Colectivos de familiares de desaparecidos y defensores de derechos humanos han protestado, advirtiendo que la ley puede convertirse en un instrumento de vigilancia masiva y castigo preventivo, más que en una herramienta para la seguridad y la justicia.
Desde el gobierno y la mayoría legislativa, la narrativa es opuesta. Claudia Sheinbaum y los principales promotores de la reforma insisten en que no se trata de una ley de espionaje, sino de una actualización necesaria para fortalecer la seguridad y garantizar la conectividad en todo el país, especialmente para los 16 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a internet. El artículo 183, epicentro del debate, establece que los concesionarios de telecomunicaciones deben colaborar con las autoridades en la localización geográfica de equipos terminales, pero, según el gobierno, solo bajo los términos que establecen otras leyes, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige autorización judicial para intervenir comunicaciones o ubicar dispositivos.
Anoche, en una conversación que tuve con José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, fue enfático para Imagen Radio. Me explicó: "Nada más alejado de la verdad que llamarla Ley Espía. El artículo 183 no cambió respecto a la ley vigente desde 2014. Para ubicar un celular se requiere autorización de un juez, así seguirá siendo." Merino me explicó que la reforma no crea un registro nacional de usuarios de telefonía celular en manos del gobierno, sino que obliga a los operadores a identificar a los titulares de las líneas, resguardando la información sin que ninguna autoridad tenga acceso directo, salvo en caso de investigación judicialmente autorizada.
Subrayó que la verdadera transformación está en la política de conectividad: "El espíritu de la ley es que 16 millones de mexicanas y mexicanos no pueden seguir sin internet. Democratizar el acceso es el objetivo central, no la vigilancia".
¿Qué SÍ cambió y qué no? No cambió la obligación de autorización judicial para la geolocalización de dispositivos. No se crea un registro nacional de usuarios celulares en manos del Estado. Sí cambió la obligación de los operadores de identificar a los titulares de líneas, cerrando la puerta a chips anónimos, una medida que busca dificultar el uso criminal de líneas no rastreables. Sí se fortalece la política de conectividad, permitiendo compartir infraestructura y priorizando el acceso en comunidades marginadas.
El debate de fondo es legítimo y necesario. La oposición y los colectivos temen que, en un país con instituciones débiles y antecedentes de espionaje político, cualquier ampliación de facultades para acceder a datos personales pueda ser usada con fines políticos o de control social. El gobierno, por su parte, apuesta a que los candados legales y la supervisión judicial bastan para evitar abusos, y que la prioridad debe ser cerrar la brecha digital y fortalecer la seguridad.
El reto será doble: garantizar que los mecanismos de control y supervisión funcionen, y que la promesa de conectividad y derechos no se convierta en un pretexto para la vigilancia masiva. Como bien me dijo Merino: "Es importante aclarar malas lecturas y hablar siempre con la verdad, para dejar a todos con la tranquilidad de que ni espionaje ni censura". Lo que está en juego es mucho más que una ley: es la confianza en las instituciones y el equilibrio entre seguridad y libertad.
Yuriria Sierra
La aprobación en el Congreso de la llamada Ley Espía ha encendido un debate nacional que va mucho más allá de tecnicismos legislativos: ¿estamos ante un avance democrático en seguridad y conectividad, o frente a la puerta de un Estado de vigilancia masiva? El nombre mismo es ya una declaración de guerra simbólica, un apodo que la oposición y colectivos ciudadanos han usado para advertir sobre los riesgos de abuso y el temor a la erosión de derechos fundamentales.
¿Qué dice la ley y por qué la polémica? El corazón de la controversia está en dos reformas: la Ley de Telecomunicaciones y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. La oposición sostiene que estas normas permiten a las autoridades acceder a la geolocalización y a datos personales de los ciudadanos sin control judicial efectivo, y que abren la puerta a la centralización de bases de datos biométricos y financieros de salud en manos del Estado.
Colectivos de familiares de desaparecidos y defensores de derechos humanos han protestado, advirtiendo que la ley puede convertirse en un instrumento de vigilancia masiva y castigo preventivo, más que en una herramienta para la seguridad y la justicia.
Desde el gobierno y la mayoría legislativa, la narrativa es opuesta. Claudia Sheinbaum y los principales promotores de la reforma insisten en que no se trata de una ley de espionaje, sino de una actualización necesaria para fortalecer la seguridad y garantizar la conectividad en todo el país, especialmente para los 16 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a internet. El artículo 183, epicentro del debate, establece que los concesionarios de telecomunicaciones deben colaborar con las autoridades en la localización geográfica de equipos terminales, pero, según el gobierno, solo bajo los términos que establecen otras leyes, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige autorización judicial para intervenir comunicaciones o ubicar dispositivos.
Anoche, en una conversación que tuve con José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, fue enfático para Imagen Radio. Me explicó: "Nada más alejado de la verdad que llamarla Ley Espía. El artículo 183 no cambió respecto a la ley vigente desde 2014. Para ubicar un celular se requiere autorización de un juez, así seguirá siendo." Merino me explicó que la reforma no crea un registro nacional de usuarios de telefonía celular en manos del gobierno, sino que obliga a los operadores a identificar a los titulares de las líneas, resguardando la información sin que ninguna autoridad tenga acceso directo, salvo en caso de investigación judicialmente autorizada.
Subrayó que la verdadera transformación está en la política de conectividad: "El espíritu de la ley es que 16 millones de mexicanas y mexicanos no pueden seguir sin internet. Democratizar el acceso es el objetivo central, no la vigilancia".
¿Qué SÍ cambió y qué no? No cambió la obligación de autorización judicial para la geolocalización de dispositivos. No se crea un registro nacional de usuarios celulares en manos del Estado. Sí cambió la obligación de los operadores de identificar a los titulares de líneas, cerrando la puerta a chips anónimos, una medida que busca dificultar el uso criminal de líneas no rastreables. Sí se fortalece la política de conectividad, permitiendo compartir infraestructura y priorizando el acceso en comunidades marginadas.
El debate de fondo es legítimo y necesario. La oposición y los colectivos temen que, en un país con instituciones débiles y antecedentes de espionaje político, cualquier ampliación de facultades para acceder a datos personales pueda ser usada con fines políticos o de control social. El gobierno, por su parte, apuesta a que los candados legales y la supervisión judicial bastan para evitar abusos, y que la prioridad debe ser cerrar la brecha digital y fortalecer la seguridad.
El reto será doble: garantizar que los mecanismos de control y supervisión funcionen, y que la promesa de conectividad y derechos no se convierta en un pretexto para la vigilancia masiva. Como bien me dijo Merino: "Es importante aclarar malas lecturas y hablar siempre con la verdad, para dejar a todos con la tranquilidad de que ni espionaje ni censura". Lo que está en juego es mucho más que una ley: es la confianza en las instituciones y el equilibrio entre seguridad y libertad.
Yuriria Sierra