La persecución penal contra jueces
Resumen:
La persecución penal contra jueces
Transcripción:
La persecución penal contra jueces
Cada vez más, nuestro régimen se parece al venezolano. En Venezuela, a partir del chavismo, el poder político se apoderó del sistema jurídico. Juezas y jueces, cuya estabilidad fue eliminada en 1999 y cuya selección es controlada por el gobierno, temen tomar decisiones de manera autónoma por temor a las represalias.
La persecución penal contra los jueces que han otorgado suspensión o sentencia protectora en los juicios de amparo contra la reforma judicial es una arbitrariedad que no tiene precedente en nuestro país.
La resolución de un juez puede ser impugnada ante un tribunal de superior jerarquía, pero, como ha reiterado la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, juezas y jueces no pueden ser detenidos ni enjuiciados por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
La antedicha persecución es terriblemente abusiva porque afecta a juzgadores que otorgaron o dictaron resoluciones precisamente en ejercicio de sus funciones y lesiona la independencia judicial, pues busca intimidar, hostigar o interferir en la actividad de los impartidores de justicia, es decir, coaccionarlos para que resuelvan o se abstengan de resolver los casos de determinada manera.
La apertura de procedimientos penales contra los jueces María Gabriela Ruiz Márquez y Sergio Santamaría Chamú es propia de los regímenes dictatoriales. Los juzgadores perseguidos se atrevieron a tomar resoluciones que no les son gratas al expresidente y a la Presidenta de la República, resueltos a imponernos la reforma judicial que destruye nuestra democracia.
Cada vez más, nuestro régimen se parece al venezolano.
En Venezuela, a partir del chavismo, el poder político se apoderó del sistema jurídico. Juezas y jueces, cuya estabilidad fue eliminada en 1999 y cuya selección es controlada por el gobierno, temen tomar decisiones de manera autónoma por temor a las represalias.
Un caso extremo es el de la juez María Lourdes Afiuni, quien se atrevió a dictar un fallo que no le agradó al gobierno venezolano. Fue detenida en su domicilio y estuvo tres años y medio presa, durante los cuales sufrió agresiones de otras reclusas, se le torturó y fue violada tan brutalmente que se le tuvo que hacer una histerectomía y reconstruirle la vagina, el ano y la vejiga. No le bastó al régimen: al salir de prisión se le restringió la libertad otros cinco años por "corrupción espiritual".
Al gobierno mexicano no le ha bastado demoler a los poderes judiciales del país, destituir a todos los juzgadores y dinamitar a la Suprema Corte de Justicia. Con la abyecta complicidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal -capturados por el gobierno, reducidos al sometimiento absoluto a través de la incondicional Fiscalía General de la República, quiere en la cárcel a los jueces que dijeron no a sus designios.
La oposición tendría que organizar una multitudinaria protesta contra este atropello -quiero creer que aún existen ciudadanos-, pero parece anestesiada, grogui, después del resultado de las elecciones, atolondrada, como cuando uno acaba de despertar de una terrible pesadilla y necesita unos momentos para recuperarse.
La reforma judicial, su diseño y su implementación, asesina a la democracia mexicana.
La 4T tendrá jueces, magistrados y ministros a modo, de tal suerte que nada ni nadie obstaculice sus dictados. Los jueces independientes tienen los días contados. Y sus resoluciones no son acatadas: a la inminente guillotina se suma la humillación previa, la despótica arrogancia del gobierno y sus lacayunos legisladores.
No es suficiente: a los juzgadores no sometidos hay que hacerles pagar muy caro su atrevimiento. Sólo falta que Taibo II pida que se les considere traidores a la patria y, en consecuencia, se les fusile en el Cerro de las Campanas.
Quienes sabíamos que la 4T sería autoritaria y abusiva nunca imaginamos que cruzaría ciertas líneas que parecían infranqueables. La persecución de jueces por dictar resoluciones contra la destrucción de la democracia es propia de una dictadura, de un gobierno que pregona "¡Ay de aquellos que obstaculicen mis designios!".
Todas y todos los ciudadanos partidarios del Estado de derecho y los principios democráticos tendríamos que manifestar nuestro más firme rechazo a la criminalización de las determinaciones de los jueces.
La reforma judicial, su diseño y su implementación, asesina a la democracia mexicana.
Luis de la Barreda Solórzano
Cada vez más, nuestro régimen se parece al venezolano. En Venezuela, a partir del chavismo, el poder político se apoderó del sistema jurídico. Juezas y jueces, cuya estabilidad fue eliminada en 1999 y cuya selección es controlada por el gobierno, temen tomar decisiones de manera autónoma por temor a las represalias.
La persecución penal contra los jueces que han otorgado suspensión o sentencia protectora en los juicios de amparo contra la reforma judicial es una arbitrariedad que no tiene precedente en nuestro país.
La resolución de un juez puede ser impugnada ante un tribunal de superior jerarquía, pero, como ha reiterado la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, juezas y jueces no pueden ser detenidos ni enjuiciados por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
La antedicha persecución es terriblemente abusiva porque afecta a juzgadores que otorgaron o dictaron resoluciones precisamente en ejercicio de sus funciones y lesiona la independencia judicial, pues busca intimidar, hostigar o interferir en la actividad de los impartidores de justicia, es decir, coaccionarlos para que resuelvan o se abstengan de resolver los casos de determinada manera.
La apertura de procedimientos penales contra los jueces María Gabriela Ruiz Márquez y Sergio Santamaría Chamú es propia de los regímenes dictatoriales. Los juzgadores perseguidos se atrevieron a tomar resoluciones que no les son gratas al expresidente y a la Presidenta de la República, resueltos a imponernos la reforma judicial que destruye nuestra democracia.
Cada vez más, nuestro régimen se parece al venezolano.
En Venezuela, a partir del chavismo, el poder político se apoderó del sistema jurídico. Juezas y jueces, cuya estabilidad fue eliminada en 1999 y cuya selección es controlada por el gobierno, temen tomar decisiones de manera autónoma por temor a las represalias.
Un caso extremo es el de la juez María Lourdes Afiuni, quien se atrevió a dictar un fallo que no le agradó al gobierno venezolano. Fue detenida en su domicilio y estuvo tres años y medio presa, durante los cuales sufrió agresiones de otras reclusas, se le torturó y fue violada tan brutalmente que se le tuvo que hacer una histerectomía y reconstruirle la vagina, el ano y la vejiga. No le bastó al régimen: al salir de prisión se le restringió la libertad otros cinco años por "corrupción espiritual".
Al gobierno mexicano no le ha bastado demoler a los poderes judiciales del país, destituir a todos los juzgadores y dinamitar a la Suprema Corte de Justicia. Con la abyecta complicidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal -capturados por el gobierno, reducidos al sometimiento absoluto a través de la incondicional Fiscalía General de la República, quiere en la cárcel a los jueces que dijeron no a sus designios.
La oposición tendría que organizar una multitudinaria protesta contra este atropello -quiero creer que aún existen ciudadanos-, pero parece anestesiada, grogui, después del resultado de las elecciones, atolondrada, como cuando uno acaba de despertar de una terrible pesadilla y necesita unos momentos para recuperarse.
La reforma judicial, su diseño y su implementación, asesina a la democracia mexicana.
La 4T tendrá jueces, magistrados y ministros a modo, de tal suerte que nada ni nadie obstaculice sus dictados. Los jueces independientes tienen los días contados. Y sus resoluciones no son acatadas: a la inminente guillotina se suma la humillación previa, la despótica arrogancia del gobierno y sus lacayunos legisladores.
No es suficiente: a los juzgadores no sometidos hay que hacerles pagar muy caro su atrevimiento. Sólo falta que Taibo II pida que se les considere traidores a la patria y, en consecuencia, se les fusile en el Cerro de las Campanas.
Quienes sabíamos que la 4T sería autoritaria y abusiva nunca imaginamos que cruzaría ciertas líneas que parecían infranqueables. La persecución de jueces por dictar resoluciones contra la destrucción de la democracia es propia de una dictadura, de un gobierno que pregona "¡Ay de aquellos que obstaculicen mis designios!".
Todas y todos los ciudadanos partidarios del Estado de derecho y los principios democráticos tendríamos que manifestar nuestro más firme rechazo a la criminalización de las determinaciones de los jueces.
La reforma judicial, su diseño y su implementación, asesina a la democracia mexicana.
Luis de la Barreda Solórzano