El fiscal general, condenado
Resumen:
POLÉMICO FALLO DEL SUPREMO
Transcripción:
POLÉMICO FALLO DEL SUPREMO
El fiscal general, condenado
El tribunal inhabilita dos años a García Ortiz por revelación de secretos
Tendrá que indemnizar a la pareja de Ayuso y pagar una multa de 7.200 euros
La condena divide a la sala, con cinco votos a favor y dos en contra
La sentencia con el argumento de los jueces no está aún redactada
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, además de imponerle una multa de 7.200 euros y de obligarle a pagar una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo adelantó ayer su fallo, pero la sentencia no está todavía redactada. La decisión dividió a la sala: dos de los siete magistrados, Ana Ferrer y Susana Polo, de perfil progresista, votaron en contra. Polo, que era la ponente de la sentencia, deja la redacción final al presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta.
La histórica decisión se conoce una semana después de que acabara la vista oral contra García Ortiz, que fue llevado a juicio acusado de la filtración de un correo electrónico enviado por el letrado de González Amador a la Fiscalía, en el que el empresario proponía un pacto y admitía delitos fiscales.
La difusión de ese correo se produjo tras publicarse una versión falsa sobre esa negociación.
La rapidez en el adelanto del fallo es inusual. García Ortiz ha defendido siempre su inocencia. Tras la condena, deberá abandonar el cargo. Solo podrá promover un incidente de nulidad ante el propio Supremo y, luego, recurrir al Tribunal Constitucional.
Álvaro García Ortiz, el día 11, al acabar la última sesión del juicio en el Supremo. JAIME VILLANUEVA
El Supremo condena a Álvaro García Ortiz
El alto tribunal, por cinco votos contra dos, impone al fiscal general una pena de dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por revelar en marzo de 2024 datos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso
Apenas una semana después de dejar el juicio visto para sentencia, el Tribunal Supremo comunicó ayer la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos por la filtración a los medios de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, admitía a la Fiscalía de Madrid que su cliente había efectivamente cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Además de la pena que aparta a García Ortiz del cargo de jefe del ministerio público, el alto tribunal impone a García Ortiz una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario González Amador.
La sentencia ha dividido a la Sala de lo Penal, que no ha podido alcanzar unanimidad en las deliberaciones, de modo que el fallo se ha adoptado por mayoría de cinco de los siete magistrados del tribunal, pertenecientes al sector conservador de la judicatura. Las otras dos, Ana Ferrer y Susana Polo, adscritas al sector progresista, han anunciado que formularán un voto particular. Polo era, inicialmente, la ponente de la sentencia y propuso la absolución, por lo que la redacción de la resolución de condena la asumirá ahora el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta. El Supremo solo adelantó ayer su decisión, pero la sentencia no está todavía redactada.
El Gobierno, que durante toda la fase de instrucción del proceso y durante la vista oral, ha defendido la inocencia de García Ortiz, anunció ayer que ha activado el mecanismo para nombrar a un nuevo fiscal general. "Tenemos la obligación de acatar la sentencia aunque no la compartimos", manifestó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una comparecencia institucional sin preguntas.
Bolaños manifestó que discrepar con la sentencia condenatoria al fiscal general "no puede conllevar desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia". El Gobierno, dijo, "tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente" que no lo comparte.
En un tono más críptico, aunque, según fuentes de La Moncloa, refiriéndose a este caso, el presidente Pedro Sánchez dijo en el acto de presentación en el Congreso de la serie Anatomía de un instante, sobre el golpe de Estado del 23-F: "Debemos defender la democracia de nostalgias infundadas, intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder". Y añadió: "La amenaza sigue ahí, pero también permanece nuestro firme deseo de neutralizarla". La sentencia completa una semana aciaga para el PSOE en los tribunales tras el informe sobre las supuestas comisiones del 2% al ex secretario de Organización Santos Cerdán por mediar en contratos públicos y la petición de 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos por el caso mascarillas, formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió a atacar a Pedro Sánchez tras conocerse la noticia y le reclama que pida perdón a los es pañoles por el "bochorno institucional" por lo que ha llamado una "burda operación política" para perjudicar a una presidenta autonómica del PP, en referencia a Díaz Ayuso, a la que no citó.
La decisión del tribunal llega cuando no se ha cumplido aún una semana de que, el pasado jueves por la tarde, quedara visto para sentencia el juicio a Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado del empresario González Amador. La difusión de ese email, en el que el letrado proponía un pacto a la Fiscalía y admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, se produjo el 13 de marzo de 2024, después de que El Mundo publicase una información que recogía la versión falsa que estaba extendiendo el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de conformidad de su pareja con la Fiscalía. Según esa versión, era el ministerio público la que estaba ofreciendo un pacto al empresario y no al revés, como realmente ocurrió.
La rapidez con la que el Supremo ha resuelto este caso no es habitual, ni tampoco lo es el hecho de que adelante la publicación del fallo de un juicio celebrado en el alto tribunal antes de tener redactada la sentencia. Pero casi todo en este proceso ha sido insólito, como lo fue la propia causa, la primera que se abrió contra un fiscal general del Estado. La decisión de adelantar el fallo antes de tener la resolución impide, por ahora, saber en qué argumentos se basa el tribunal para condenar al fiscal general ni si le atribuye directamente la filtración del correo, de la que no hay ninguna prueba fehaciente, solo indicios.
Fuentes consultadas apuntan a que el tribunal ha ponderado el delito de revelación de secretos tanto la difusión del correo enviado por el abogado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, como para la nota informativa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo para desmentir la versión falsa del entorno de Ayuso sobre las negociaciones entre la pareja de la presidenta y el ministerio público.
Ese comunicado está en el origen de la querella que llevó al banquillo a García Ortiz, quien desde el principio asumió la autoría de la nota de prensa; sin embargo, la sala que le encausó (integrada por cinco de los siete magistrados que le han juzgado) consideró que "aparentemente" no contenía "información indebidamente revelada", ya que todos los datos que incluía ya eran de conocimiento público a través de la prensa. Pero los jueces sí vieron indicios de delito en la filtración del correo del abogado, que hasta ese momento no estaba bajo la lupa, y optaron por abrir una causa contra el fiscal general. En el auto por el que procesó a García Ortiz el instructor del caso el magistrado Ángel Hurtado, señaló que el comunicado no era delictivo por sí solo, pero en "unidad de acto" con la filtración del correo.
El fallo adelantado por el Supremo es el siguiente: "Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.
Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación".
Los votos particulares que firmen las magistradas Ferrer y Polo se incorporarán a la sentencia definitiva. Estas dos juezas son las únicas de clara adscripción progresista que integraban el tribunal. Los cinco que han acordado la condena son el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta; su antecesor en ese cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela.
García Ortiz ha mantenido desde el principio su inocencia y ha rechazado haber filtrado el correo que centra la investigación.
En el juicio, durante su declaración como investigado, aseguró que ni él ni nadie de su entorno había filtrado el correo. "La verdad no se filtra, la verdad se defiende", dijo. El fiscal general se había negado a dimitir, pero ahora tendrá que dejar el cargo.
La condena surtirá efecto a partir de la notificación de la sentencia, contra la que no puede interponerse ningún recurso ordinario, solo un incidente de nulidad, un procedimiento extraordinario para reclamar vulneración de derechos fundamentales, pero sería el propio Supremo el que tendría que resolverlo y las posibilidades de que prospere son muy remotas. Agotadas las vías en el alto tribunal, la única opción que le quedaría a García Ortiz sería presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional si considera vulnerados derechos constitucionales.
La pena impuesta por el Supremo es inferior a la que pedían las acusaciones populares, que reclamaban entre cuatro y seis años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. El delito por el que ha sido condenado García Ortiz, el 417.1 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario público "que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". La pena prevista para ese delito es de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años, pero en su forma agravada puede llegar a implicar pena de prisión de uno a tres años y de tres a cinco de inhabilitación. El tribunal ha optado por quedarse en la mitad de la horquilla del tipo básico para la pena de inhabilitación, dos años, y por la pena mínima para la multa (12 meses con una cuota diaria de 20 euros).
Durante el juicio, que se celebró en el Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre pasado, declararon 40 testigos, entre otros, Alberto González Amador; el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; y 12 periodistas, incluidos tres de EL PAÍS.
Varios de ellos aseguraron que sabían que González Amador reconocía sus delitos para intentar un pacto de conformidad antes de que el fiscal general recibiera el correo que centra la investigación -algunos han aportado mensajes de WhatsApp que lo constatan-. Y tres de ellos dijeron que tuvieron acceso a ese email y que no fue el fiscal general quien se lo hizo llegar. Pero todos se acogieron al secreto profesional, un derecho reconocido en la Constitución, para no revelar sus fuentes. Entre ellos está Miguel Ángel Campos, el redactor de la Cadena SER que dio la primera noticia sobre el correo filtrado (fechado el 2 de febrero), que aseguró que accedió a su contenido al mediodía el 13 de marzo, pero que su fuente le prohibió publicarlo y solo le dio permiso una vez que Mundo había difundido la versión tergiversada que Miguel Ángel Rodríguez llevaba horas propagando.
Las acusaciones restaron credibilidad a estos testimonios con argumentos como que pueden excusarse en el secreto profesional para no decir la verdad; o como que, según las palabras del abogado de González Amador, "poseen un interés económico, profesional o de negocio en cuidar como fuente al ministerio fiscal".
El Gobierno ha iniciado el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general
El tribunal comunicó el fallo sin haber redactado todavía la sentencia "
Debemos defender la democracia de nostalgias infundadas, intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma" Pedro Sánchez
Álvaro García Ortiz tras la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña, el pasado lunes.
El fiscal general, condenado
El tribunal inhabilita dos años a García Ortiz por revelación de secretos
Tendrá que indemnizar a la pareja de Ayuso y pagar una multa de 7.200 euros
La condena divide a la sala, con cinco votos a favor y dos en contra
La sentencia con el argumento de los jueces no está aún redactada
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, además de imponerle una multa de 7.200 euros y de obligarle a pagar una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo adelantó ayer su fallo, pero la sentencia no está todavía redactada. La decisión dividió a la sala: dos de los siete magistrados, Ana Ferrer y Susana Polo, de perfil progresista, votaron en contra. Polo, que era la ponente de la sentencia, deja la redacción final al presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta.
La histórica decisión se conoce una semana después de que acabara la vista oral contra García Ortiz, que fue llevado a juicio acusado de la filtración de un correo electrónico enviado por el letrado de González Amador a la Fiscalía, en el que el empresario proponía un pacto y admitía delitos fiscales.
La difusión de ese correo se produjo tras publicarse una versión falsa sobre esa negociación.
La rapidez en el adelanto del fallo es inusual. García Ortiz ha defendido siempre su inocencia. Tras la condena, deberá abandonar el cargo. Solo podrá promover un incidente de nulidad ante el propio Supremo y, luego, recurrir al Tribunal Constitucional.
Álvaro García Ortiz, el día 11, al acabar la última sesión del juicio en el Supremo. JAIME VILLANUEVA
El Supremo condena a Álvaro García Ortiz
El alto tribunal, por cinco votos contra dos, impone al fiscal general una pena de dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por revelar en marzo de 2024 datos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso
Apenas una semana después de dejar el juicio visto para sentencia, el Tribunal Supremo comunicó ayer la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos por la filtración a los medios de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, admitía a la Fiscalía de Madrid que su cliente había efectivamente cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Además de la pena que aparta a García Ortiz del cargo de jefe del ministerio público, el alto tribunal impone a García Ortiz una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario González Amador.
La sentencia ha dividido a la Sala de lo Penal, que no ha podido alcanzar unanimidad en las deliberaciones, de modo que el fallo se ha adoptado por mayoría de cinco de los siete magistrados del tribunal, pertenecientes al sector conservador de la judicatura. Las otras dos, Ana Ferrer y Susana Polo, adscritas al sector progresista, han anunciado que formularán un voto particular. Polo era, inicialmente, la ponente de la sentencia y propuso la absolución, por lo que la redacción de la resolución de condena la asumirá ahora el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta. El Supremo solo adelantó ayer su decisión, pero la sentencia no está todavía redactada.
El Gobierno, que durante toda la fase de instrucción del proceso y durante la vista oral, ha defendido la inocencia de García Ortiz, anunció ayer que ha activado el mecanismo para nombrar a un nuevo fiscal general. "Tenemos la obligación de acatar la sentencia aunque no la compartimos", manifestó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una comparecencia institucional sin preguntas.
Bolaños manifestó que discrepar con la sentencia condenatoria al fiscal general "no puede conllevar desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia". El Gobierno, dijo, "tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente" que no lo comparte.
En un tono más críptico, aunque, según fuentes de La Moncloa, refiriéndose a este caso, el presidente Pedro Sánchez dijo en el acto de presentación en el Congreso de la serie Anatomía de un instante, sobre el golpe de Estado del 23-F: "Debemos defender la democracia de nostalgias infundadas, intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder". Y añadió: "La amenaza sigue ahí, pero también permanece nuestro firme deseo de neutralizarla". La sentencia completa una semana aciaga para el PSOE en los tribunales tras el informe sobre las supuestas comisiones del 2% al ex secretario de Organización Santos Cerdán por mediar en contratos públicos y la petición de 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos por el caso mascarillas, formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió a atacar a Pedro Sánchez tras conocerse la noticia y le reclama que pida perdón a los es pañoles por el "bochorno institucional" por lo que ha llamado una "burda operación política" para perjudicar a una presidenta autonómica del PP, en referencia a Díaz Ayuso, a la que no citó.
La decisión del tribunal llega cuando no se ha cumplido aún una semana de que, el pasado jueves por la tarde, quedara visto para sentencia el juicio a Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado del empresario González Amador. La difusión de ese email, en el que el letrado proponía un pacto a la Fiscalía y admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, se produjo el 13 de marzo de 2024, después de que El Mundo publicase una información que recogía la versión falsa que estaba extendiendo el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de conformidad de su pareja con la Fiscalía. Según esa versión, era el ministerio público la que estaba ofreciendo un pacto al empresario y no al revés, como realmente ocurrió.
La rapidez con la que el Supremo ha resuelto este caso no es habitual, ni tampoco lo es el hecho de que adelante la publicación del fallo de un juicio celebrado en el alto tribunal antes de tener redactada la sentencia. Pero casi todo en este proceso ha sido insólito, como lo fue la propia causa, la primera que se abrió contra un fiscal general del Estado. La decisión de adelantar el fallo antes de tener la resolución impide, por ahora, saber en qué argumentos se basa el tribunal para condenar al fiscal general ni si le atribuye directamente la filtración del correo, de la que no hay ninguna prueba fehaciente, solo indicios.
Fuentes consultadas apuntan a que el tribunal ha ponderado el delito de revelación de secretos tanto la difusión del correo enviado por el abogado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, como para la nota informativa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo para desmentir la versión falsa del entorno de Ayuso sobre las negociaciones entre la pareja de la presidenta y el ministerio público.
Ese comunicado está en el origen de la querella que llevó al banquillo a García Ortiz, quien desde el principio asumió la autoría de la nota de prensa; sin embargo, la sala que le encausó (integrada por cinco de los siete magistrados que le han juzgado) consideró que "aparentemente" no contenía "información indebidamente revelada", ya que todos los datos que incluía ya eran de conocimiento público a través de la prensa. Pero los jueces sí vieron indicios de delito en la filtración del correo del abogado, que hasta ese momento no estaba bajo la lupa, y optaron por abrir una causa contra el fiscal general. En el auto por el que procesó a García Ortiz el instructor del caso el magistrado Ángel Hurtado, señaló que el comunicado no era delictivo por sí solo, pero en "unidad de acto" con la filtración del correo.
El fallo adelantado por el Supremo es el siguiente: "Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.
Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación".
Los votos particulares que firmen las magistradas Ferrer y Polo se incorporarán a la sentencia definitiva. Estas dos juezas son las únicas de clara adscripción progresista que integraban el tribunal. Los cinco que han acordado la condena son el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta; su antecesor en ese cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela.
García Ortiz ha mantenido desde el principio su inocencia y ha rechazado haber filtrado el correo que centra la investigación.
En el juicio, durante su declaración como investigado, aseguró que ni él ni nadie de su entorno había filtrado el correo. "La verdad no se filtra, la verdad se defiende", dijo. El fiscal general se había negado a dimitir, pero ahora tendrá que dejar el cargo.
La condena surtirá efecto a partir de la notificación de la sentencia, contra la que no puede interponerse ningún recurso ordinario, solo un incidente de nulidad, un procedimiento extraordinario para reclamar vulneración de derechos fundamentales, pero sería el propio Supremo el que tendría que resolverlo y las posibilidades de que prospere son muy remotas. Agotadas las vías en el alto tribunal, la única opción que le quedaría a García Ortiz sería presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional si considera vulnerados derechos constitucionales.
La pena impuesta por el Supremo es inferior a la que pedían las acusaciones populares, que reclamaban entre cuatro y seis años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. El delito por el que ha sido condenado García Ortiz, el 417.1 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario público "que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". La pena prevista para ese delito es de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años, pero en su forma agravada puede llegar a implicar pena de prisión de uno a tres años y de tres a cinco de inhabilitación. El tribunal ha optado por quedarse en la mitad de la horquilla del tipo básico para la pena de inhabilitación, dos años, y por la pena mínima para la multa (12 meses con una cuota diaria de 20 euros).
Durante el juicio, que se celebró en el Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre pasado, declararon 40 testigos, entre otros, Alberto González Amador; el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; y 12 periodistas, incluidos tres de EL PAÍS.
Varios de ellos aseguraron que sabían que González Amador reconocía sus delitos para intentar un pacto de conformidad antes de que el fiscal general recibiera el correo que centra la investigación -algunos han aportado mensajes de WhatsApp que lo constatan-. Y tres de ellos dijeron que tuvieron acceso a ese email y que no fue el fiscal general quien se lo hizo llegar. Pero todos se acogieron al secreto profesional, un derecho reconocido en la Constitución, para no revelar sus fuentes. Entre ellos está Miguel Ángel Campos, el redactor de la Cadena SER que dio la primera noticia sobre el correo filtrado (fechado el 2 de febrero), que aseguró que accedió a su contenido al mediodía el 13 de marzo, pero que su fuente le prohibió publicarlo y solo le dio permiso una vez que Mundo había difundido la versión tergiversada que Miguel Ángel Rodríguez llevaba horas propagando.
Las acusaciones restaron credibilidad a estos testimonios con argumentos como que pueden excusarse en el secreto profesional para no decir la verdad; o como que, según las palabras del abogado de González Amador, "poseen un interés económico, profesional o de negocio en cuidar como fuente al ministerio fiscal".
El Gobierno ha iniciado el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general
El tribunal comunicó el fallo sin haber redactado todavía la sentencia "
Debemos defender la democracia de nostalgias infundadas, intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma" Pedro Sánchez
Álvaro García Ortiz tras la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña, el pasado lunes.