Peligran empresas por reforma a la Ley de Amparo: CCE
Resumen:
Peligran empresas por reforma a la Ley de Amparo: CCE
Transcripción:
Peligran empresas por reforma a la Ley de Amparo: CCE
La reforma a la Ley de Amparo debilita el Estado de Derecho: CCE
El Consejo Coordinador Empresarial advirtió a la opinión pública, a los Poderes de la Unión y a la comunidad empresarial del país que las reformas propuestas a la Ley de Amparo debilitan gravemente el Estado de Derecho, vulneran la seguridad jurídica y ponen en riesgo la continuidad de las empresas, el empleo y la inversión nacional y extranjera.
El Consejo Coordinador Empresarial abundó en que el juicio de amparo, pilar histórico de la justicia constitucional mexicana, ha sido la principal defensa de ciudadanos y empresas frente a actos arbitrarios de la autoridad.
Sin embargo, las reformas recientes limitan su alcance, reducen la posibilidad de suspensión de actos lesivos y restringen el interés legítimo, afectando directamente a quienes generan desarrollo económico.
El CCE manifiesta su profunda preocupación por los efectos y riesgos principales para la empresa y el empleo, como la restricción en la suspensión de créditos fiscales, que solo procederá si se garantiza el total del crédito y accesorios.
Esto excluye a las pequeñas y medianas empresas, que carecen de liquidez para cubrir la garantía, permitiendo al SAT continuar con embargos o remates, aun con el amparo en trámite.
Sin suspensión ante cancelación de licencias o concesiones: en casos de renovaciones o cancelaciones de permisos por autoridades federales (por ejemplo: COFEPRIS, CRE, SCT), la suspensión no opera hasta la sentencia final.
Ello puede mantener paralizadas a empresas durante años, con la consecuente pérdida de inversión y empleos. El transitorio propuesto prevé efectos retroactivos, lo que provocará que miles de amparos en trámite sean desechados.
Esta medida vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la ley y el derecho de acceso efectivo a la justicia.
Riesgo de cierre empresarial y afectación al empleo: la imposibilidad de suspender actos arbitrarios provoca daños irreversibles: cierres de plantas, pérdida de cadenas productivas y de miles de fuentes de trabajo.
El impacto se extiende a la economía local y nacional. Además del debilitamiento del control constitucional, la reforma desnaturaliza el juicio de amparo al privarlo de su efecto protector inmediato, convirtiéndolo en un recurso tardío e ineficaz.
Se fortalece la discrecionalidad del Estado y se deteriora la confianza de los inversionistas. Por ello, el CCE hace un respetuoso pero firme exhorto al Congreso de la Unión para reconsiderar las reformas y garantizar que el juicio de amparo siga siendo un instrumento eficaz de defensa de los derechos y libertades.
Al Poder Judicial de la Federación, para que, en el ejercicio de sus facultades, preserve la justicia y la equidad en la interpretación de estas normas.
Reiteramos que el cierre de una empresa afecta gravemente el empleo, la economía local y la inversión. La seguridad jurídica es condición esencial para el desarrollo económico del país.
La reforma a la Ley de Amparo debilita el Estado de Derecho: CCE
El Consejo Coordinador Empresarial advirtió a la opinión pública, a los Poderes de la Unión y a la comunidad empresarial del país que las reformas propuestas a la Ley de Amparo debilitan gravemente el Estado de Derecho, vulneran la seguridad jurídica y ponen en riesgo la continuidad de las empresas, el empleo y la inversión nacional y extranjera.
El Consejo Coordinador Empresarial abundó en que el juicio de amparo, pilar histórico de la justicia constitucional mexicana, ha sido la principal defensa de ciudadanos y empresas frente a actos arbitrarios de la autoridad.
Sin embargo, las reformas recientes limitan su alcance, reducen la posibilidad de suspensión de actos lesivos y restringen el interés legítimo, afectando directamente a quienes generan desarrollo económico.
El CCE manifiesta su profunda preocupación por los efectos y riesgos principales para la empresa y el empleo, como la restricción en la suspensión de créditos fiscales, que solo procederá si se garantiza el total del crédito y accesorios.
Esto excluye a las pequeñas y medianas empresas, que carecen de liquidez para cubrir la garantía, permitiendo al SAT continuar con embargos o remates, aun con el amparo en trámite.
Sin suspensión ante cancelación de licencias o concesiones: en casos de renovaciones o cancelaciones de permisos por autoridades federales (por ejemplo: COFEPRIS, CRE, SCT), la suspensión no opera hasta la sentencia final.
Ello puede mantener paralizadas a empresas durante años, con la consecuente pérdida de inversión y empleos. El transitorio propuesto prevé efectos retroactivos, lo que provocará que miles de amparos en trámite sean desechados.
Esta medida vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la ley y el derecho de acceso efectivo a la justicia.
Riesgo de cierre empresarial y afectación al empleo: la imposibilidad de suspender actos arbitrarios provoca daños irreversibles: cierres de plantas, pérdida de cadenas productivas y de miles de fuentes de trabajo.
El impacto se extiende a la economía local y nacional. Además del debilitamiento del control constitucional, la reforma desnaturaliza el juicio de amparo al privarlo de su efecto protector inmediato, convirtiéndolo en un recurso tardío e ineficaz.
Se fortalece la discrecionalidad del Estado y se deteriora la confianza de los inversionistas. Por ello, el CCE hace un respetuoso pero firme exhorto al Congreso de la Unión para reconsiderar las reformas y garantizar que el juicio de amparo siga siendo un instrumento eficaz de defensa de los derechos y libertades.
Al Poder Judicial de la Federación, para que, en el ejercicio de sus facultades, preserve la justicia y la equidad en la interpretación de estas normas.
Reiteramos que el cierre de una empresa afecta gravemente el empleo, la economía local y la inversión. La seguridad jurídica es condición esencial para el desarrollo económico del país.