Transcripción:
La ministra Lenia Batres Guadarrama señala que las amenazas del crimen organizado a los impartidores de justicia es un tema que se habla en las sesiones privadas de la Corte. Destaca por ello que la protección a los jueces debe garantizarse.
"Se suele comentar en las sesiones privadas de la Corte que hay una cantidad significativa de jueces que están siendo protegidos porque han solicitado protección por tener amenazas del crimen organizado (...) También se comenta que hay una cantidad fuerte de jueces que solicitan cambios de adscripciones por esta misma razón, entonces creo que es una amenaza creíble en el país", responde la magistrada a propósito de un informe reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual menciona que jueces y ministros son influenciados por el crimen.
De la posibilidad de que esto afecte al Estado de derecho, dice que en tanto esta protección sea efectiva "es menos probable tener sentencias que sean producto del crimen organizado, que sean resultado de la impotencia del Estado para enfrentar al crimen organizado, creo que aún no estamos en esa circunstancia, pero es un tema de preocupación".
Las amenazas del crimen contra jueces son creíbles
La ministra Lenia Batres Guadarrama dijo que es creíble que las amenazas del crimen organizado a jueces y magistrados ponen en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país, por lo que debe garantizarse su protección para que sus sentencias no se alineen con los criminales.
En entrevista con El Sol de México, se le cuestionó a Batres Guadarrama sobre el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que dice que el crimen organizado influye en jueces, a lo que respondió que el tema de las amenazas se habla en la Corte.
En el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos hay una parte que dice que jueces y ministros del Poder Judicial de México son influenciados por el crimen organizado, ¿usted ha visto o se ha enterado de esta situación? Se suele comentar en las sesiones privadas de la Corte que hay una cantidad significativa de jueces que están siendo protegidos porque han solicitado protección por tener amenazas del crimen organizado (...) También se comenta que hay una cantidad fuerte de jueces que solicitan cambios de adscripciones por esta misma razón, entonces creo que es una amenaza creíble en el país.
¿Esta situación afectaría al Estado de Derecho en nuestro país? Sí, por supuesto que SÍ. Es un tema, no sé hasta qué grado pudiéramos, si es que pudiéramos, medir qué efectos tiene en las sentencias, en las sentencias vigentes que están resolviéndose, pero creo que es un tema de preocupación que por supuesto debe atender el Poder Judicial. En tanto se soliciten estas protecciones, que deben atenderse y entiendo que se atienden, por la protección de la Guardia Nacional a los juzgados y a los jueces personalmente.
En tanto esta protección sea efectiva creo que es menos probable tener sentencias que sean producto del crimen organizado, que sean resultado de la impotencia del Estado para enfrentar al crimen organizado, creo que aún no estamos en esa circunstancia, pero es un tema de preocupación que debiera estar midiendo el Consejo de la Judicatura.
¿Cómo se ha topado con el trabajo dentro de la Suprema Corte? Ministras y ministros tienen un nivel de relación muy cordial, debo admitirlo y reconocerlo, y por supuesto agradecer que hay básicamente mucho respeto entre ministras y ministros. De repente brincan algunas hostilidades muy pequeñitas afortunadamente, quizá más pícaras que hostiles en realidad, hay diferencias y las diferencias deben ser legítimas siempre.
Cuando toma posesión hablaba de que la Constitución está subordinada a la Suprema Corte, ministros juzgando por consigna, ¿por qué comentar eso? Yo he dicho que se están cometiendo excesos, que la Suprema Corte ha estado sobrepasando las funciones que tiene, que le da la propia Constitución, básicamente en el artículo 94 y los subsecuentes, pero básicamente en ese porque se atribuye, por ejemplo, la facultad de nombrar magistrados o jueces cuando no tiene esa facultad.
Otro límite que ha tenido en otra facultad, que me parece todavía más excesiva y muy preocupante, tiene que ver con la la facilidad con la que está invalidando leyes. En la historia de las acciones de inconstitucionalidad, que nacieron en 1995, resulta que se han aprobado o se han invalidado 100 leyes y de esas 74 se han invalidado los últimos cinco años.
¿Cómo interpretaría la reforma a la Ley de Amparo? Creo que se justifica porque el espíritu del juicio de amparo ha sido un poco pervertido últimamente, el espíritu del juicio de amparo era un juicio individual que debería tener una resolución que solamente amparara a una persona determinada respecto de una ley que pudiera frente a esa persona, por la circunstancia que estaba planteando su caso resulta inconstitucional (...) El tema perverso es que se va extendiendo y se van dando facultades a SÍ mismos jueces, magistrados y ministros que de repente resulta que otorgan suspensiones con efectos generales que nunca han estado previstas.
¿Qué le diría al ciudadano que cree que le quitan una defensa? Seguimos o siguen cada una de las personas teniendo la posibilidad de presentar su demanda de amparo.