Historias de NegoCEOs // Tomza y la tragedia en Iztapalapa
Resumen:
Tomza y la tragedia en Iztapalapa
Transcripción:
Tomza y la tragedia en Iztapalapa
Han pasado semanas desde la explosión en el Puente La Concordia, en Iztapalapa, donde se registran 30 víctimas mortales, entre ellas el conductor de la pipa, a quien la Fiscalía capitalina investigaba por presunto exceso de velocidad. La empresa detrás de la tragedia, Transportadora Silza, ha respondido con comunicados ambiguos, mientras el poderoso conglomerado gasero al que pertenece, Grupo Tomza, arrastra varios escándalos.
La historia de Tomza, fundado por el juarense Tomás Zaragoza Fuentes, convertido en la gasera más grande de México, está marcada por explosiones, muertes y un monopolio que durante años ha contado con la complacencia oficial. Según registros oficiales y reportes de prensa, en los últimos 12 años la red de empresas del grupo ha acumulado al menos 24 accidentes en México y Costa Rica.
Fugas en plantas, explosiones en tortillerías, siniestros vehiculares, irregularidades en instalaciones que han dejado cerca de 100 lesionados y más de 50 muertos. Solo por explosiones, se cuentan al menos 11 desde 2013, la mitad con consecuencias fatales, sin contar la tragedia reciente en Iztapalapa.
Así, mientras en su página web Tomza presume ser "la principal cadena gasera del país" y abre una sección de certificaciones completamente vacía, sus antecedentes exhiben fallas de seguridad reiteradas y nula rendición de cuentas. El caso más extremo ocurrió en 2013, cuando una explosión en su planta de Amozoc, Puebla, reveló que operaba sin permisos estatales completos. En Baja California, dos explosiones en instalaciones de Silza dejaron seis muertos, sus respectivas indemnizaciones, pero nunca sanciones ejemplares. Incluso en Yucatán se giró una orden de aprehensión contra Tomás Zaragoza que quedó sin ejecutarse.
El poder del grupo no se limita a la operación comercial. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, Tomza y sus filiales concentran más de 300 permisos de distribución y expendio de gas LP en el país, una cifra que lo coloca muy por encima de competidores medianos y que en algunos estados supera el 30% de participación. En Baja California, por ejemplo, controla 26 de los 91 permisos estatales para expendio de gas LP y concentra casi 30% de las licencias federales con vigencia de tres décadas. Su competidor más cercano apenas suma 12.
Ese poder de mercado se suma a una relación fluida con gobiernos locales. En los últimos 15 años, más de 17 contratos fueron adjudicados directamente a Gas Silza en Baja California, principalmente durante el gobierno del panista Francisco Vega. Recientemente, se hizo de un contrato para suministrar gas LP a las cocinas de los ocho Ceresos centros para adolescentes del estado por un monto mínimo de 18.5 millones de pesos.
En la Profeco, Tomza acumula más de un centenar de quejas contra sus filiales por abusos en precios y prácticas monopólicas, aunque pocas han llegado a sanciones efectivas.
La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Pemex han vinculado a pipas de Grupo Tomza con el robo de gas en tomas clandestinas, como lo reveló EL CEO. En 2021 se aseguraron siete vehículos cisterna presuntamente propiedad del conglomerado, utilizados para trasiego ilegal en el Estado de México, Hidalgo y Puebla. Dos de esas unidades, con capacidad de mil litros -casi del tamaño de la pipa volcada en Iztapalapa- fueron identificadas como parte de Transportadora Tomza, una de las principales filiales del grupo.
La tragedia del Puente de La Concordia pone en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum su primera gran prueba de fuego: decidir si Silza y Tomza serán otro capítulo de impunidad resuelto con indemnizaciones y nuevos contratos, o el inicio de un cambio real en el escrutinio al sector gasero. Se trata de un conglomerado que abastece a millones de hogares y negocios en todo México, que tiene la capacidad de presionar precios y contratos, y cuya historia muestra omisiones que podrían derivar en otra tragedia.
Sheinbaum debe decidir si este será otro capítulo de impunidad resuelto con indemnizaciones o el inicio de un cambio real en el escrutinio al sector gasero.
MARIO MALDONADO
Han pasado semanas desde la explosión en el Puente La Concordia, en Iztapalapa, donde se registran 30 víctimas mortales, entre ellas el conductor de la pipa, a quien la Fiscalía capitalina investigaba por presunto exceso de velocidad. La empresa detrás de la tragedia, Transportadora Silza, ha respondido con comunicados ambiguos, mientras el poderoso conglomerado gasero al que pertenece, Grupo Tomza, arrastra varios escándalos.
La historia de Tomza, fundado por el juarense Tomás Zaragoza Fuentes, convertido en la gasera más grande de México, está marcada por explosiones, muertes y un monopolio que durante años ha contado con la complacencia oficial. Según registros oficiales y reportes de prensa, en los últimos 12 años la red de empresas del grupo ha acumulado al menos 24 accidentes en México y Costa Rica.
Fugas en plantas, explosiones en tortillerías, siniestros vehiculares, irregularidades en instalaciones que han dejado cerca de 100 lesionados y más de 50 muertos. Solo por explosiones, se cuentan al menos 11 desde 2013, la mitad con consecuencias fatales, sin contar la tragedia reciente en Iztapalapa.
Así, mientras en su página web Tomza presume ser "la principal cadena gasera del país" y abre una sección de certificaciones completamente vacía, sus antecedentes exhiben fallas de seguridad reiteradas y nula rendición de cuentas. El caso más extremo ocurrió en 2013, cuando una explosión en su planta de Amozoc, Puebla, reveló que operaba sin permisos estatales completos. En Baja California, dos explosiones en instalaciones de Silza dejaron seis muertos, sus respectivas indemnizaciones, pero nunca sanciones ejemplares. Incluso en Yucatán se giró una orden de aprehensión contra Tomás Zaragoza que quedó sin ejecutarse.
El poder del grupo no se limita a la operación comercial. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, Tomza y sus filiales concentran más de 300 permisos de distribución y expendio de gas LP en el país, una cifra que lo coloca muy por encima de competidores medianos y que en algunos estados supera el 30% de participación. En Baja California, por ejemplo, controla 26 de los 91 permisos estatales para expendio de gas LP y concentra casi 30% de las licencias federales con vigencia de tres décadas. Su competidor más cercano apenas suma 12.
Ese poder de mercado se suma a una relación fluida con gobiernos locales. En los últimos 15 años, más de 17 contratos fueron adjudicados directamente a Gas Silza en Baja California, principalmente durante el gobierno del panista Francisco Vega. Recientemente, se hizo de un contrato para suministrar gas LP a las cocinas de los ocho Ceresos centros para adolescentes del estado por un monto mínimo de 18.5 millones de pesos.
En la Profeco, Tomza acumula más de un centenar de quejas contra sus filiales por abusos en precios y prácticas monopólicas, aunque pocas han llegado a sanciones efectivas.
La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Pemex han vinculado a pipas de Grupo Tomza con el robo de gas en tomas clandestinas, como lo reveló EL CEO. En 2021 se aseguraron siete vehículos cisterna presuntamente propiedad del conglomerado, utilizados para trasiego ilegal en el Estado de México, Hidalgo y Puebla. Dos de esas unidades, con capacidad de mil litros -casi del tamaño de la pipa volcada en Iztapalapa- fueron identificadas como parte de Transportadora Tomza, una de las principales filiales del grupo.
La tragedia del Puente de La Concordia pone en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum su primera gran prueba de fuego: decidir si Silza y Tomza serán otro capítulo de impunidad resuelto con indemnizaciones y nuevos contratos, o el inicio de un cambio real en el escrutinio al sector gasero. Se trata de un conglomerado que abastece a millones de hogares y negocios en todo México, que tiene la capacidad de presionar precios y contratos, y cuya historia muestra omisiones que podrían derivar en otra tragedia.
Sheinbaum debe decidir si este será otro capítulo de impunidad resuelto con indemnizaciones o el inicio de un cambio real en el escrutinio al sector gasero.
MARIO MALDONADO