El Supremo se inclina por ampliar el poder presidencial de Trump
Resumen:
El Tribunal Supremo de Estados Unidos parece inclinarse por dar la razón al presidente estadounidense, Donald Trump, una vez más y darle un nuevo poder en perjuicio del legislativo: el de destituir a voluntad y nombrar a su gusto a los responsables de agencias federales independientes, algo que eliminaría un precedente respetado a lo largo de los últimos 90 años.
Transcripción:
El Supremo se inclina por ampliar el poder presidencial de Trump
M. V.L.
Washington
El Tribunal Supremo de Estados Unidos parece inclinarse por dar la razón al presidente estadounidense, Donald Trump, una vez más y darle un nuevo poder en perjuicio del legislativo: el de destituir a voluntad y nombrar a su gusto a los responsables de agencias federales independientes, algo que eliminaría un precedente respetado a lo largo de los últimos 90 años.
Los nueve magistrados, de supermayoría conservadora -seis son de esa ideología frente a tres progresistas-, escucharon ayer los argumentos orales en el caso en torno al despido de Rebecca Kelly Slaughter el pasado marzo en la Comisión Federal de Comercio, pese a que su mandato debía terminar en 2029.
El propio Trump había nombrado a Slaughter para un asiento demócrata en la junta directiva de la FTC (en sus siglas en inglés) en 2018. Tras llegar a la Casa Blanca en 2021, el presidente Joe Biden la confirmó para un segundo mandato. Pero en marzo Slaughter recibió una carta de la Oficina de Personal de la Casa Blanca que le comunicaba su cese con efecto inmediato. Según explicaba la misiva, su presencia en el puesto era "inconsistente con las prioridades de la Administración" del nuevo presidente republicano.
La FTC, una agencia independiente y no partidista, se fundó en 1914 por orden del Congreso de EE UU con la misión de impedir la competencia desleal en la economía estadounidense. Por ley, esta comisión, de cinco asientos, no puede contar con más de tres miembros de un partido. Y sus integrantes solo pueden ser despedidos por "incompetencia, desidia o malas prácticas en el cargo".
Slaughter decidió ir a los tribunales para apelar contra su despido, argumentando que su cese no se había basado en ninguno de los tres supuestos, por lo que era ilegal. Un tribunal de primera instancia le dio la razón. El Gobierno estadounidense apeló aquella decisión; en septiembre, el Supremo emitió una orden urgente que prohibía que la experta regresara al puesto hasta que el máximo órgano judicial viera el caso en detalle y emitiera una decisión. Tras escuchar los argumentos ayer, se espera que los magistrados se pronuncien el próximo junio.
El caso tendría un enorme impacto en los organismos federales independientes, aproximadamente dos docenas de agencias, según calculó durante la vista el abogado del Gobierno, el fiscal John Sauer.
Su resultado también podría afectar a otro caso que el Supremo tiene entre manos y que puede tener consecuencias históricas: el cese de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, a la que Trump quiso destituir el pasado agosto argumentando que tenía "causas": un supuesto fraude hipotecario que la antigua académica niega. La independencia de la Fed es fundamental para el buen desempeño de la economía estadounidense, y los jueces del Supremo indicaron que consideran esa institución un caso aparte del resto de las agencias federales independientes.
En el centro del debate del caso se encuentra el precedente sen tado por el Supremo en 1935 en el caso conocido como Ejecutor de Humphrey contra Estados Unidos.
En aquel año, el máximo tribunal del país estableció que el poder ejecutivo no puede cesar a las personas al frente de las agencias federales independientes. Desde entonces, otras decisiones del Supremo han ido limitando aquella sentencia, pero no habían llegado a anularla. En caso de dar la razón a Trump y determinar que el presidente puede cesar a Slaughter, ese precedente quedaría pulverizado. "El precedente de Humphrey debe quedar anulado", declaró el abogado del Estado John Sauer, que aseguró que, tal y como está, aquella sentencia ha quedado anticuada y representa una "excepción indefendible" a todo un cuerpo legislativo que apunta a las tesis contrarias: a que los dirigentes de los organismos oficiales independientes sí pueden ser cesados. Si no, argumentan, se crearía un poder aparte de los tres establecidos en la Constitución, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
M. V.L.
Washington
El Tribunal Supremo de Estados Unidos parece inclinarse por dar la razón al presidente estadounidense, Donald Trump, una vez más y darle un nuevo poder en perjuicio del legislativo: el de destituir a voluntad y nombrar a su gusto a los responsables de agencias federales independientes, algo que eliminaría un precedente respetado a lo largo de los últimos 90 años.
Los nueve magistrados, de supermayoría conservadora -seis son de esa ideología frente a tres progresistas-, escucharon ayer los argumentos orales en el caso en torno al despido de Rebecca Kelly Slaughter el pasado marzo en la Comisión Federal de Comercio, pese a que su mandato debía terminar en 2029.
El propio Trump había nombrado a Slaughter para un asiento demócrata en la junta directiva de la FTC (en sus siglas en inglés) en 2018. Tras llegar a la Casa Blanca en 2021, el presidente Joe Biden la confirmó para un segundo mandato. Pero en marzo Slaughter recibió una carta de la Oficina de Personal de la Casa Blanca que le comunicaba su cese con efecto inmediato. Según explicaba la misiva, su presencia en el puesto era "inconsistente con las prioridades de la Administración" del nuevo presidente republicano.
La FTC, una agencia independiente y no partidista, se fundó en 1914 por orden del Congreso de EE UU con la misión de impedir la competencia desleal en la economía estadounidense. Por ley, esta comisión, de cinco asientos, no puede contar con más de tres miembros de un partido. Y sus integrantes solo pueden ser despedidos por "incompetencia, desidia o malas prácticas en el cargo".
Slaughter decidió ir a los tribunales para apelar contra su despido, argumentando que su cese no se había basado en ninguno de los tres supuestos, por lo que era ilegal. Un tribunal de primera instancia le dio la razón. El Gobierno estadounidense apeló aquella decisión; en septiembre, el Supremo emitió una orden urgente que prohibía que la experta regresara al puesto hasta que el máximo órgano judicial viera el caso en detalle y emitiera una decisión. Tras escuchar los argumentos ayer, se espera que los magistrados se pronuncien el próximo junio.
El caso tendría un enorme impacto en los organismos federales independientes, aproximadamente dos docenas de agencias, según calculó durante la vista el abogado del Gobierno, el fiscal John Sauer.
Su resultado también podría afectar a otro caso que el Supremo tiene entre manos y que puede tener consecuencias históricas: el cese de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, a la que Trump quiso destituir el pasado agosto argumentando que tenía "causas": un supuesto fraude hipotecario que la antigua académica niega. La independencia de la Fed es fundamental para el buen desempeño de la economía estadounidense, y los jueces del Supremo indicaron que consideran esa institución un caso aparte del resto de las agencias federales independientes.
En el centro del debate del caso se encuentra el precedente sen tado por el Supremo en 1935 en el caso conocido como Ejecutor de Humphrey contra Estados Unidos.
En aquel año, el máximo tribunal del país estableció que el poder ejecutivo no puede cesar a las personas al frente de las agencias federales independientes. Desde entonces, otras decisiones del Supremo han ido limitando aquella sentencia, pero no habían llegado a anularla. En caso de dar la razón a Trump y determinar que el presidente puede cesar a Slaughter, ese precedente quedaría pulverizado. "El precedente de Humphrey debe quedar anulado", declaró el abogado del Estado John Sauer, que aseguró que, tal y como está, aquella sentencia ha quedado anticuada y representa una "excepción indefendible" a todo un cuerpo legislativo que apunta a las tesis contrarias: a que los dirigentes de los organismos oficiales independientes sí pueden ser cesados. Si no, argumentan, se crearía un poder aparte de los tres establecidos en la Constitución, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.