¿Ominoso 2025?
Resumen:
¿Ominoso 2025?
Transcripción:
¿Ominoso 2025?
Los ciudadanos deben tomar en cuenta el desmantelamiento del Poder Judicial federal.
Este año representará una verdadera encrucijada para la continuidad democrática de México. Las señales son ominosas para las libertades de los mexicanos e implican el colapso del sistema de justicia. Se trata de una combinación amenazante para un régimen de derechos.
De entrada, el gobierno mexicano le envía una advertencia al mundo: los tratados internacionales no serán observados si no están alineados a su visión ideológica.
En resumen, los cambios constitucionales y legales que amplían el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa implicarán más inocentes en las cárceles, desaparición de la presunción de inocencia y la anulación de defensa vía amparo e interpretación de juzgadores. Es el regreso al Estado punitivo o autoritario que las fuerzas democráticas y ciudadanos lograron desconfigurar.
Usted puede preguntarse qué significa ese Estado punitivo. Pues bien, se distingue por un incremento del control policial-militar y endurecimiento de las penas; reducción de derechos humanos, marginando las garantías individuales, limitando el acceso a la justicia y la protección frente al abuso estatal, así como la criminalización de sectores sociales, que se suele enfocar en grupos vulnerables, minorías o sectores desfavorecidos como objetos prioritarios de persecución penal.
A lo anterior, los ciudadanos deben tomar en cuenta el desmantelamiento del Poder Judicial federal. Todo opera en contra de sus derechos humanos.
El asunto es tan grave que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ya había advertido de la reforma regresiva al Poder Judicial, alertó que la reforma al artículo 19 de la Constitución para encarcelar a personas solo por ser sospechosas va en sentido contrario a un Estado democrático y protector de los derechos humanos.
Ante ello, llamó al gobierno de Morena a eliminar esta figura de la Constitución.
No debe olvidarse que éste ha sido condenado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, base de apoyo del EZLN.
Pero específicamente, la Corte Interamericana declaró que México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz por su detención y privación de la libertad, bajo el condenado sistema de prisión preventiva oficiosa, que hoy amplió oficialmente.
Las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por más de 17 años cuando se adoptaron medidas alternativas a la privación de la libertad, las cuales estaban vigentes cuando la Corte emitió su sentencia.
El 12 de mayo de 2022 fue pronunciada la sentencia mediante la cual se les condenó por el delito de homicidio y se les impuso una sanción privativa de libertad de 35 años, acto que fue apelado.
La Corte IDH ya había considerado que la prisión preventiva no permite hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada.
"Lo anterior se debe a que su aplicación se hace de forma automática para los delitos que revisten cierta gravedad, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso y dejando a los jueces sin posibilidad de ejercer un control convencional.
"El Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la igualdad y no discriminación y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas".
Hoy se privilegiará la ruta contra los derechos humanos en su estrategia contra el narcotráfico, que posiciona a México como uno de los países más afectados por conflictos violentos a nivel mundial, con más de 30 mil asesinatos anuales.
Hoy se privilegiará la ruta contra los derechos humanos en su estrategia contra el narcotráfico.
Jorge Camargo Zurita
Los ciudadanos deben tomar en cuenta el desmantelamiento del Poder Judicial federal.
Este año representará una verdadera encrucijada para la continuidad democrática de México. Las señales son ominosas para las libertades de los mexicanos e implican el colapso del sistema de justicia. Se trata de una combinación amenazante para un régimen de derechos.
De entrada, el gobierno mexicano le envía una advertencia al mundo: los tratados internacionales no serán observados si no están alineados a su visión ideológica.
En resumen, los cambios constitucionales y legales que amplían el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa implicarán más inocentes en las cárceles, desaparición de la presunción de inocencia y la anulación de defensa vía amparo e interpretación de juzgadores. Es el regreso al Estado punitivo o autoritario que las fuerzas democráticas y ciudadanos lograron desconfigurar.
Usted puede preguntarse qué significa ese Estado punitivo. Pues bien, se distingue por un incremento del control policial-militar y endurecimiento de las penas; reducción de derechos humanos, marginando las garantías individuales, limitando el acceso a la justicia y la protección frente al abuso estatal, así como la criminalización de sectores sociales, que se suele enfocar en grupos vulnerables, minorías o sectores desfavorecidos como objetos prioritarios de persecución penal.
A lo anterior, los ciudadanos deben tomar en cuenta el desmantelamiento del Poder Judicial federal. Todo opera en contra de sus derechos humanos.
El asunto es tan grave que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ya había advertido de la reforma regresiva al Poder Judicial, alertó que la reforma al artículo 19 de la Constitución para encarcelar a personas solo por ser sospechosas va en sentido contrario a un Estado democrático y protector de los derechos humanos.
Ante ello, llamó al gobierno de Morena a eliminar esta figura de la Constitución.
No debe olvidarse que éste ha sido condenado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, base de apoyo del EZLN.
Pero específicamente, la Corte Interamericana declaró que México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz por su detención y privación de la libertad, bajo el condenado sistema de prisión preventiva oficiosa, que hoy amplió oficialmente.
Las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por más de 17 años cuando se adoptaron medidas alternativas a la privación de la libertad, las cuales estaban vigentes cuando la Corte emitió su sentencia.
El 12 de mayo de 2022 fue pronunciada la sentencia mediante la cual se les condenó por el delito de homicidio y se les impuso una sanción privativa de libertad de 35 años, acto que fue apelado.
La Corte IDH ya había considerado que la prisión preventiva no permite hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada.
"Lo anterior se debe a que su aplicación se hace de forma automática para los delitos que revisten cierta gravedad, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso y dejando a los jueces sin posibilidad de ejercer un control convencional.
"El Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la igualdad y no discriminación y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas".
Hoy se privilegiará la ruta contra los derechos humanos en su estrategia contra el narcotráfico, que posiciona a México como uno de los países más afectados por conflictos violentos a nivel mundial, con más de 30 mil asesinatos anuales.
Hoy se privilegiará la ruta contra los derechos humanos en su estrategia contra el narcotráfico.
Jorge Camargo Zurita