Historias de NegoCeos // Poder Judicial delinea estrategia de contención
Resumen:
Ante lo que se anticipa como un albazo legislativo, los altos mandos del Poder Judicial de la Federación (PJF) alistan una estrategia de contención que incluye un paro de labores, el cierre de ventanillas, movilizaciones y un cabildeo internacional.
Transcripción:
Ante lo que se anticipa como un albazo legislativo, los altos mandos del Poder Judicial de la Federación (PJF) alistan una estrategia de contención que incluye un paro de labores, el cierre de ventanillas, movilizaciones y un cabildeo internacional.
En Morena están resueltos a dejar listo el dictamen de la reforma judicial para que en septiembre sea votado por la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados, incluso sin pasar por las comisiones, sino directo al Pleno. Lo mismo en el Senado.
Frente a este escenario, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, apoyada por un grupo de ministros, magistrados y colaboradores, ha establecido como estrategia institucional llegar a las “últimas consecuencias", según memorandos internos y fuentes del PJF.
La resistencia es coordinada por el juez Juan Antonio González García, actual titular de la Contraloría General del Consejo de la Judicatura Federal, quien tendría el apoyo de los consejeros José Alfonso Montalvo Martínez, Lilia Mónica López Benítez y Sergio Javier Molina Martínez.
Mientras tanto, en el Pleno de la SCJN hay divisiones y posturas encontradas respecto a la estrategia de la ministra presidenta, quien, pese a no tener el apoyo de todos los ministros y ministras, ha decidido emprender dicho plan.
Otros colaboradores de la “resistencia” son José Rogelio Alanís García, magistrado adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad México y coordinador de Magistrados Penales; Reynaldo Manuel Reyes Rosas, magistrado adscrito al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México; y Magdalena Victoria Oliva, juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.
Estos juzgadores son conocidos por su influencia sobre el personal del PJF en la Ciudad de México y por su postura radical en contra de la reforma.
El 5 de julio revelé la planeación de un paro de labores, el cual se anunciará de manera formal el 15 de agosto y se prevé que inicie el 1 de septiembre, con la idea de que el caos que generará traerá como consecuencia que la población apoye la resistencia.
La clave del paro de labores es “apagar” el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), un programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
Asimismo se planea el cierre de ventanillas de atención, para que no se preste el servicio público de impartición de justicia.
Otro punto de la estrategia es la coalición con jueces y magistrados. El titular de la Contraloría General del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Antonio González García, se ha reunido con los titulares de órganos jurisdiccionales de mayor lealtad para incentivar y “presionar” al personal a su cargo para manifestarse en contra de la reforma.
También se habla de la difusión de un tabulador de salarios, el cual contiene un supuesto ajuste como consecuencia de la eliminación de prestaciones a raíz de la reforma. Del mismo modo, se han efectuado cambios de adscripción irregulares de juzgadores que no comparten la estrategia.
La movilización de asociaciones de transportistas formaría parte del plan de contención, mediante un acuerdo para que se manifiesten en distintas vías carreteras del país para generar “conciencia” sobre los efectos de la reforma judicial.
Asimismo se llevará a cabo un cabildeo con legisladores y políticos estadounidenses, principalmente del Partido Republicano y con el equipo de Donald Trump.
Algunos críticos de la estrategia de resistencia es que pretende aprovecharse de los trabajadores del PJF para defender a los jueces, magistrados y ministros, quienes serían los más afectados con la reforma.
En Morena están resueltos a dejar listo el dictamen de la reforma judicial para que en septiembre sea votado por la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados, incluso sin pasar por las comisiones, sino directo al Pleno. Lo mismo en el Senado.
Frente a este escenario, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, apoyada por un grupo de ministros, magistrados y colaboradores, ha establecido como estrategia institucional llegar a las “últimas consecuencias", según memorandos internos y fuentes del PJF.
La resistencia es coordinada por el juez Juan Antonio González García, actual titular de la Contraloría General del Consejo de la Judicatura Federal, quien tendría el apoyo de los consejeros José Alfonso Montalvo Martínez, Lilia Mónica López Benítez y Sergio Javier Molina Martínez.
Mientras tanto, en el Pleno de la SCJN hay divisiones y posturas encontradas respecto a la estrategia de la ministra presidenta, quien, pese a no tener el apoyo de todos los ministros y ministras, ha decidido emprender dicho plan.
Otros colaboradores de la “resistencia” son José Rogelio Alanís García, magistrado adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad México y coordinador de Magistrados Penales; Reynaldo Manuel Reyes Rosas, magistrado adscrito al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México; y Magdalena Victoria Oliva, juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.
Estos juzgadores son conocidos por su influencia sobre el personal del PJF en la Ciudad de México y por su postura radical en contra de la reforma.
El 5 de julio revelé la planeación de un paro de labores, el cual se anunciará de manera formal el 15 de agosto y se prevé que inicie el 1 de septiembre, con la idea de que el caos que generará traerá como consecuencia que la población apoye la resistencia.
La clave del paro de labores es “apagar” el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), un programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
Asimismo se planea el cierre de ventanillas de atención, para que no se preste el servicio público de impartición de justicia.
Otro punto de la estrategia es la coalición con jueces y magistrados. El titular de la Contraloría General del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Antonio González García, se ha reunido con los titulares de órganos jurisdiccionales de mayor lealtad para incentivar y “presionar” al personal a su cargo para manifestarse en contra de la reforma.
También se habla de la difusión de un tabulador de salarios, el cual contiene un supuesto ajuste como consecuencia de la eliminación de prestaciones a raíz de la reforma. Del mismo modo, se han efectuado cambios de adscripción irregulares de juzgadores que no comparten la estrategia.
La movilización de asociaciones de transportistas formaría parte del plan de contención, mediante un acuerdo para que se manifiesten en distintas vías carreteras del país para generar “conciencia” sobre los efectos de la reforma judicial.
Asimismo se llevará a cabo un cabildeo con legisladores y políticos estadounidenses, principalmente del Partido Republicano y con el equipo de Donald Trump.
Algunos críticos de la estrategia de resistencia es que pretende aprovecharse de los trabajadores del PJF para defender a los jueces, magistrados y ministros, quienes serían los más afectados con la reforma.