Resumen:
EL martes pasado, como un apéndice a la firma del nuevo Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía, hubo un desayuno tempranero en Palacio Nacional, donde el secretario de hacienda Rogelio Ramírez de la O y el subsecretario Gabriel Yorio conversaron con el líder del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, con Vicente Yáñez de las tiendas Departamentales y Autoservicios, Francisco El Suavecito Cervantes por el Consejo Coordinador Empresarial y los industriales que representa José Abugaber. En términos generales, se puede decir que los representantes de estas organizaciones manifestaron de un modo muy cordial su preocupación sobre que sólo se tomó el parecer a 15 grandes empresas lo cual podría generar situaciones de falta competencia ventajosa de los firmantes respecto a otras empresas, quizá no tan grandes como las signatarias, pero que igual tienen derechos de representación ante el poder público; también preocupaciones en materia de la supresión temporal de los trámites de control sanitario y fitosanitario de los productos agropecuarios contenidos en la minicanasta básica y, por supuesto, su preocupación de que esta nueva versión del PACIC, no se expresó de manera explícita el entorno de inseguridad que afecta el desempeño de las empresas y de sus trabajadores.
Transcripción:
EL martes pasado, como un apéndice a la firma del nuevo Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía, hubo un desayuno tempranero en Palacio Nacional, donde el secretario de hacienda Rogelio Ramírez de la O y el subsecretario Gabriel Yorio conversaron con el líder del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, con Vicente Yáñez de las tiendas Departamentales y Autoservicios, Francisco El Suavecito Cervantes por el Consejo Coordinador Empresarial y los industriales que representa José Abugaber. En términos generales, se puede decir que los representantes de estas organizaciones manifestaron de un modo muy cordial su preocupación sobre que sólo se tomó el parecer a 15 grandes empresas lo cual podría generar situaciones de falta competencia ventajosa de los firmantes respecto a otras empresas, quizá no tan grandes como las signatarias, pero que igual tienen derechos de representación ante el poder público; también preocupaciones en materia de la supresión temporal de los trámites de control sanitario y fitosanitario de los productos agropecuarios contenidos en la minicanasta básica y, por supuesto, su preocupación de que esta nueva versión del PACIC, no se expresó de manera explícita el entorno de inseguridad que afecta el desempeño de las empresas y de sus trabajadores.
En esa reunión, nos cuentan, los representantes expresaron el interés de sus agremiados por participar activamente en la nueva etapa del programa antiinflacionario a fin de darle mayor profundidad y alcance. Curiosamente no estuvieron presentes los representantes de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas que encabeza Enrique Rivera Salinas… pero al parecer ya decidieron “no salir en la foto” pues entrar a un acuerdo de esa naturaleza significaría afectar sus márgenes de utilidad que ya se recuperan tras dos años de vacas flacas con crecimientos de ventas estimaos en 11% en los canales tradicionales -tienditas, changarros, mercados públicos y tianguis- que están ganando la clientela que están perdiendo las cadenas de supermercados dada la erosión del poder adquisitivo de las familias.
Robo en carreteras y secuestros no paran
Los ahí reunidos, a pesar de reconocer los esfuerzos coordinados entre policías estatales y fuerzas armadas federales, no se hicieron cuentas alegres ante el impacto que el robo a auto transporte tiene en las empresas y en toda la cadena de suministro, comercialización y costo de seguros.
Vaya, el más reciente reporte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, misma que preside José Ramón Medrano, muestra la tendencia ascendente de ese delito. De enero a agosto de este año, el delito de robo por fuero federal y fuero común, incrementó 1.79% respecto al mismo lapso de 2021, según los datos provistos el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Fiscalía General de la República (FGR), y revisdos por Keila Morales Martínez, directora de Análisis y Estadística del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: la suma de es de 5 mil 701 robos a transportistas en el fuero común, mientras que entre enero y agosto del 2021,la cifra fue de 5 mil 677 atracos.
Por el fuero federal, Jessica Negrete, representante de la FGR, detalló fueron consignados 2 mil 826 delitos robos que representan también carpetas de investigación.
Ello, suma la cifra ya muy preocupante de un total de 8 mil 527 incidentes de robo contra el autotransporte de carga en el país con un impacto económico promedio de 69,188 pesos por unidad. Sin embargo, este es sólo el segundo delito que mas afecta a los empresarios.
El primero es el secuestro conforme reveló la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas realizado por el INEGI, donde se revela que el secuestro de ejecutivos, funcionarios y empleados tiene un costo promedio por rescates de 379,778 pesos por unidad económica. La Coparmex, estima que una de cada 10 empresas ha sido impactada por el delito tan sólo en el primer trimestre del 2022… y lo que falta.
Innovación… con dinerito
Un asunto nada menor en esa reunión fue el llamado a impulsar la innovación tecnológica no sólo en la gran empresa, sino sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. La secretaria de economía Tatiana Clouthier, se comentó en el desayuno, ha insistido en la creación de una política industrial enfocada a 8 sectores estratégicos capaces de catapultar el crecimiento sostenible… pero que necesita incentivos fiscales.
Los únicos estímulos fiscales que se han contemplado -pero a través de decreto presidencial- son los encaminados a los 10 parques industriales que se pretende edificar en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec a cargo de Rafael Marín Mollinedo. Sin embargo, el requerimiento de las cúpulas empresariales, es que se hagan extensivos a las áreas del país donde existen vocaciones específicas para sectores como la electromovilidad, energías renovables, aviónica, o farmacéutica.
El asunto pendiente, empero, es el financiamiento.
Nafin la libra en caso Crédito Real
Nacional Financiera, que dirige Luis Antonio Ramírez, puede estar tranquila que el problema suscitado por la quiebra de la financiera Crédito Real, no le afectará, ya que actuó de manera oportuna y eficaz para recuperar el préstamo que le otorgó. El principal banco de desarrollo del país presentó muy a tiempo, con visión y adecuada planeación financiera, un juicio ejecutivo mercantil ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para asegurar el pago de dicho financiamiento, a diferencia de algunos bancos comerciales que hoy se tambalean.
Hay que recordar que Crédito Real no pudo pagar el capital e intereses de un bono por 170 millones de francos suizos a principio de este año, y tiene una deuda por más de 2,500 millones de dólares con bancos como Nacional Financiera, BBVA, Santander y un gran número de inversionistas extranjeros.
Banorte, uno de los acreedores, pudo cobrar parte de sus créditos por contar con garantías de pago. Los bancos citados tendrán que esperar a que se desarrolle el litigio y no pondrán cobrar en lo particular la deuda hasta que se determine el monto de los activos de la empresa y el pago equitativo a los acreedores.
Lo bueno es que banco de desarrollo -y con ello el erario- ya libró el marranazo.