Resumen:
Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en Michoacán, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la protección de la independencia judicial ante posibles represalias. El juez, quien previamente ordenó la suspensión de actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial mediante un amparo, argumenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emprendido acciones administrativas y penales en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Fiscalía General de la República (FGR), respectivamente.
Transcripción:
Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en Michoacán, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la protección de la independencia judicial ante posibles represalias. El juez, quien previamente ordenó la suspensión de actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial mediante un amparo, argumenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emprendido acciones administrativas y penales en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Fiscalía General de la República (FGR), respectivamente.
El TEPJF acusa al juez Santamaría de "invadir" la jurisdicción electoral. Esta acción se deriva de un amparo promovido por la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), quien impugnó diversas disposiciones de la reforma al Poder Judicial, argumentando violaciones a derechos fundamentales y principios constitucionales.
El amparo logró la suspensión definitiva de ciertas normas y actos, incluyendo la prohibición de remover a jueces, obligarlos a participar en procesos electorales como condición para mantener su nombramiento o reducir sus remuneraciones a niveles inferiores a los del Ejecutivo Federal.
El juez Santamaría argumenta que las acciones del TEPJF, específicamente la instrucción de presentar una denuncia penal en su contra por haber solicitado la inhibitoria y el requerimiento de vinculación, constituyen un acto intimidatorio que atenta contra la independencia judicial. Considera que el decreto que reforma el Poder Judicial, aunque pueda tener implicaciones en el proceso electoral, no se centra exclusivamente en materia electoral, sino en la reorganización y funcionamiento del Poder Judicial.
Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en Michoacán.