Los juristas consideran la captura de Maduro una violación del derecho internacional
Resumen:
Los juristas consideran la captura de Maduro una violación del derecho internacional
Transcripción:
Los juristas consideran la captura de Maduro una violación del derecho internacional
Varios expertos creen que la agresión de Estados Unidos vulnera la Carta de Naciones Unidas
La operación militar llevada a cabo por Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mostrado a una potencia occidental tratando de controlar a un miembro del denominado Sur Global (países en desarrollo y emergentes no occidentales) y es considerada por los expertos una violación del derecho internacional. El uso de la fuerza ordenado por Donald Trump contra un país que no había atacado a EE UU supone la vulneración de sus normas principales. Trump ha ordenado "un acto ilegal que está prohibido por la Carta de Naciones Unidas, un tratado vinculante para los Estados miembros de la ONU", según William Schabas, experto canadiense en derecho penal internacional. Hay más: la detención de Maduro, un jefe de Estado en activo, en estas condiciones, le parece "un secuestro que podría considerarse un crimen de guerra".
En tal caso, cree que encajaría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), puesto que ha sucedido en el territorio de un Estado miembro de esta corte. Schabas, que imparte clases en el Reino Unido, sostiene que la suerte de Maduro "es un acto de guerra, no una operación militar, porque el objetivo es recuperar el petróleo que Venezuela les ha robado y cambiar el Gobierno, según el propio Estados Unidos". En conversación telefónica, recuerda que llevamos 80 años sin una guerra mundial "en parte porque hay un marco legal que prohíbe el uso de la fuerza para resolver conflictos".
Trump señala a Maduro como cabeza de una organización criminal llamada Cartel de los Soles. Él niega cualquier vínculo, y está acusado además, junto con su esposa, Cilia, de conspiración narcoterrorista, de introducir cocaína en Estados Unidos y de tráfico de armas.
A la vista de acciones como esta, Schabas subraya que el problema no son las leyes internacionales, sino el hecho de que están muy cerca de la política. "Es un marco legal que forma parte de un entorno político, y por eso vemos reacciones inmediatas cuando el presidente Putin invade Ucrania, y tibias cuando EE UU entra así en Venezuela".
En este contexto, Schabas recuerda que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), que resuelve litigios entre Estados, es una institución repelida por EE UU, "ya que solo acepta su competencia en unos pocos casos aislados". Cree que la Asamblea General de Naciones Unidas podría pedir al TIJ una opinión consultiva sobre la legalidad del uso de la fuerza, "pero es posible que este tribunal decline intervenir por considerar que se le pide que resuelva un problema político". Lo que realmente se necesita, asegura, es "la voluntad política de resolver la situación, y no parece que la tengamos". Aquí, otro experto, Asier Garrido Muñoz, exletrado del TIJ, apunta que "sus jueces tampoco conocieron la situación de Panamá" tras la invasión ordenada en 1989 por el entonces presidente, George Bush.
o la posterior entrega de Manuel Antonio Noriega, que lideraba un régimen dictatorial y fue juzgado por un tribunal estadounidense.
Al margen de la captura de Maduro, la situación interna de Venezuela no es desconocida para otra instancia judicial: el Tribunal Penal Internacional (TPI). Su fiscalía tiene abierta una investigación relativa a presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en el país desde al menos 2014. En particular, sobre las detenciones de civiles. El TPI es la única instancia permanente para juzgar el crimen de agresión por la fuerza militar, y Garrido Muñoz explica que este último solo se puede abordar "si ambos países son miembros del Estatuto de Roma, texto fundacional del TPI". Venezuela lo es, pero no así Estados Unidos.
Schabas señala que "la Asamblea General de la ONU podría emitir una resolución condenando la operación, ahí, sin vetos posibles, el Sur Global podría conseguir que se aprobara una condena contra EE UU". Pero le parece que hay grandes países occidentales "que son aliados estadounidenses y podrían votar en contra 0 abstenerse, a no ser que la opinión pública les fuerce a ello".
Un vehículo militar calcinado en la base aérea La Carlota, el sábado en Caracas.
Varios expertos creen que la agresión de Estados Unidos vulnera la Carta de Naciones Unidas
La operación militar llevada a cabo por Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mostrado a una potencia occidental tratando de controlar a un miembro del denominado Sur Global (países en desarrollo y emergentes no occidentales) y es considerada por los expertos una violación del derecho internacional. El uso de la fuerza ordenado por Donald Trump contra un país que no había atacado a EE UU supone la vulneración de sus normas principales. Trump ha ordenado "un acto ilegal que está prohibido por la Carta de Naciones Unidas, un tratado vinculante para los Estados miembros de la ONU", según William Schabas, experto canadiense en derecho penal internacional. Hay más: la detención de Maduro, un jefe de Estado en activo, en estas condiciones, le parece "un secuestro que podría considerarse un crimen de guerra".
En tal caso, cree que encajaría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), puesto que ha sucedido en el territorio de un Estado miembro de esta corte. Schabas, que imparte clases en el Reino Unido, sostiene que la suerte de Maduro "es un acto de guerra, no una operación militar, porque el objetivo es recuperar el petróleo que Venezuela les ha robado y cambiar el Gobierno, según el propio Estados Unidos". En conversación telefónica, recuerda que llevamos 80 años sin una guerra mundial "en parte porque hay un marco legal que prohíbe el uso de la fuerza para resolver conflictos".
Trump señala a Maduro como cabeza de una organización criminal llamada Cartel de los Soles. Él niega cualquier vínculo, y está acusado además, junto con su esposa, Cilia, de conspiración narcoterrorista, de introducir cocaína en Estados Unidos y de tráfico de armas.
A la vista de acciones como esta, Schabas subraya que el problema no son las leyes internacionales, sino el hecho de que están muy cerca de la política. "Es un marco legal que forma parte de un entorno político, y por eso vemos reacciones inmediatas cuando el presidente Putin invade Ucrania, y tibias cuando EE UU entra así en Venezuela".
En este contexto, Schabas recuerda que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), que resuelve litigios entre Estados, es una institución repelida por EE UU, "ya que solo acepta su competencia en unos pocos casos aislados". Cree que la Asamblea General de Naciones Unidas podría pedir al TIJ una opinión consultiva sobre la legalidad del uso de la fuerza, "pero es posible que este tribunal decline intervenir por considerar que se le pide que resuelva un problema político". Lo que realmente se necesita, asegura, es "la voluntad política de resolver la situación, y no parece que la tengamos". Aquí, otro experto, Asier Garrido Muñoz, exletrado del TIJ, apunta que "sus jueces tampoco conocieron la situación de Panamá" tras la invasión ordenada en 1989 por el entonces presidente, George Bush.
o la posterior entrega de Manuel Antonio Noriega, que lideraba un régimen dictatorial y fue juzgado por un tribunal estadounidense.
Al margen de la captura de Maduro, la situación interna de Venezuela no es desconocida para otra instancia judicial: el Tribunal Penal Internacional (TPI). Su fiscalía tiene abierta una investigación relativa a presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en el país desde al menos 2014. En particular, sobre las detenciones de civiles. El TPI es la única instancia permanente para juzgar el crimen de agresión por la fuerza militar, y Garrido Muñoz explica que este último solo se puede abordar "si ambos países son miembros del Estatuto de Roma, texto fundacional del TPI". Venezuela lo es, pero no así Estados Unidos.
Schabas señala que "la Asamblea General de la ONU podría emitir una resolución condenando la operación, ahí, sin vetos posibles, el Sur Global podría conseguir que se aprobara una condena contra EE UU". Pero le parece que hay grandes países occidentales "que son aliados estadounidenses y podrían votar en contra 0 abstenerse, a no ser que la opinión pública les fuerce a ello".
Un vehículo militar calcinado en la base aérea La Carlota, el sábado en Caracas.