Empresarios rechazan propuesta del Infonavit para regularizar viviendas invadidas
Resumen:
Rebeca Marín
Transcripción:
Rebeca Marín
A través de un comunicado conjunto, diferentes organizaciones empresariales expresaron su rechazo a la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.
Así lo dieron a conocer a través de un comunicado conjunto firmado por la AMIB, CANACO CDMX, CONCAMIN, COPARMEX, COMCE y CNET, mediante el cual advierten que promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley, implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda
Refieren que dicha medida contradice el mandato legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo.
"El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen", es parte del comunicado que dieron a conocer los empresarios este jueves.
El documento es firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
En el documento, los firmantes aseguran que, de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000 con una inversión de 700 millones de pesos, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios.
Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente
Reconocieron la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia del miércoles 18 de junio, en el que, luego de ser cuestionada del tema por reporteros, afirmó que "la propiedad privada está resguardada" y que no se trata de "quitarle una vivienda a quien le pertenece", aclarando que no debe haber "malas interpretaciones" al respecto.
Confían en que esta postura se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas, que aseguran, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas.
"La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional", enfatizaron.
Los empresarios aseguran que desde el 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión que ha disparado el índice de morosidad del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024. "Si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago", cuestionan en el documento.
Critican que, en lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto. "México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y Transparencia", exigen.
Asimismo, aseguran que durante la administración anterior ya había instrucciones para que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos, y que ahora los invasores podrían verse beneficiados aun cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit, sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados, lo que dijeron, representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.
"Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes en especial la Asamblea del Infonavit detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley", concluye los grupos empresariales en el comunicado conjunto.
A través de un comunicado conjunto, diferentes organizaciones empresariales expresaron su rechazo a la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.
Así lo dieron a conocer a través de un comunicado conjunto firmado por la AMIB, CANACO CDMX, CONCAMIN, COPARMEX, COMCE y CNET, mediante el cual advierten que promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley, implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda
Refieren que dicha medida contradice el mandato legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo.
"El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen", es parte del comunicado que dieron a conocer los empresarios este jueves.
El documento es firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
En el documento, los firmantes aseguran que, de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000 con una inversión de 700 millones de pesos, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios.
Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente
Reconocieron la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia del miércoles 18 de junio, en el que, luego de ser cuestionada del tema por reporteros, afirmó que "la propiedad privada está resguardada" y que no se trata de "quitarle una vivienda a quien le pertenece", aclarando que no debe haber "malas interpretaciones" al respecto.
Confían en que esta postura se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas, que aseguran, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas.
"La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional", enfatizaron.
Los empresarios aseguran que desde el 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión que ha disparado el índice de morosidad del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024. "Si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago", cuestionan en el documento.
Critican que, en lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto. "México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y Transparencia", exigen.
Asimismo, aseguran que durante la administración anterior ya había instrucciones para que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos, y que ahora los invasores podrían verse beneficiados aun cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit, sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados, lo que dijeron, representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.
"Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes en especial la Asamblea del Infonavit detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley", concluye los grupos empresariales en el comunicado conjunto.